Fuente: elaboración propia a partir de presupuestos de SEPE 2013 y normativa de Formación para el Empleo. / EL PAÍS
"Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de
una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13
de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y
Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de
formación falsos, el llamado
caso Aneri.
Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de
la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario
cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los
titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema
corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la
Seguridad Social y europeos.
El hombre se identificaba con nombre y
apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación
servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba
detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de
Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de
Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la
utilización de las subvenciones públicas.
Pero recibió presiones: “Me
machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a
firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna.
Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin
recuperarme de las secuelas”.
La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no
oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas
documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está
instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo
común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y
que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para
evitarlo.
21.000 millones en 10 años
El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año.
Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de
euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale
fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la
Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la
administración central y de los fondos europeos. (...9
El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias
para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un
sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas
laborales.
Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la
mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los
cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este
punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.
ALUMNOS FALSOS
La estafa
Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de
las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según
señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas.
Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede
recibir.
¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o
recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como
participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las
administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es
que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los
cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.
¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los
alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la
colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las
consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido
las subvenciones de la administración.
La ley permite que se devuelva a
una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos
asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a
los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede
propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero
con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de
financiación a través de las ayudas públicas.
Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de
la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de
Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama
de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la
subvención. Imaginemos que era de 100 euros.
De ellos, 20 se destinaban a
mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10
euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados,
oficinas, plataformas, publicidad... El resto (70 euros) era ganancia
neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de
billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la
investigación.
“HOY VIENE EL INSPECTOR”
Colaboración administrativa
La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la
administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la
policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y
políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado
de implicación.
Es suficiente con que la Administración mire para otro
lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de
controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para
ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias
saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide
anonimato como la mayoría de las personas consultadas para esta
información.
Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en
el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el
inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo
preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.
Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres
años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no
se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que
impartir en 2011.
El momento de justificar y entregar todos los papeles
que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente,
2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que
sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen,
suelen tardar algunos años más en revisarlo todo. (...)
Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó
en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el
que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las
subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El
sistema empezó a dar problemas desde el principio. (...)
Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a
la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia,
el presidente de la patronal gallega,
Antonio Ramilo, tuvo que dimitir
en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis
millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la
organización que presidía.
Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el
más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La
Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100
millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como
imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. El caso
acabó prescribiendo. El escándalo se repitió: “Después de la Forcem,
pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía
experto en este tipo de fraudes.
Los alumnos perfectos
El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación
Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba
también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En
Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte
de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En
total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012. (...)
En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido
Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y
nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se
hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún
mayor.
Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri,
detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero
detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que
multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado
perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al
porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero
los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos. (...)
La utilidad de los cursos
Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde
plataformas online demuestra que, aún sin fraudes, el sistema no cumple
su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de
España,
que firmó acuerdos con Aneri
por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba
cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas
mecánica para conductores o el uso del GPS.
Pero también se ofrecían
cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la
teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un
empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas
informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar
cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear
alumnos”, asegura el empresario. (...)" (
Álvaro de Cózar /
Pilar Álvarez
, El País, Madrid
15 JUN 2014 )
