"El Tribunal de Cuentas del Estado
troceó proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas, y las adjudicó a un empresario que
arregló las casas particulares del número dos de la institución y
consejero de fiscalización, Javier Medina, y de su hermano Enrique,
gerente del tribunal hasta finales de 2012.
El órgano encargado de fiscalizar y sancionar a las Administraciones
públicas que vulneran la ley fraccionó contratos para que no superasen
el máximo legal de 30.050,61 euros, y evitar sacarlos a concurso público
con el argumento de que se trataba de obras menores.
El beneficiario de
estas adjudicaciones fue la firma de Ángel Ortega, un empresario al que
altos cargos de este tribunal —entre ellos el actual vicepresidente,
propuesto por el PP, Javier Medina, y su hermano Enrique— contrataron a
título particular para que les pintase las paredes y acuchillase el
parqué de sus casas, entre otros arreglos, según ha reconocido a EL PAÍS
el propio Ortega.
Este empresario admite que durante años ha trabajado para el Tribunal
de Cuentas, y que dejaron de adjudicarle obras tras la llegada del
actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda,
también propuesto por el PP.
El acceso de Álvarez de Miranda al primer
sillón de este tribunal, en julio de 2012, precipitó la salida de
Enrique Medina como gerente del tribunal y de José Luis Pajares como
secretario general. “Ha habido un troceo injustificado de las obras que
se han hecho en la sede en los últimos años”, denuncian altos cargos del
Tribunal de Cuentas, que piden anonimato.
Fuentes de la institución se preguntan cómo Ortega dispuso de las
llaves y uso de una habitación dentro de las instalaciones del tribunal,
en el sótano, y durante años, hasta que se renovó en 2012 el tribunal.
“Allí guardaba las herramientas”, indicó Ortega a este periódico.
Los
nuevos responsables de la gerencia y de la secretaría general del
tribunal ordenaron su cierre y la retirada de llaves con aquiescencia
del nuevo presidente, Ramón Álvarez de Miranda. (...)
“Ha habido un troceo injustificado de las obras que se han hecho en la
casa”, denuncian altos cargos del Tribunal de Cuentas, que añaden: “Cabe
contratar como obra menor una reparación urgente, o un trabajo aislado
que realmente cueste menos de 30.000 euros. Pero si de lo que se trata
es de reformar progresivamente las instalaciones de la casa, pues se
hace un cálculo total de obras durante un periodo y lotes concretos, y
se sacan a concurso público, pero sin fraccionar.
El tribunal tiene que
dar ejemplo, y no es lícito hacer adjudicaciones despacho por despacho y
dárselas a la misma persona”. La finalidad de la ley que regula las
contratas públicas es que haya igualdad de armas entre todos los
empresarios a la hora de pujar por una obra. (...)" (
José Antonio Hernández
, El País, Madrid
8 JUN 2014)
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