"-¿De estos 30.000 le pagó algo?
-Todo, todo. De una vez. En un sobre. Se lo llevé al Ayuntamiento.
Este pequeño diálogo se repite, obviamente con variaciones, a lo
largo de las 13 horas de declaración de David Marjaliza, el presunto
cerebro de la trama Púnica, ante el juez instructor del caso, Eloy
Velasco. Este en concreto se refiere a Moraleja de Enmedio, un municipio
al suroeste de Madrid de 5.000 habitantes, y a su entonces alcalde,
Carlos Alberto Estrada, del PP.
Pero son decenas los ejemplos de mordidas y comisiones entregadas a
alcaldes, concejales y asesores políticos para conseguir influir en la
adjudicación de jugosos contratos de eficiencia energética para Cofely,
la principal empresa de la trama Púnica. Velasco y las dos fiscales
anticorrupción se toman su tiempo para repasar, municipio a municipio,
el rastro del dinero.
"Siempre estaba pidiendo", asegura Marjaliza sobre el alcalde de
Moraleja. Le pidió en concreto 30.000 euros a cambio de la adjudicación
de un contrato de eficiencia energética que finalmente se llevó Cofely.
Se los entregó en mano en el propio ayuntamiento, en billetes.
Al juez
Velasco le interesa saber si se pegó "el cambiazo" en los sobres con las
propuestas de las empresas, a lo que Marjaliza contesta: "Podría ser.
No lo descarto. Pero el cambio se ha hecho muy poco en los
ayuntamientos". Como se ve en otras partes del interrogatorio, lo que
hacía Cofely era redactar directamente los pliegos de los concursos que
se iba a llevar.
Estrada dimitió en agosto de 2015
como líder de la oposición municipal tras publicar EL PAÍS su
participación en una red que se lucra con contenedores de ropa donada
para los más necesitados. El PP permitió que se presentara a las últimas
elecciones pese a estar investigado en la Púnica y haber sido imputado dos veces por corrupción el año pasado.
Parla
Marjaliza reconoce en su declaración un pago de 500.000 euros en
efectivo a Antonio Borrego Fortea, jefe de gabinete del alcalde de Parla
(José María Fraile) por el contrato a Cofely del servicio de eficiencia
energética. “En teoría para el alcalde, para el partido. Se pagaba a
razón de 50.000 euros cada mes o mes y medio, cuando iba pudiendo”,
manifestó Marjaliza.
Desde que se produjo la adjudicación, se pagó en 12 o 15 meses, la
mayoría de los pagos se hacían en su despacho y alguna vez él fue a
Parla. “Era una cantidad a tanto alzado por el concurso y como yo tenía
unas retribuciones era el 50% de mis retribuciones. Como máximo yo
ofrecía hasta el 50% de mi beneficio, descontado el impuesto y lo
demás”, explicó. Las mordidas las adelantaba el propio Marjaliza, según
su declaración.
Torrejón de Velasco
Miguel Ángel López, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Parla, y
exalcalde Torrejón de Velasco, municipio de la Comunidad de Madrid de
4.100 habitantes, cobró presuntamente comisiones de entre 20.000 a
30.000 euros, según la declaración de Marjaliza.
El empresario
arrepentido afirma que constituyó en una Sociedad de Gestión de Suelo
para clasificar dos millones de metros cuadrados en Torrejón de Velasco
por el que los grupos CMS, Dico, Vancuver y Larcobi pagaron más de un
millón de euros.
“El alcalde (Miguel Ángel López) nos pidió muchas cosas para el
Ayuntamiento: pagamos las fiestas, el concierto de Serrat y hasta el
capitolio de la iglesia de 600.000 euros… A él no llegué a pagarle mucho
porque el tema no avanzó… unos 20.000 o 30.000 euros. Tengo alguna
factura porque él era abogado.. Se había comprometido a tramitarnos
rápido la clasificación del suelo”. Según su testimonio la Comunidad de
Madrid puso objeciones al proyecto y paralizó los planes del grupo.
Móstoles
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Daniel
Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de
Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama Púnica,
ganara un macrocontrato de alumbrado en Móstoles, una localidad de
200.000 habitantes al sur de Madrid. En un informe incorporado al sumario del caso Púnica
recopila pruebas de cómo usó su cargo para influir en la adjudicación
del contrato público de mayor cuantía de entre los que dieron a la red
los municipios investigados en la causa.
La declaración de Marjaliza ante el juez que instruye el caso no lo
corrobora. El conseguidor detalla ante Velasco y las fiscales
anticorrupción que entró en Móstoles gracias a Mario Utrilla, exalcalde
del PP de Sevilla la Nueva, que le presentó a su hermano Alejandro
Utrilla, concejal de Móstoles. "Con él [Mario] habíamos pactado 40.000
euros por la gestión de presentar al hermano, pero solo le dimos 6.000",
relata.
"Yo tengo dudas de que el alcalde estuviera implicado", dice
Marjaliza ante el juez. No tenía claro que lo que le contaban los dos
hermanos Utrilla fuera cierto. "Nunca tuvimos relación con nadie más,
nunca pasamos de Alejandro", repite. Pese a ello, Cofely y Marjaliza,
como intermediario, se comprometieron a pagar una mordida de 240.000
euros a cambio de las facilidades para obtener el contrato de alumbrado
público, según el relato.
Este concurso no siguió los patrones habituales (crear los pliegos de
la licitación específicamente para facilitar que ganara Cofely), sino
que hubo tramas a los competidores de forma que únicamente quedara una
empresa.
Durante el interrogatorio Velasco lo recuerda: "Al final
encontraron una pega para excluir a Fulton [la otra empresa
competidora]". Marjaliza asegura desconocer los detalles de esa
licitación porque, dice, era Pedro [Pedro García, directivo de Cofely]
el que llevaba la parte técnica.
Valdemoro
Marjaliza también explica al juez Velasco que pagó "más de 200.000
euros" a Alfredo Ovejero, jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro,
José Carlos Boza Lechuga (PP), por la adjudicación de la gestión de los
parquímetros del municipio. Se trata de uno de los pocos casos en los
que no se habla de pelotazos urbanísticos o contratos de eficiencia
energética.
En los pagos, añade a las preguntas de las fiscales, "estaría alguien
más". "Entiendo que el alcalde, porque iba a algunas reuniones y
comidas". El Ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid adjudicó
en 2012 a Sacyr el control del estacionamiento regulado.
David Marjaliza se presenta como uno de los principales urdidores de
los contratos que la empresa energética Cofely, filial de la
multinacional francesa GDF, consiguió mediante mordidas a alcaldes en el
menos siete municipios de la Comunidad de Madrid, en su mayoría
gobernador por el PP, en los que lograron contratos millonarios. Y lo
describe con todo lujo de detalles:
“No había porcentajes. Mi forma de
trabajar era la siguiente: de lo que gano yo te doy el 50 por ciento les
decía. No me lo pedían a nombre de sus partidos, pero luego cada uno de
ellos lo dedicaría a sus campañas. De los pagos tenía conocimiento yo y
mi secretaria Ana Ramírez. Yo le decía: prepárame 30.000 o 50.000. Ella
no sabía más, no sabía adónde iba el dinero o si era ilegal. Me fiaba
de Ana, lleva conmigo 18 años”.
Según el empresario Pedro García era la persona que le decía que
tenía que pagar por conseguir los contratos y no había más empleados de
Cofely al tanto de los sobornos a los alcaldes. “Pagué a políticos o a
hombres de su confianza.
Lo hacía en el Ayuntamiento, en una comida o
tomando una copa. En el 95 por ciento de los casos los pagos los hacía
yo… Cuando les metía la comisión se lo metía todo porque todas mis
empresas han pagado siempre a Hacienda”, afirma en su declaración
judicial.
¿Dónde medió usted para conseguir contratos para Cofely?, le preguntó
el juez a Marjaliza: “En Valdemoro, Parla, Torrejón de Velasco,
Móstoles, Serranillos, Alcobendas y Moraleja de En medio”, respondió el
empresario.
“Yo hablaba con los alcaldes, con funcionarios no. Les
conocía, iba y les explicaba el proyecto, les mostraba los dossiers de
Cofely, Pedro daba luego los borradores de los pliegos. Yo hacía mi
labor comercial de vender el producto”.
En su declaración Marjaliza describe los viajes a París que
organizaba la multinacional francesa en los que invitaba a alcaldes
durante dos a o tres días a visitar sus instalaciones. “Al que fui yo
recuerdo que asistieron los alcaldes de Moraleja, Serranillos,
Valdemoro, Getafe y Casarrubuelos”, apostilló.
Sobre las encuestas de
eficiencia y políticas que se hacían en los municipios que contrataron
con Cofely el empresario negó que fueran una contraprestación al partido
que gobernaban cada municipio, aseguró que costaban unos 20.000 euros y
que estaban dentro del contrato.
“El jefe de gabinete de turno era el
que daba el OK a las preguntas que mandaba la empresa”, aseguró. La
investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en cambio, afirma lo
contrario y asegura que las encuestas políticas que se hacían tras
firmar el contrato energético eran una parte más de la contraprestación
por contratar con Cofely." (José Antonio Hernández, El País, 17/05/16)
"Marjaliza: Granados se llevaba mordidas del 20% de las operaciones inmobiliarias en Valdemoro.
"Marjaliza: Granados se llevaba mordidas del 20% de las operaciones inmobiliarias en Valdemoro.
El retrato de la corrupción municipal en España se puede
trazar desde el mismo momento en el que comienza la declaración
voluntaria que David Marjaliza hizo ante el juez Eloy Velasco el pasado
verano. Pliegos amañados, recalificación de suelos y mordidas del 20%
para el político son parte del paisaje que describe Marjaliza, quien
quedó en libertad a la espera de juicio seis meses después de empezar a
colaborar.
Marjaliza asegura que la trama funcionó
en la localidad madrileña de Valdemoro desde que Granados llegó a la
Alcaldía, en 1999 y hasta después de abandonar el cargo para ascender en
el PP madrileño. "Porque luego entra José Miguel (Moreno), que es amigo
íntimo de Paco y mío", le dice Marjaliza al juez en un momento de la
declaración grabada, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Ese espacio
de tiempo de corrupción se extiende, según Marjaliza, hasta 2010.
El empresario explica que Granados se llevaba el 20% a
través de una sociedad que compartían y que procedía de las ganancias
tras las recalificaciones de suelo, adjudicaciones y promociones y venta
de viviendas.
Según el relato de Marjaliza, Granados le citó a comer un
día junto a otro promotor, de mayor capacidad que él, para que se
aliaran y poner en marcha el entramado de corrupción. En la sociedad
estaba el propio Marjaliza; el otro promotor, Ramiro Cid Sicluna; y la
mujer de Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Granados.
Cuando la sociedad se disolvió, Granados se llevó ese
20% pactado, a pesar de no haber puesto dinero para su creación. De otro
lado, y según cuenta el imputado, Granados obtenía entre 3.000 y 6.000
euros por vivienda entre 1999 y 2007 de forma constante, con
independencia de las ganancias finales por la sociedad.
En un momento del interrogatorio, el juez Velasco le pregunta a
Marjaliza si Granados contaba con la ayuda de "funcionarios municipales"
para la "generación de pliegos". "Supongo que los tendría, pero los
pliegos son tan amplios que al final siempre es fácil que haya una
decisión hacia un lado o hacia otro", narra Marjaliza.
Juez Velasco: ¿Usted echa más la culpa al político que al técnico?
Marjaliza: Sólo
hay que leer los pliegos. Si usted hace un pliego y dice que a la
oferta más barata, no hay técnico que pueda tumbarlo. Si usted hace un
pliego que 60 puntos son el desarrollo, la imagen… todo subjetivo, es
fácil que a usted le guste una cosa más que otra.
Juez Velasco: Pero Granados no estaba en las mesas de adjudicación…
Marjaliza: Supongo que habría una indicación…
Juez Velasco: ¿Política?
Marjaliza: Una indicación de esta obra, o este proyecto, o este concurso a fulanito, daría un nombre y el técnico buscaría la forma.
Hay un momento del interrogatorio en el que el juez Velasco pregunta a
Marjaliza: "Y con esto, ¿ganaba el pueblo, ganaba Granados, ganaba
Moreno Torres?. Y Marjaliza contesta: "Yo creo que ganábamos todos. Las
parcelas valían mucho dinero en su momento, se generaban muchos ingresos
para el Ayuntamiento, pero hombre, esto es un negocio, y tenía que
haber un margen". (eldiario.es, 17/05/16)
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