"La amnistía fiscal del 2012 ha hecho aflorar información
extraordinariamente sensible en un contexto de desconfianza social a las
élites políticas y gestoras del país. Y los últimos hallazgos de la
Agencia Tributaria pueden tener enormes consecuencias en un año
políticamente complejo.
Concretamente, las 705 personas
de entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la amnistía y
que presentan indicios de posible blanqueo de capitales, como sin dar
más detalles explicó hace unos días en el Parlamento el responsable de
la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, son exclusivamente políticos y altos funcionarios del Estado o familiares
directos de estos cuyos activos hasta ahora ocultos y recién declarados
no se justifican con sus ingresos ordinarios, según han asegurado a
este diario varias fuentes informadas de las pesquisas.
Se trata de personas que han ocupado en el pasado cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales.
Se trata de personas que han ocupado en el pasado cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales.
La lista de los 705 ha sido remitida hace pocos
días al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del
Ministerio de Economía, para que "se contraste con la información que
ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar", según explicó
Menéndez. (...)
¿Quiénes son concretamente los cargos incluidos en esta definición? De
acuerdo con el organismo internacional, jefes de Estado y de Gobierno,
ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; parlamentarios;
miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras
altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente
recurso; miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos
centrales; embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de
las fuerzas armadas; miembros de los órganos administrativos, de gestión
o de supervisión de empresas estatales. Y sus cónyuges, los hijos y sus
cónyuges o personas asimilables a cónyuges; y sus padres. (...)
La existencia misma de la lista elaborada por la Agencia Tributaria ya
ha generado notable inquietud en varios ámbitos gubernamentales. Por un
lado, se teme que se produzcan filtraciones en casos en los que
finalmente no se aprecie delito.
Hay que recordar que la amnistía fiscal
aprobada por Cristóbal Montoro en el 2012 sólo afectaba a los delitos
fiscales, pero no al blanqueo de capitales, actividad que consiste en
introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades
ilícitas. En el caso de los personajes con responsabilidades públicas se
trata de delitos de cohecho o soborno.
Pero más allá del debate técnico, la divulgación de centenares de personas relevantes en el ámbito de la política, la administración o la justicia como evasores fiscales tendría un efecto social demoledor.
Pero más allá del debate técnico, la divulgación de centenares de personas relevantes en el ámbito de la política, la administración o la justicia como evasores fiscales tendría un efecto social demoledor.
En algunos ámbitos se
critica incluso el paso de la Agencia Tributaria, por una supuesta
sobrerreacción tras las acusaciones de falta de solvencia en la
persecución de los integrantes de la conocida como lista Falciani,
evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC, que en muchos casos
eludieron sus responsabilidades penales gracias a un preaviso de la
Agencia. (...)" (Manel Pérez , La Vanguardia, en Rebelión, 09/03/2015)
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