"El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido
condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación
continuadas, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, ha resultado
sentenciado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el
ejercicio de cargo público durante 9 años, según el fallo de la pieza
política del caso de los ERE,
que ha sido notificado este martes.
Además, la exministra y exconsejera
Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a
nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. De los 21
procesados, solo dos han resultado absueltos de todos los delitos: el
exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el jefe de los
servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
La Audiencia de Sevilla considera a ambos expresidentes y exministros
de Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas
que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para
beneficiar a empresas en crisis. La sentencia no es firme y las defensas
recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.
Los jueces consideran que Chaves conoció y permitió el sistema de
subvenciones irregular, mientras que sitúan a Griñán -durante su etapa
como consejero andaluz de Economía- como conocedor de los informes de la
Intervención General de la Junta, que censuraron el fondo, y le achacan
que no hizo nada para evitar las ayudas arbitrarias.
El juez ponente Juan Antonio Calle ha elaborado la sentencia de la pieza política de la macrocausa de los ERE
durante los últimos 11 meses, desde que el juicio en la Audiencia de
Sevilla finalizó el pasado diciembre, después de un año y 152 sesiones.
De los 22 procesados miembros de la antigua cúpula de la Junta andaluza
(dos expresidentes, seis exconsejeros y 13 ex altos cargos), durante la
vista oral resultó absuelto el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa.
El fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo —que tendrá la última
palabra—, según han avanzado las defensas.
La macrocausa de los ERE ha marcado la política andaluza durante los
últimos nueve años por los escándalos destapados en la concesión de
fondos públicos desde la Junta y ha sido empleado como reproche habitual del resto de partidos en Madrid contra los socialistas por su corrupción.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes y líderes
históricos del socialismo andaluz, se dieron de baja en el partido en
2016 tras su inculpación durante la instrucción. Ambos gobernaron la
comunidad durante 23 años, el primero de 1990 a 2009 y el segundo tras
sucederle desde este año hasta 2013. Un lustro después, el proceso ha
enjuiciado su política de ayudas públicas para empresas en crisis,
dotada con 680 millones durante una década (2001-2010).
Tras ocho años de instrucción, la pieza política de la macrocausa —la
primera en ser enjuiciada de un total de 146 bajo investigación—
analizó el sistema de pago de los ERE, censurado por la Intervención
General pero cuyos avisos cayeron en saco roto. En 2001 la Junta cambió
las subvenciones excepcionales por las transferencias de financiación y
la clave del juicio estaba en dilucidar si el mecanismo fue ilegal y si
existió responsabilidad penal de políticos y técnicos.
Los ERE fraudulentos han escrutado parte de la gestión socialista de
las últimas décadas en Andalucía junto a otras macrocausas como los
cursos de formación e Invercaria, una sociedad de capital riesgo de la
Junta.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones —PP y Manos Limpias—
estimaban que el cambio de sistema de pago fue “una decisión política”
para instaurar un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al
margen de “los ciudadanos y los controles de la Intervención” para
beneficiar a empresas afines al PSOE. Mientras, las defensas resaltaron
en la vista oral que el Parlamento andaluz aprobó con transparencia las
partidas que alimentaron los ERE y que las acusaciones contra la
excúpula por confabularse para que se pagaran año tras año son
“genéricas” y repletas de “vaguedades”.
Desde 2011 cuando arrancó, el caso ERE ha estado en el
centro de la batalla política como el ariete preferido del PP para
contrarrestar su corrupción destapada por el caso Gürtel, que
siempre dispuso de gran eco mediático. Ambas sentencias coinciden en
extensión (1.700 páginas de los ERE y 1.687 de la Gürtel), pero tienen
dos diferencias esenciales: la trama corrupta del PP conllevó un
enriquecimiento ilícito de sus protagonistas y la financiación ilegal
del partido.
Entre los políticos de los ERE solo ha existido un supuesto
lucro del director general que daba las ayudas de manera directa,
Javier Guerrero, —cuestión que no se enjuicia en la pieza política— y no
hay rastro de financiación ilegal del PSOE, a pesar de que la primera instructora, Mercedes Alaya, lo plasmó por escrito en sus autos.
En 2015 el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro
examinó la causa por estar inculpados seis políticos aforados y solo
apreció indicios de prevaricación administrativa y descartó la
malversación (que conlleva cárcel). Barreiro tildó de “claramente
ilegal” el procedimiento de pago en los ERE, pero matizó que no estaba
destinado “al lucro ilícito de terceras personas”, de ahí que descartara
la malversación.
El juicio desarrollado en 2018 sirvió para ratificar la visión
opuesta entre defensas y acusaciones, cuyos expertos respectivos
—catedráticos de Derecho Presupuestario y los peritos de la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE)— protagonizaron un duelo
de tesis enfrentadas a favor y en contra de la legitimidad de emplear
las transferencias de financiación para pagar los ERE a través de la
agencia pública Idea." (Javier Martín-Arroyo, El País, 19/11/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario