"La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante la era de
Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez (PP), quien en su día hizo
campaña en contra del fraude de ley y la especulación que suponían la
construcción de lofts ilegales en la ciudad, ha arremetido
contra Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y
su esposa, Rocío Monasterio, líder de ese partido en la Comunidad de
Madrid.
"Espinosa y Monasterio fueron promotores de un negocio
fraudulento que tuvo efectos nefastos. Incumplieron reiteradamente la
normativa urbanística, perjudicaron el modelo de ciudad que queríamos.
Además de toda la inseguridad jurídica que vivieron los compradores, eso
es un fraude claro. Unas personas como ellas, sin ética en la esfera
privada, no pueden protegerse en los partidos políticos.
No deberían
admitir personas así. No tienen cabida en lo público", dice Martínez en
una entrevista con este periódico, que ha desvelado nueve de los once casos de irregularidades urbanísticas de la pareja.
Martínez fue la máxima responsable de Urbanismo de 2004 a 2011, durante el boom inmobiliario en la capital, justo la época en la que Monasterio
y Espinosa se enriquecieron con este tipo de proyectos. La política ha
entregado esta semana un dosier en la sede de su partido, en Génova 13,
denunciando las prácticas ilegales de la pareja, cuyo principal negocio
era reformar locales de uso industrial para convertirlos en viviendas.
Sus clientes dicen que les prometían unas licencias de habitabilidad
que, al final, nunca llegaban, algo que ellos niegan. El valor real de
lo que compraban era inferior al precio que desembolsaban sus
compradores.
"Es evidente que no tienen ética. Su negocio se basaba en obtener
beneficios gracias a una gestión irresponsable, fraudulenta y opaca.
Tienen beneficios injustificados y el problema se lo dejan a otro, al
comprador", continúa Martínez, la primera política de su partido que se
manifiesta públicamente en contra de las obras irregulares que durante
años impulsaron Espinosa como promotor y Monasterio como arquitecta,
cuando en ese tiempo (2002-2008) ni siquiera tenía acabada la carrera.
Martínez, colaboradora de máxima confianza de Gallardón, impulsó en
julio de 2006 una modificación de las normas urbanísticas al plan
general para frenar la proliferación de lofts ilegales.
Además, inició una campaña de inspección en toda la ciudad para abrir
expedientes sancionadores que afectaron directamente al matrimonio de
Vox, como en el edificio construido de forma irregular en la calle Albarracín, 58.
"Sus promociones toparon con mis decisiones políticas. Hacían casas
encubiertas. Desde Urbanismo intentamos evitar el fraude a futuros
compradores de buena fe. Nunca iba a ser residencial lo que estas
personas compraban", explica. Entre otros, el propio vicepresidente de
la Comunidad, Ignacio Aguado, y el actor Arturo Valls, que ha presentado una demanda, resultaron perjudicados al hacer negocios con ellos.
Por todo esto, Martínez dice sufrir una venganza política tras
presentarse como candidata a la alcaldía de Villaviciosa de Odón en las
pasadas elecciones municipales. Se refiere al veto que Vox levantó
contra ella en las mesas de negociaciones que conformaron con el PP.
Para evitar que Pilar Martínez llegase al poder se tuvo que dar uno de
los acuerdos más insólitos de toda España: el candidato de Ciudadanos,
la cuarta fuerza más votada, fue elegido alcalde con los votos de Vox,
PSOE, Más Madrid y un partido independiente. Extraños compañeros de
viaje para conseguir que, a cualquier precio, la política del PP se
quedase en la oposición.
El veto surgió en esos encuentros para llegar a un acuerdo nacional
de gobernabilidad en el mayor número de Ayuntamientos y regiones
posibles. El partido que dirige Santiago Abascal trazó una línea roja:
en ningún caso consentiría que Martínez fuera investida alcaldesa, según
confirman fuentes populares presentes en la discusión.
Entre tantos asuntos clave llamaba la atención que Vox pusiera tanto
empeño en este municipio madrileño de 28.000 habitantes. Ahora, la
incógnita parece resuelta para Martínez, que vincula el veto a Vox a sus
años al frente de Urbanismo. El apoyo de Vox es necesario para el PP en
lugares clave, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Martínez
dice haber puesto el caso en manos de la dirección nacional de su
partido: "Les conté que Espinosa y Monasterio me han represaliado por
haber hecho mi trabajo. Le dije al PP nacional que iba a darlo a conocer
públicamente. No pusieron ninguna objeción".
El PP nunca supo por qué el nombre de Martínez estuvo sobre la mesa
con tanta insistencia. El no de Vox fue rotundo desde el principio. Los
dirigentes sentados en la mesa de negociación, en la que estuvo Espinosa
de los Monteros, no se movieron ni un centímetro de su posición
inicial. Los partidos sopesaron alternativas, como buscar otra
candidata, pero tanto la formación de Génova como la propia Martínez, la
más votada en las elecciones, se negaron al no recibir una explicación
convincente.
Martínez no fue entonces capaz de explicar lo que había ocurrido ese
15 de junio, el día de la investidura. Hasta que en una ocasión, en
septiembre, discutió en un acto con un político de Vox que, de acuerdo
con su testimonio, zanjó el pleito con esta frase: "En la regional de mi
partido no te pueden ni ver". En ese consejo se sienta Rocío
Monasterio. Martínez ató hilos y llegó a la conclusión, nunca desmentida
por las altas esferas de su partido según ella, de que su labor como
concejal está detrás de la decisión política en Villaviciosa de Odón.
En el PP continúan sin tener una explicación clara sobre las razones
por las que Vox vetó a Martínez. La principal hipótesis que manejan, de
puertas para adentro, es que María de la Cabeza Ruiz Solás, diputada
nacional de Vox y concejal de Villaviciosa de Odón, siente una
animadversión personal hacia Martínez, un sentimiento que ha sabido
transmitir a la cúpula del partido. Durante la campaña en Villaviciosa,
muy tensa, Martínez denunció a la Guardia Civil que De la Cabeza
repartió panfletos difamatorios contra ella.
Otra de las explicaciones posibles es que Vox se negase a apoyar a
Martínez porque le salpicaban dos casos judiciales. La política estuvo
imputada en una ocasión, al igual que todo el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por la compra del Canal de Isabel II de la sociedad
colombiana Inassa y en otra por un presunto delito contra la ordenación
del territorio. En el primer caso la causa fue archivada al no encontrar
el juez indicios de delito y, en el segundo, resultó absuelta, según
una sentencia judicial firme.
La política cree que su comportamiento "ético" en un puesto tan
delicado como era el suyo, donde convergen intereses cruzados, la ha
llevado a esta situación. "Se trata de una represalia de carácter
político a quien impidió comportamientos irregulares y lesivos para los
madrileños", añade. Y repite: "Espinosa promovió una actividad de
negocio fraudulenta. Rocío Monasterio fue la colaboradora necesaria". (Juan d. Quesada, Íñigo Domínguez, El País, 18/01/20)
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