"El asesor jurídico de una entidad financiera, encargado de juzgar la
estafa de las preferentes; una Fiscalía que se ha convertido en el mejor
bufete de abogados en defensa de los poderosos; jueces en el banquillo
antes que los delincuentes por tocar a un banquero intocable; un abogado
procedente de un gran bufete a sueldo de banca y multinacionales, en la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Todos ellos son casos de jueces
y parte en un momento en que se suceden los conflictos judiciales que
afectan al sector financiero.
El último caso conocido es la entrada, el pasado mes de abril, de Antonio Vicente Sempere Navarro en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Esta sala, encargada de juzgar los conflictos laborales, admitió así a
quien había sido desde 2010 coordinador del área laboral de Gómez-Acebo
& Pombo, uno de los despachos que defienden a los directivos en grandes procesos como Sintel, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Bankia. Pero la vinculación más evidente es el de
Sebastián Sastre Papiol.
El exdirector de los servicios jurídicos de La
Caixa fue nombrado magistrado de la sala de lo Civil del Tribunal
Supremo en noviembre de 2012. Desde entonces, tiene la última
palabra en casos flagrantes de estafas bancarias como las preferentes,
los swaps o abusos hipotecarios.
Según publicó El Confidencial,
el presidente de la Caixa, Isidre Fainé, presionó al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y al presidente catalán Artur Mas para
colocar ahí a su hombre de confianza. La candidatura de Sastre Papiol fue propuesta por el vocal de CiU, Ramón Camps, y su padrino fue el propio presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol.
Este mismo mes de mayo, la Sala de lo Civil del Supremo lamentaba en una nota de prensa “no poder dictar jurisprudencia sobre preferentes, ante la retirada del recurso del Banco de Santander”,
que aceptó la sentencia que declaró nula la venta de preferentes y le
condenó a devolver a los compradores la totalidad del importe abonado.
Para Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Madrid, “es escandaloso el papel de la Fiscalía, de
la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Audiencia
Nacional en los casos de las hipotecas basura, que gozan de una absoluta
impunidad”. Para Mayoral, “la Fiscalía se ha convertido en el mejor bufete de abogados en defensa de los poderosos”.
En su opinión, el encausamiento del juez Elpidio Silva por enviar a la
cárcel a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por la compra del
Banco de Miami “es un aviso a navegantes para que todo el mundo vea lo
que pasa si tocas a un intocable”.
El penúltimo episodio es bien
conocido: la jueza que iba a juzgar a Elpidio Silva, María Tardón,
formó parte de la Asamblea de Caja Madrid durante el mandato de Blesa,
motivo por el cual ha tenido que ser apartada.
No sólo Blesa. También está en el recuerdo el ejemplo de Alfredo
Sáenz, mano derecha de Emilio Botín, “el banquero mejor pagado de
España”, quien fue indultado por Zapatero en su último Consejo de
Ministros. Y posteriormente también favorecido por el Gobierno de Rajoy a
golpe de real decreto.
A través de los indultos, Jueces para la
Democracia ya denunció que “el poder se perdona a sí mismo”. Rafael
Mayoral va más allá: “Las leyes están hechas para los poderosos. En
tiempos de crisis, ellos se las saltan. Pero el problema es que los que
interpretan esa legalidad también la interpretan a favor de los
poderosos”.
En su informe sobre la economía española del pasado mes de agosto, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía de que la
reestructuración bancaria y las incertidumbres que rodean a la gestión
del Sareb o ‘banco malo’ “implican a muchos miles de pequeños inversores
y entraña el riesgo de litigios por posibles acusaciones generalizadas
de ventas abusivas” de activos como pisos, hipotecas o participaciones
preferentes.
Tal vez por esa razón, la banca se ha apresurado a situar a sus peones, jueces y parte, en el tablero de los tribunales,
para juzgar “en función de los intereses de las entidades españolas,
pero también de los fondos internacionales”, apunta Mayoral, para quien
en la impunidad de la banca “la Justicia tiene una corresponsabilidad
absoluta”. (Diagonal, 26/05/2014)
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