"La corrupción, sólo por detrás del paro, continúa siendo el principal problema de los españoles,
según se desprende del último Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Además, mes tras mes, dicha preocupación de los
ciudadanos por la corrupción va aumentando. (...)
La percepción de las empresas españolas
sobre la corrupción resulta muy explicativa sobre la calidad de nuestro
empresariado en general. El 52% de las empresas españolas, según el
Eurobarómetro, considera que la única manera de triunfar en el mundo
empresarial es disponer de contactos políticos y el 97% declara que la
corrupción está muy extendida en España.
El 83% de las empresas españolas
considera que la corrupción está muy extendida en la contratación
pública gestionada por las autoridades nacionales y el 90% en la
gestionada por las autoridades locales, según el Eurobarómetro sobre la
corrupción de 2013.
En concreto, manifiestan que las prácticas corruptas
más extendidas en los procedimientos de contratación pública son los
pliegos de condiciones a la medida para determinadas empresas (80%);
abuso de los procedimientos negociados (72%); conflictos de intereses en
la evaluación de las ofertas (79%); licitación colusoria (71%);
criterios de selección o evaluación poco claros (72%); y modificaciones
de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato
(69%). (...)
Pero la corrupción más estructural que existe en España es la derivada
del fraude fiscal y laboral, sobre todo en grandes empresas y fortunas,
que concentran el 72% de toda la evasión. El fraude no sólo es una
fuente de injusticias, sino que al mismo tiempo desvirtúa la libre
competencia y pone en situación de desventaja a los empresarios y
profesionales que cumplen con sus obligaciones.
El tamaño de la economía
sumergida en España equivale al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de
euros, lo que supone el doble de economía sumergida respecto a la media
de los países de la UE. A pesar de ello España cuenta con la mitad de
la plantilla media ponderada de inspectores de la UE. (...)
León, Araña y de León (2013)[2]
cifraron en 40.000 millones de euros anuales el coste social de la
corrupción en España (un 4% del PIB), incorporando en su análisis el
impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
La
corrupción es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas
oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional, al incorporar
además de los datos de impacto directo sobre casos que salen a la luz
pública y que son resueltos judicialmente, la estimación del
impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se
detectan o no pueden ser probados judicialmente, e incluso el desánimo
en la población, que deja de emprender proyectos personales y
profesionales por miedo a que la corrupción los detenga. (...)
Una amplia batería de medidas y soluciones como las propuestas servirá
para prevenir y evitar la corrupción, pero su erradicación total sólo
será posible cuando exista una conciencia ciudadana que anteponga la
ética personal y social al oportunismo de aprovechar los resquicios del
marco legal e institucional en provecho propio o de determinados
colectivos. (...)" (Mónica Melle Hernández, Economistas frente a la crisis, 08/07/2014)
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