"En octubre de 2009, Manuel Cobo, vicealcalde del Ayuntamiento de
Madrid, criticó la “gestapillo” organizada por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y las maniobras en la sombra por el control de Caja
Madrid. “Lo que está haciendo la gente de Aguirre es de vómito”, tituló El País en portada.
La frase le acarreó la suspensión de militancia el PP. Meses antes,
Cobo había denunciado ante la Fiscalía haber sido víctima de espionaje:
según afirmó, agentes de la Guardia Civil en excedencia, dependientes de
la Consejería de Justicia e Interior de Francisco Granados, realizaban
seguimientos ilegales a políticos.
Alfredo Prada, exconsejero de
Justicia de Esperanza Aguirre, e Ignacio González, vicepresidente
entonces, se sumaron a la denuncia.
El caso, archivado y posteriormente reabierto por orden de la
Audiencia Provincial de Madrid, se encuentra, siete años después de
iniciarse, en fase de instrucción. La comisión que investiga la
corrupción política en la Asamblea de Madrid ha escuchado a tres de los
encausados que solicitaron comparecer y aportar su versión sobre lo
ocurrido.
El viernes 4 de marzo, los agentes recogieron todas las piezas
del puzle y presentaron un relato de corrupción y espionaje que implica
a todas las piezas nobles de la era Aguirre, las batallas internas y su
relación con los episodios más oscuros de esos años.
Los comparecientes, dos guardias civiles –José Oreja y Antonio
Coronado-- y un técnico de seguridad –José Manuel Pinto--, niegan que
haya ninguna labor de espionaje. Las órdenes, sostienen, sí se dieron,
en marzo de 2008. Pero ellos alertaron de las mismas a sus superiores,
aducen, y sufrieron primero una situación de acoso laboral, y después
fueron señalados ante la opinión pública como autores de los
seguimientos.
Los agentes aseguran ser los chivos expiatorios de un
montaje que serviría para encubrir el espionaje político que estaba
teniendo lugar en Madrid, para evitar así encausar a sus responsables
directos.
Los tres declarantes trabajaban en la Dirección General de Seguridad
creada en 2006 por la Consejería de Justicia e Interior que dirigía
entonces Alfredo Prada. El responsable de aquel departamento era Sergio
Gamón, policía nacional que había trabajado como jefe de la escolta
personal de Esperanza Aguirre en su etapa de ministra y por un breve
tiempo en el Senado; y su subdirector era Miguel Castaño, también
policía y exjefe de seguridad del Canal de Isabel II. En junio de 2007,
Francisco Granados asume las competencias de Interior y en ese escenario
contrata como asesores de seguridad seis agentes, tres policías y tres
guardias civiles.
José Oreja llegó a la Dirección de Seguridad recomendado por el
entonces concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valdemoro, localidad
de la que Granados fue alcalde, mientras Antonio Coronado llega a través
de José Luis Caro Vinagre, tercer guardia civil del cuerpo de asesores y
amigo personal de Granados. Caro Vinagre aparece en el sumario de la
Púnica como nexo entre el político y el agente que informa a Granados de
que estaba siendo investigado.
Los tres policías --Roberto Casielles
Casielles, José Manuel Rodríguez González y Belén Espartero Rodríguez--
llegan inmediatamente después a la dirección, y según los
comparecientes, eran gente de confianza de Sergio Gamón.
Según el relato aportado en la Asamblea por los agentes, a principios
de marzo de 2008 los seis asesores fueron convocados al despacho de
Gamón. “Nos dice que por especial interés del vicepresidente Ignacio
González hay que recabar una información de unas personas, unos
seguimientos y unos objetivos”, explica Oreja.
Entre estos nombres se
encuentran los del entonces alcalde de la capital, Alberto
Ruiz-Gallardón; su mano derecha, Manuel Cobo; el consejero Alfredo
Prada, y la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que por
entonces era vicepresidenta de la Asamblea.
Luchas por el control del PP
Son los años de la versión hardcore del aguirrismo. Hoy
vivimos la resaca económica y judicial de aquellos tiempos locos:
agujero de 23.000 millones en Bankia, pelotazos urbanísticos, Gürtel y
Púnica, infraestructuras faraónicas a medio construir… Y luchas por el
poder en el PP.
A principios de marzo de 2008, de ese marzo al que aluden Oreja y
Coronado, el domingo día 9, Mariano Rajoy fracasa por segunda vez en su
intento por alcanzar La Moncloa. Zapatero llega al poder y Esperanza
Aguirre siente que ha llegado su momento.
Cuenta con el blindaje de un
apoyo mediático muy amplio --que arrea de lo lindo a Rajoy al tiempo que
encumbra a la baronesa--, y con la legitimidad de haber barrido a la
oposición del PSOE en 2007, haciendo olvidar el tamayazo de cuatro años antes. Pero le faltan apoyos dentro del partido.
Los nombres que Oreja y Coronado aseguran que se mencionaron en aquel
despacho de la calle Gobelas de Madrid (sede de la dirección general de
Gamón) corresponden a políticos madrileños muy próximos a Rajoy. Pero
no es esa la única huella de espionaje en aquellos años. Meses más
tarde, cuando el escándalo salta a la prensa, en los periódicos se habla
de dossieres de alto nivel.
Se dice que Álvaro Lapuerta, tesorero del
PP, dispone de dossieres con información comprometida sobre Ignacio
González y Francisco Granados, lugartenientes de Aguirre, que mantienen
una disputa interna por situarse en primera posición ante un posible
relevo en el PP de Madrid. Y que a su vez cuentan con sus propios
dossieres.
Uno de ellos, de 2007, acusa a González, entonces vicepresidente
regional, de haber disfrutado de un viaje a Sudáfrica pagado por un
empresario. También se filtran grabaciones de un viaje de González a
Cartagena de Indias (Colombia) junto a un consejero de Martinsa en las
que se sugiere el pago de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Sucesivas informaciones revelan pagos a la agencia de detectives Método 3
para investigar tanto a González como a Granados, a través de empresas
de David Marjaliza –amigo de Granados e imputado en la Operación
Púnica-- y de un empresario implicado en la Gürtel, según cuenta
Francisco Marco, director de la agencia, en su libro El Método,
en el que dedica un capítulo del libro a González.
Lo que no es dossier
también apesta. En octubre de 2006 alguien quema el coche de la mujer
de Granados y se descubre que no es suyo, sino de una constructora.
“En mitad de esa guerra sucia que tienen aparecemos nosotros. Sin
conocer a nadie. Y con esa realidad se atreven a mandarnos esa
barbaridad (los seguimientos a políticos). No necesitaban nada de
nosotros”, se lamenta Oreja tras enumerar esos casos.
Los agentes sostienen que el espionaje formaba parte de la rutina
política de la Comunidad de Madrid, antes incluso de la creación de la
Dirección General comandada por Sergio Gamón.
Otro caso especialmente sórdido fue el que protagonizaron las dos secretarias del periodista Manuel Soriano.
En junio de 2010, el diario El País publica una entrevista
con una de ellas, la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana. Esta afirma que
su marido había investigado en 2005 a su compañera, la otra secretaria
del director de Telemadrid Manuel Soriano, tras la denuncia de acoso
sexual interpuesta por aquella contra este.
Cinco años antes, Laviana
–que pasó de ser secretaria personal de Aguirre a serlo del director del
ente televisivo— había declarado como testigo en el juzgado y negó el
acoso a su compañera de despacho. La causa contra Soriano acabó
archivada por falta de pruebas, y la secretaria que denunció el acoso
perdió su trabajo.
En 2005, esta aseguró haber sido víctima de
hostigamiento y amenazas por parte de un grupo de personas. Según
reconoció Laviana en 2010, estas tareas fueron encomendadas a su
expareja, Gamón, por Ignacio González. Tras hablar, Laviana fue
despedida de Telemadrid.
Laviana aseguró incluso que la incorporación de Gamón a la
administración autonómica se debió al reconocimiento por aquel servicio.
En 2005, Gamón era jefe de escoltas de la entonces vicepresidenta del
Gobierno del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, con la que estuvo
16 meses.
Cuando Esperanza Aguirre, su anterior jefa en el Senado y en
Educación y Cultura, creó en mayo de 2006 la Dirección General de
Seguridad, puso a Gamón al frente de la misma. Fuentes de la Asamblea
durante esos años aseguran que el testimonio de Laviana iba mucho más
allá del espionaje a su antigua compañera y que alcanzó estructuras de
poder al más alto nivel.
¿Un montaje para encubrir el espionaje político?
“¿Qué necesidad tenían de traernos si ya lo están haciendo? La única
explicación que encuentro es tramar un montaje para que nos lo comamos
nosotros y así salvarse ellos de culpas y penas”, afirmó Coronado ante
la Comisión.
Tanto él como sus compañeros sostienen que Francisco
Granados les prometió una solución que nunca llegó. “Ahí es cuando
empezamos a comprender que, efectivamente, las órdenes procedían de
Ignacio González y que el señor Granados no mandaba sobre Gamón”.
Los agentes acusados aseguran que los seguimientos nunca se llevaron a
cabo, pero que fueron obligados por Gamón y Castaño a acudir a lugares
concretos y a reportar “informes vacíos de contenido operativo”.
Aseguran que vieron cómo Castaño escribía sobre esos informes y
denuncian que al mandarles a unas posiciones concretas, sus jefes
“trataban de preconstituir una prueba” con la que justificar el
espionaje.
Meses después, Gamón fue cesado de su puesto. No porque trascendieran
los seguimientos, sino por su responsabilidad ---no depurada
jurídicamente--- en la desaparición del ordenador de un colaborador de
Prada en el Campus de la Justicia, en junio de 2008. Días antes Rajoy
había salvado su cabeza en el Congreso del PP de Valencia, y Prada, afín
al presidente del PP, había sido destituido del Gobierno de Aguirre.
A pesar del cese, Sergio Gamón fue recolocado en otra área de
Seguridad con sueldo de alto cargo, esta vez sin equipo conocido. Según
el testimonio de los agentes personados en la Asamblea, los agentes de
policía que prestaban servicio en la Dirección General dejaron de
hacerlo: uno se reincorporó al cuerpo y los otros dos “desaparecieron
durante tres años con los teléfonos y los coches de trabajo”. El puesto
de Gamón pasó a ocuparlo Enrique Barón, hasta entonces jefe superior de
la Policía de Madrid.
“Con la llegada de Enrique Barón, la Dirección General alcanzó un
nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con
determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de
las cloacas. Y hay un rastro evidente de esto en multitud de ocasiones”,
relató Oreja en la sesión del viernes 4 de marzo.
Barón, que acabó siendo jefe de la Brigada de Información de la
Policía Nacional, fue identificado como el enlace que propició el
encuentro entre Ignacio González y los comisarios José Manuel Villarejo y
Enrique García Castaño en La Mallorquina, con motivo de la
investigación del ático del vicepresidente regional (por el cual están
llamados a declarar González y el empresario Enrique Cerezo).
Otra de
las ocasiones nombradas por Oreja es la intermediación del consejero
Granados en el “problema extramatrimonial” del consejero de OHL, Javier
López Madrid --yerno de Villar Mir, amigo personal de los Reyes e
investigado en la causa sobre la financiación ilegal al PP de Madrid--.
Se trata del supuesto acoso sexual de López Madrid a la dermatóloga
Elisa Pinto, causa en la que también está involucrado el comisario
Villarejo.
Es con Barón al frente de la dirección cuando se publica en enero de 2009 en el diario El País la existencia de un pequeño CNI a la madrileña dentro
de la Consejería de Granados, con agentes en excedencia que realizan
investigaciones e informes.
En las informaciones posteriores no hay
mención de Gamón ni de los policías que prestaban tal servicio, solo las
filiaciones de los tres guardias civiles como autores de los
seguimientos. Y apuntaban a que la autoría de esos informes recaía en
una de las personas de la dirección, pero que no formaba parte del grupo
de los agentes: el técnico Juan Manuel Pinto, que trabajaba en labores
de seguridad muy próximas al consejero Prada.
Pinto, compareciente en la Asamblea, niega rotundamente haber sido
autor de tales informes. Los agentes suscriben su versión, y afirman que
la autoría corresponde a la mano derecha de Gamón en la dirección
general, Manuel Castaño.
El técnico aseguró que Pedro Agudo, número dos
de Barón, se dirigió a él en un encuentro en los siguientes términos:
“Me dijo que había venido a la Comunidad de Madrid a cazar a Esperanza
Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados porque eran unos
chorizos.
Intentaba meterme en un lío. Creo que buscaba hacerme
partícipe de un hecho delictivo, esperando que contestara, ‘venga, a por
ellos’”. Pinto entiende ese intento como parte de la lucha por el
control de Caja Madrid por parte de la Comunidad. “Aguirre quería a toda
costa a Ignacio González en Caja Madrid. Tenían que buscar algo que
distrajera. Lo primero que hicieron fue acusarnos de llevarnos un
ordenador de Ciudad de la Justicia”, dijo el viernes.
Los agentes acabaron renunciando al letrado que la Administración les
había otorgado. “A partir de que cambiamos de abogado comenzamos a
estar defendidos”, arguyen. “Si Gamón y Castaño están imputados es
porque nosotros lo pedimos. No les quedó más remedio”. Aseguran que
hasta los propios responsables políticos han reconocido en ocasiones que
la responsabilidad de estos seguimientos recaía en otros.
En una reunión con Granados, apartado ya del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, aseguran que les llegó a confesar que estaba convencido de
que todo era un montaje. “‘A Ignacio González lo único que le interesa
es si vais a cantar o no’, nos dijo. No quería líos porque quería ser
presidente. Ese día nos dijo que Esperanza Aguirre le había dicho que
íbamos a mantenernos al menos hasta el final de la legislatura.
Y que
eso se lo teníamos que recordar al nuevo equipo de Gobierno”. El
consejero responsable de ese área era entonces Salvador Victoria, hoy
imputado en la Operación Púnica.
Precisamente en el sumario de esta operación se registra una llamada
de la propia Esperanza Aguirre a Francisco Granados cuando este ya
estaba fuera de la Comunidad, el mismo día en el que el exconsejero
estaba llamado a declarar ante la juez.
Los agentes acusados afirman, además, que tras el cambio de abogados
han recibido presiones para que su declaración no afectara a otros
cargos. Oreja, por ejemplo, asegura que la persona que le recomendó para
el cargo, el concejal de Valdemoro Manuel Salguero, le llamó para
decirle que tuviera “mucho cuidado” con lo que podía decir en el
juzgado. Pinto, por su parte, aseguró que en su casa se presentaron
Gamón y Belén Espartero, agente del equipo de la Dirección, para
advertirle: “No eches mierda sobre el señor Granados y el señor
Castaño”.
Belén Espartero, junto a su compañero José Manuel Rodríguez, está
llamada a declarar la próxima semana en la siguiente sesión de la
comisión de investigación de la corrupción madrileña.
Junto a ella
también están llamados a declarar Miguel Castaño, subdirector de Gamón, y
Yolanda Laviana, la exmujer de Gamón que denunció el hostigamiento a la
secretaria de Soriano en 2005, antes de la creación de la dirección
general de la que parte el caso de los espías." (Alex Moreno, CTXT, 09/03/16)
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