"(...) No son todos, vale: las estimaciones hablan de unos 130 casos de
incorporación ilegal a los ERE, de entre seis mil trabajadores
prejubilados con todas las de la ley a través de este controvertido
procedimiento, entre 2001 y 2010. Pero lo mismo da que da lo mismo:
aquel saqueo infame de las cuentas del paro tuvo la misma catadura ética
que el acto de arrebatarle un mendrugo a un mendigo.
Y, para colmo,
muchos de los que se vieron legalmente prejubilados por aquellos
expedientes, se encuentran ahora en suspensión de desempleo y subsidio
hasta que se esclarezca toda esta trama.
La magistrada entiende que el marco jurídico instaurado por la
administración está viciado desde su propio germen y que las denominadas
“transferencias de financiación” contempladas en el mismo, fueron
cómplices necesarias para la opacidad de este procedimiento.
Habrá que
ver también hasta donde llega esta línea de investigación porque, de
proseguir con el camino iniciado, la jueza no sólo tendría que ser capaz
de imputar a la Junta de Andalucía, a sus consejeros y directivos, sino
a la mayoría de los parlamentarios que aprobaron este mecanismo. Choque
entre poderes democráticos, a la vista. Montesquieu, al borde de la
esquizofrenia.
Hace unos días, se sentaba ante el banquillo la que fuese consejera
de Economía y Hacienda durante el periodo que se investiga. Magdalena
Alvarez compitió en tamaño y calidad de trolly con la magistrada pero,
en reiteradas ocasiones durante su comparecencia, insistió en ofrecer
todos los datos y documentos posibles sobre la materia de su gestión,
pero no así sobre las competencias de Empleo, que concernían desde su
punto de vista a otros consejeros, alguno de los cuales como José
Antonio Viera, sigue sin merecer su imputación.
Tras la argumentación de
la imputada no sólo latía la percepción de que de aplicar a rajatabla
esta línea de acusación, esta causa vendría a suponer algo así como que
en la comisión de un asesinato, se pretendiera imputar a los fabricantes
del arma del crimen.
También pesaba lo suyo la certeza de que algunos
de sus colaboradores, con un perfil político inferior o simplemente
burocrático, se enfrentaban a fianzas que no podían pagar salvo por
muerte financiera, con sueldos reducidos al salario mínimo, bienes o
cuentas embargados y una familia entera que tenía que cambiar de calidad
de vida: adiós, por ejemplo, a los estudios universitarios de los hijos
en universidades lejanas.
Si resulta especialmente llamativa la cifra de 117 millones de euros,
de responsabilidad civil, impuesta a un directivo de Vitalia, no lo es
menos la fianza personal que pesa sobre Antonio Lozano, uno de aquellos
cargos de perfil técnico que se han visto imputados: 43 millones de
euros por el simple supuesto de que pudo impedir administrativamente un
delito y no llegó a hacerlo.
Esa fue la misma cuantía que el juez Ruz
impuso inicialmente a Luis Barcenas, en función del volumen de sus
cuentas que, en absoluto, se corresponden con la de Lozano o las de
otros cargos de Hacienda que habrán de sentarse sorpresivamente en el
banquillo de los acusados, si prospera finalmente su imputación.
¿Cuando
ocurrirá eso? ¿Dentro de diez años como en el caso de Carlos Fabra?
¿Qué habrá ocurrido, para entonces, con la vida de muchos de los
acusados si finalmente no resultan culpables?
La justicia lenta no es justicia. Mercedes Alaya se enfrenta
concienzudamente a un caso complejo –más allá de otras investigaciones
que se siguen desde su juzgado–. Y dado que ella ya rechazó la presencia
de jueces de refuerzo, debería tener al menos todos los recursos
técnicos y de personal que sean posibles para agilizar su pesquisa, con
independencia de que la instrucción en su totalidad o parte de la misma
se le vaya de las manos si finalmente, y como parece lógico por la
secuencia de los acontecimientos, deba imputar a algunos aforados.
De
seguir así, lo mismo no sólo iban a prescribir los supuestos que se
imputaban a los hermanos de la ministra Fátima Bañez, cuya exculpación
por fecha de caducidad causó un sonoro escándalo hace unos días,
reforzando la tesis de que la jueza pudiera estar favoreciendo en esta
indagación a los intereses del Partido Popular. (...)" (Público, Corazón de Olivetti, 13/10/2013)
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