"El Gran Seleccionador o el Gran Colocador de jueces en este país se llama Carlos Lesmes.
Es el Zar.
Lesmes (1958) subió los primeros peldaños de su carrera política nada más ganar las elecciones José María Aznar.
En el Ministerio de Justicia ocupó los cargos de director general de
Objeción de Conciencia –entre 1996 y 2000– y director general de
Relaciones con la Administración de Justicia –entre 2000 y 2004–, y
muchos años después, tras pasar por la Audiencia Nacional y tres años
por la Sala Tercera del Supremo –Lesmes siempre definió a esta rama del
derecho, el contencioso-administrativo, como el equivalente de la
academia norteamericana militar de West Point frente al concepto de que
cualquiera puede ser penalista–, resultó nombrado presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en
diciembre de 2013.
No las tenía todas consigo para el puesto, pero es un hombre de baraka y sabe exprimir las contradicciones de los políticos.
El Partido Popular apoyaba para el puesto a Manuel Marchena, entonces
magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero el exministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2012, vetó a Marchena y apoyó a
Lesmes.
Rubalcaba se quedó con la sangre en el ojo cuando Marchena y su
colega y amigo José Manuel Maza –más tarde fiscal general del Estado–
presentaron un voto particular, en febrero de 2010, contra la mayoría
en la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba, con ciertas medidas de
precaución, el nuevo sistema de escuchas telefónicas Sitel, sistema que
el entonces ministro del Interior había adquirido.
EL GAL y la selección nacional del PP
En diciembre de 2013, Lesmes comenzó su primera ronda de
nombramientos de jueces por un periodo de cinco años. Aparte de ser un
seleccionador incondicional de jueces conservadores o próximos al
Partido Popular, Lesmes impuso un criterio particular. No solo aplicaba
el rodillo mayoritario conservador para elegir a magistrados de
derechas.
Seleccionaba también a algunos jueces con marchamo de
progresistas porque respondían a un rasgo fundamental: eran miembros de
lo que en la jerga iniciática de la judicatura se llama el GAL, o Grupo
de Amigos de Lesmes. Uno de los ejemplos más estelares fue la creación
del puesto de vicepresidente del Tribunal Supremo, y la decisión de
nombrar a un magistrado progresista en la persona de Ángel Juanes.
Pero el requisito para su designación era un secreto a voces: Juanes
compartía urbanización en el sur de España con Lesmes y salía a navegar
en el barco del nuevo presidente del Supremo y del CGPJ. También en el
órgano de mando del CGPJ, la comisión permanente, Lesmes se ganó la
complicidad de vocales progresistas, como la magistrada Mar Cabrejas o
el abogado y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
El rodillo funcionó de una manera irrefrenable durante cinco años en
los que una carrera tradicionalmente conservadora todavía daría un salto
hacia posiciones más extremas. Lesmes adaptó aquella expresión de
Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por
judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió.
Sin complejos
Desde el minuto uno, Lesmes no mostró complejos. Y los vocales del
nuevo Consejo no tardaron en percibir su falta de escrúpulos. Por
aquellos días de 2014, la preocupación en el Partido Popular tenía
nombre alemán: Gürtel. Y apellido breve: Ruz.
Pablo Ruz, un joven magistrado, estaba en comisión de servicios,
renovable cada seis meses, en el juzgado central de instrucción número 5
de la Audiencia Nacional. Y estaba a cargo de la trama de corrupción de
Francisco Correa, gürtel en alemán.
El PP había decidido apoyar a Ruz en la instrucción de los Papeles de Bárcenas,
en la primavera de 2013, frente a una fugaz incursión de Javier Gómez
Bermúdez, la bestia negra del PP, tras el juicio del atentado del 11-M
en Madrid, cuya sentencia confirmó la autoría yihadista de la masacre
frente a las teorías de la conspiración.
Pero pronto, al advertir el carácter de Ruz y su independencia en la
investigación, el PP lo convirtió también en otro de sus peores
enemigos.
Lesmes consintió en renovar el mandato de Ruz en junio de 2014. Pero
sería una y no más. Ese verano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
recibió presiones directas de su partido para acabar con la comisión de
servicios de Ruz a finales de ese mismo año. El juez sabía que tenía los
días contados. Y por tanto aceleró la investigación de dos de las casi
diez piezas de la trama: Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas o Contabilidad B del PP.
La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la
aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un
número importante de puestos para cubrir plazas de jueces. Entre los
primeros 360 se incluiría el sillón del juzgado central de instrucción
de la Audiencia Nacional.
Valle y De la Mata
Pero la tarea de Lesmes no se limitaría a liquidar a Ruz. Había que
asegurar la plaza para un candidato próximo al PP, aún quedaban
importantes piezas para instruir en el caso Gürtel. Uno de los
colaboradores de Lesmes en la Comisión Permanente del CGPJ, Gerardo
Martínez Tristán, hizo de cazatalentos y encontró lo que buscaba: Carlos
Valle, magistrado de los juzgados de Plaza Castilla. Era un valor
seguro. Por ideología y por antigüedad. Valle había protagonizado en
1986 el ataque contra centros de planificación familiar y clínicas abortistas de
Madrid en el que ordenó detener a 39 trabajadores. Y en 2006 había
exonerado a dos militantes del PP que agredieron al ministro de Defensa,
José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo.
Valle pareció acoger con entusiasmo la idea, pero finalmente se echó
atrás por razones de salud, al borde del concurso de adjudicación. Así,
la plaza la ganó el juez Pepe de la Mata. Al PP le salió el tiro por la
culata. Se había cargado a través del CGPJ a Ruz y ahora, en abril de
2015, la plaza la ocuparía un juez que, entre 2009 y 2011, había sido
director general de Modernización de Justicia durante el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
¡Vade retro!
Ruz finalizó la instrucción de Gürtel 1999-2005 y dejó enfilada la de Papeles de Bárcenas,
antes de acabar su comisión de servicios. Los temores del PP se vieron
confirmados en diferido, cuando en mayo de 2018 la sentencia de Gürtel 1999-2005 dejó
constancia de que Francisco Correa creó con el PP una “estructura de
colaboración estable” ...que llevó a un “auténtico y eficaz sistema de
corrupción institucional”, una frase crucial para la moción de censura
que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.
Prueba de fuego
La militancia de Lesmes, empero, tendría una prueba de fuego con el procés. En aquellos días de diciembre de 2014, Lesmes ya había consumado una primera cruzada victoriosa.
Una de las miembros de la Comisión Permanente era la abogada Mercè
Pigem, exdiputada en el Congreso de los Diputados por Convergencia
Democrática de Cataluña. El 11 de noviembre de 2014, Pigem acude a la
reunión de dicho órgano. Tan solo dos días antes, se había celebrado en
Catalunya la consulta del 9-N, con las preguntas “¿Quiere que Cataluña
sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea
independiente?”.
––¿Qué ha pasado el domingo, Mercè? ¿Cómo ha ido?– preguntó Lesmes.
Pigem, de 60 años, contestó en clave de humor.
––Bueno, yo vivo en La Bonanova y todos son pijos. El domingo vamos a misa y después nos pasamos a votar en la consulta.
La ira de Lesmes era visible. Pigem, lejos de esconder el hecho de
que había sido una de los 2.305.290 votantes en el “acto de
participación ciudadana”, según las cifras oficiales ofrecidas por la
Generalitat, lo estaba reconociendo.
Lesmes bramó subiendo el tono de voz y amonestando a Pigem, que aguantó estoica.
Las cosas no quedarían ahí. Tres semanas más tarde, Lesmes ejecutó su vendetta.
Pigem acompañaba a su hermana en un viaje a Andorra para hacer compras
para las Navidades. Pigem llevaba encima 9.500 euros. En un control de
las fuerzas de seguridad del Estado, le encontraron el dinero y, al
comprobar su nombre, una integrante de la Guardia Civil decidió abrir un
expediente. La noticia se filtró. El 28 de noviembre de 2014, Lesmes
llamó por teléfono a Pigem y le arrancó la renuncia al CGPJ. Lesmes no
tenía ninguna autoridad para ello. Los miembros de la Comisión
Permanente son designados por el Pleno del CGPJ y deben responder ante
el mismo. El caso del dinero en metálico de Pigem se archivó sin sanción
administrativa.
Tres años después, durante la toma de posesión de magistrados del
Tribunal Constitucional, Mercè Pigem y Lesmes se reencontraron. “Siento
cómo fue todo”, le dijo el presidente del CGPJ a la jueza catalana, como
si no fuera con él.
Así es Lesmes.
Macías y Ramírez Sunyer, contra el procés
La operación Pigem fue muy provechosa para Lesmes y para el
PP. Una vez más, no se trataba solo de cargarse a alguien, sino de quién
le sustituiría. Y en una nueva operación, Lesmes consiguió deshacerse
del primer candidato suplente, Antonio María Álvarez-Buylla, decano del
Colegio de Procuradores de Madrid, para dar entrada al segundo suplente,
el exmagistrado y abogado socio del bufete Cuatrecasas José María
Macías.
Macías se convertiría rápidamente en la mano derecha intelectual de
Lesmes y, sobre todo, formó con él y con el magistrado Pablo Llarena una
troika durante la instrucción de la causa del procés en el
Supremo. La cuarta pata era el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer,
titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Macías y Ramírez Sunyer se habían conocido en la Escuela Judicial
Española, en 1990. A raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán, el
exdirector de la ONCE, Sunyer se había convertido en el caballo de Troya
del procés con la ayuda del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel
Baena, a cargo de la policía judicial, desde febrero de 2017.
La instrucción de Llarena sobre los hechos del 20 de septiembre y 1
de octubre de 2017, precisamente, contaba con el trabajo de recopilación
de indicios de Ramírez Sunyer y sobre todo, los atestados de Baena que
ya trabajaba sobre lo que consideraba “el clima insurreccional de
Catalunya” desde noviembre de 2015 a las órdenes del fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Cuando Ramírez Sunyer estaba muy enfermo, a punto de morir, Macías
aconsejó a Lesmes enviarle una carta de agradecimiento por los servicios
prestados en la instrucción. Se cree que el borrador lo elaboró el
propio Macías, quien ya preparaba el obituario de su amigo. En la carta,
enviada el 2 de noviembre de 2018, Lesmes lo felicita por las
“dimensiones heroicas” que adquirió la labor del juez en el contexto
“hostil” del 1-O, y le muestra su respeto a “la persona que es capaz de
perseguir tan tenazmente aquello en lo que cree, lo que constituye su
ilusión y su meta: el servicio a la Justicia y al Estado, a España, y el
cumplimiento del deber que ese servicio entraña”. Lesmes finalizaba
agradeciéndole a Ramírez Sunyer “defender el Estado de Derecho y la
Justicia sin vacilaciones ni miedos en tiempos tan convulsos”, y añadía:
“Siempre serás un referente para mí y para todos los compañeros de
profesión”.
A su vez, Macías revelaba en su obituario de fecha 4 de noviembre de
2018 la verdadera importancia de la instrucción de su amigo fallecido.
“Su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando
asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los
sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la
Generalitat. Posteriormente, su investigación constituyó en buena medida
la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el Juez Llarena por los
acontecimientos del 1 de octubre de ese año”.
Triste, Marchena y final
Pero he aquí que después de seleccionar ese plantel a lo largo y
ancho de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia,
cuando ya vencían algunos de los primeros mandatos de cinco años de los
elegidos por Lesmes –con su mayoría conservadora en la comisión
permanente y en el Pleno del CGPJ–, y ante el vencimiento del mandato
del propio Lesmes y de los vocales nombrados en 2013, una conspiración
liderada por el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, con
mandato de Pablo Casado, y apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, volvía a
reeditar el año pasado la situación creada en 2013.
En septiembre de 2018, Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala
Segunda y del tribunal del procés, dio su apoyo para que le nombrasen
único candidato para suceder a Lesmes.
Con todo, no pudo ser. Un oportuno whatsapp del portavoz del
PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicaba a sus conmilitones, críticos
con el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que el acuerdo
en ciernes era ampliamente beneficioso para la derecha. El PP permitía
al sector llamado progresista del CGPJ contar con 11 vocales contra 9 de
los conservadores, con la presidencia para Marchena. El pacto, explicó
Cosidó, era muy bueno para el PP porque con él se estaba “controlando la
Sala Segunda [la que enjuicia a los aforados] desde detrás”.
La renovación del CGPJ fue cortocircuitada. Y Lesmes vio prorrogado su mandato sine die.
En estos meses, ha aprovechado su interinidad para renovar o depurar
aquellos primeros mandatos de hace cinco años que han ido venciendo. De
facto habrá acometido la tarea de dos mandatos casi completos en materia
de nombramientos clave.
Lesmes se representa a sí mismo y a su grupo de amigos. Y mantiene
excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha
visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y
está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo.
Tras la moción de censura de junio de 2018, el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, que había sido jefe de Lesmes en los años de Aznar en
Justicia, llamó a Lesmes.
––La culpa de todo esto esto la tienes tú, Carlos. Y que sepas que también Rajoy piensa así.
No era cierto que Mariano Rajoy pensara de esa manera. Pero Catalá se lo inventó para dramatizar el escenario.
Catalá le echaba en cara a Lesmes que no hubiese movido un dedo para
impedir que Rajoy tuviese que acudir personalmente –en lugar de hacerlo
por videoconferencia desde La Moncloa– a declarar a la Audiencia
Nacional, en San Fernando de Henares, el 26 de julio de 2016 en calidad
de testigo en el caso Gürtel." (Ernesto Ekaizer, CTXT, 14/01/20)
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