"(...) La alargada sombra de Emilio Botín ha sobrevolado todos los gobiernos
durante al menos los últimos treinta años. Sin duda, ha estado presente
en el origen de múltiples medidas gubernamentales.
Es de sobra conocido
cómo logró que el Gobierno Zapatero en su último consejo de ministros
indultase a Alfredo Sáez, o cómo consiguió que en casi todos los casos
-fueron muchos- que tuvo que ver con la justicia, el fiscal y el abogado
del Estado estuviesen de su lado.
Conocida es también la manera en que
intervino en época más reciente en la dudosa decisión de nacionalizar
Bankia, lo que condujo al rescate bancario y a que los contribuyentes
españoles hayan tenido que asumir deudas por muchos miles de millones de
euros. (...)
A pesar de su poder, han sido múltiples, más de treinta, las causas
judiciales en las que Botín se ha visto implicado, y de todas ellas,
precisamente por su influencia, ha salido indemne.
Uno de los procesos
más importantes a los que hubo de enfrentarse tuvo como causa la cesión
de créditos. Entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó este
tipo de activos, sosteniendo con fraude de ley que no quedaban sometidos
a la ley de activos financieros que se había aprobado recientemente y
que hacía transparente a efectos fiscales (y sometía a retención)
cualquier tipo de activo financiero.
Hasta entonces, una gran parte de
la realidad financiera permanecía opaca para el fisco. El invento de
Botín resultaba sin duda muy atractivo para sus clientes a los que se
aseguraba que no tenían que pagar impuestos, pero constituía un claro
fraude a la hacienda pública y una competencia desleal al resto de las
entidades financieras.
El fraude era bifronte. Por una parte se encontraba el posible delito
fiscal de los clientes (unos 3.500) que habían realizado operaciones
por un importe superior a los 2.600 millones de euros. Por otra, los
directivos del banco con su presidente a la cabeza eran acusados de un
perjuicio a la hacienda pública por importe de 84 millones de euros.
Todos ellos llegaron a buen puerto, los titulares regularizaron su
situación en 1996 y en lo que respecta a Botín, el final fue tan
escandaloso que dio lugar a una interpretación nueva de la doctrina que
el Tribunal Supremo venía aplicando, a la que se ha llamado desde
entonces doctrina Botín.
La Abogacía del Estado, a pesar de ostentar la representación de la
hacienda pública, no mantuvo la acusación; el Ministerio Fiscal, por
orden expresa de María Teresa Fernández de la Vega, entonces secretaria
de Estado de Justicia con el ministro Belloch, se retiró de la causa, y
la Audiencia Nacional decidió paralizar el proceso al interpretar que la
acción popular no puede, en solitario, sostener la querella si no la
acompañan el Ministerio Público o la acusación particular, que en el
caso del delito fiscal se supone que es solo el Estado.
Esta doctrina,
aunque un tanto extraña y contraria a la que se había venido
manteniendo, fue confirmada por el Supremo y por el Constitucional. Es
muy sintomático el hecho de que se acepte que el delito fiscal no afecta
a todos y a cada uno de los ciudadanos.
Entre todas las causas judiciales a las que tuvo que enfrentarse el
presidente del Banco Santander, solo en una ocasión tuvo que sentarse en
el banquillo, fue la referente a las pensiones millonarias que
reconoció a Amusátegui (56 millones de euros) y a Corcóstegui (108
millones), que más que de pensiones se podría haber hablado de precio
para dejarle el campo libre tras la fusión del Santander con el
Central-Hispano, pero, eso sí, pagadas con dinero del banco.
Primero la
Audiencia nacional y más tarde el Supremo liberaron a Botín de toda
responsabilidad al juzgar que nada estaba legislado acerca de tales
gratificaciones.
El suceso es my ilustrativo del capitalismo que profesamos o
sufrimos, del que el presidente del Banco Santander ha sido un exponente
destacado. Lo que mucha gente puede que no sepa es que la familia Botín
mantiene un porcentaje muy reducido del capital del banco (dicen que
aproximadamente un 0,4%) y, sin embargo, ha utilizado como propio todo
el inmenso poder de los recursos de la entidad financiera en su propio
beneficio.
De ahí los múltiples mecenazgos y patrocinios que le han
concedido siempre un espacio muy amplio de influencia, y de ahí, sobre
todo, las fusiones y compras de otros bancos tanto nacionales como
extranjeros, en muchos casos de beneficio dudoso para el accionista y
para la economía española, pero de enorme utilidad para el presidente,
que veía incrementado más y más su poder, sobre todo si podía, como en
este caso, desprenderse de competidores utilizando los recursos del
banco. (...)
Don Emilio no solo dio nombre a una doctrina jurídica (doctrina Botín),
sino que también abrió camino en materia de excusas para la defraudación
fiscal y la evasión de capitales. Puso de moda las herencias. La
familia Botín tenía ocultos sin declarar 2.000 millones de euros en unas
cuentas en el HSBC de Suiza, que se descubrieron gracias a la famosa
lista que Hervé Falciani había filtrado al Gobierno francés.
Todo
terminó con el ingreso de 200 millones de euros en Hacienda. Por
supuesto, nada de delito fiscal ni de sanción administrativa. Tales
cosas no podían ser aplicadas al hombre más poderoso de España." (El único y verdadero poder, el económico, de Juan Francisco Martín Seco en República de las ideas, en Caffe Reggio, 20/09/2014)
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