"El Gobierno del PP en la ciudad autónoma de Melilla
—86.000 habitantes y un presupuesto público de 273 millones de euros en
2018— mantiene en sus puestos a seis altos cargos imputados desde hace
varios años en causas relacionadas con corrupción.
Además, el Ejecutivo
ha adjudicado al menos seis millones de euros a una decena de empresas
imputadas en los denominados caso Tosca y caso Ópera, que investiga el amaño de contratos públicos, según el análisis de las adjudicaciones realizado por EL PAÍS en colaboración con la Fundación PorCausa..
Entre los investigados que el presidente Juan José Imbroda mantiene
al frente del Gobierno de Melilla se encuentran el vicepresidente y
consejero de Economía, Daniel Conesa; y el consejero de Educación,
Antonio Miranda, además de los viceconsejeros de Administraciones
Públicas, Hacienda, y Festejos —María Ángeles Gras, Guillermo Frías y
Francisco José Díaz—. También José Pastor, director general de Gestión
Económica Administrativa de Medio Ambiente.
Otros seis ex altos cargos melillenses siguen imputados en otros procesos.
Entre ellos, María Antonia Garbín, que ocupaba la cartera de Bienestar
Social, ha dejado su acta como diputada tras ser condenada en firme a 10
años de inhabilitación por el caso Abogados —contratación irregular de varios letrados por parte de la consejería— el pasado enero.
Los procesos abiertos por corrupción en Melilla, entre ellos el denominado caso Tosca
que investiga el amaño de contratos públicos, afectan a empresas
privadas acusadas de colaborar en la supuesta trama delictiva. Según las
sospechas de la Guardia Civil, toda esta supuesta red delictiva estaría
adjudicando esos contratos principalmente a cambio de otorgar empleos a
personas cercanas al Gobierno melillense (no solo familiares), tejiendo
así una posible red clientelar.
Algunas de estas firmas siguen todavía recibiendo contratos a dedo o
por procedimiento negociado —con un margen de discrecionalidad grande
por parte del Gobierno de Melilla—. Estos contratos sin concurso público
se mantienen a favor de estas empresas pese a que están investigadas en
los tribunales por corrupción. El grupo Eulen y su filial de seguridad han conseguido desde 2015
hasta 61 contratos discrecionales (59 menores y dos negociados sin
publicidad) pese a su situación procesal. En total, el Ejecutivo les ha
adjudicado por esta vía 5,2 millones de euros.
En los últimos años, el PP nacional ha reaccionado a la imputación de
altos cargos autonómicos exigiéndoles en muchos casos que dejaran sus
actas o cesarán en sus cargos públicos. Por razones parecidas a las que
se dan en Melilla dimitieron dos diputados autonómicos del PP en la
Comunidad de Madrid imputados en el caso Púnica; cesó el
presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; o se vieron forzadas a
pasar al grupo mixto del Senado la exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ya fallecida; o Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, cuya
causa archivó hace unos meses el Tribunal Supremo. (...)
Por su parte, la oposición denuncia la opacidad en la contratación
pública de Melilla, dado que “el 85% son contratos menores que no salen a
concurso público”, y cuestiona los procedimientos judiciales en marcha
por su lentitud. “En Melilla”, afirma Dionisio Muñoz, ex secretario
general del PSOE, “hay un dicho que funciona y es que el derecho acaba
en el Estrecho. Aquí no dimite nadie. Imbroda lleva un estandarte y es
que con él no va a salir nadie”.
El presidente de Melilla llegó a confirmar que María Antonia Garbín,
exconsejera de Bienestar Social y diputada en Melilla, repetiría en las
listas para las elecciones que se celebrarán en mayo. Pero la Audiencia
Provincial confirmó la condena por prevaricación contra Garbín, lo que
provocó su dimisión como parlamentaria.
Rachid Bussian, diputado de Coalición por Melilla, asegura que “las
adjudicaciones a empresas imputadas por corrupción se han multiplicado
en este tiempo”. “Es una forma de financiar ilegalmente al PP de
Melilla. Es su forma de seguir en el poder otros cuatro años”, añade.
En 2015, la Guardia Civil llevó a cabo la desarticulación de las
tramas corruptas que operaban en Melilla. En aquella operación
detuvieron a más de 15 personas, entre ellas cargos públicos y
funcionarios del Gobierno de Melilla, y apuntaron a la existencia de una
red de contratación ilegal mediante el fraccionamiento de contratos
para su adjudicación directa.
Colocación de familiares
La investigación judicial analizó adjudicaciones millonarias supuestamente fraudulentas del Ejecutivo presidido por Juan José Imbroda mediante el amaño de contratos. Uno de los principales beneficiarios, el grupo Eulen, también está siendo investigado por la colocación en sus empresas de personas afines al Partido Popular o familiares del Gobierno melillense como pago por las adjudicaciones conseguidas.
El secretario general del PP de Melilla considera que no pueden vetar
a determinadas empresas que no han sido condenadas aún. “Lo que el
Gobierno de la ciudad no va a hacer es actuar de juez y, por tanto, si
no hay sentencia sobre esas empresas, la Administración está
incapacitada para vetar a una empresa en concreto si no hay una
sentencia firme. Ninguna Administración pública puede vetar una empresa
por el mero hecho de que puedan existir indicios o que pueda haber en
marcha un procedimiento judicial determinado. No puede. Ninguna
Administración pública tiene la capacidad para poder llevar a cabo esa
discriminación. Sería manifiestamente ilegal”.
Más de seis millones a dedo a empresas investigadas
El Gobierno de Melilla adjudicó seis millones de euros entre 2015 y 2017 en contratos a dedo a 13 empresas imputadas en Ópera y Tosca, las dos grandes causas que investigan una posible trama corrupta por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental y malversación de fondos públicos, entre otros, según se desprende del análisis de las adjudicaciones de la ciudad.
A pesar de su situación judicial, las compañías implicadas
consiguieron en dos años, 93 contratos que no pasaron por concurso
público abierto. Los seis millones incluyen solo contratos adjudicados
por el procedimiento negociado sin publicidad, el más discrecional que
existe, o como contratos menores, de menos de 15.000 euros en el caso de
servicios o menos de 40.000 euros en el caso de contratos de obra
—respectivamente, 18.000 y 50.000 antes del cambio legislativo efectivo
desde marzo de 2018—.
Las firmas con más contratos adjudicados son la empresa de servicios
Eulen y su filial Eulen Seguridad, con más de 600.000 euros acumulados
en 59 contratos menores adjudicados sin concurso, que van desde encargos
de un día a trabajos de siete meses. Desde que está imputada, esta
empresa cuenta también con dos adjudicaciones en procedimiento negociado
sin publicidad, el más opaco permitido legalmente por valor de 4,6
millones.
Las pruebas obtenidas por la Guardia Civil en el marco de Tosca
revelan que Eulen y su filial Eulen Seguridad habrían incurrido en
fraccionamiento de contratos, duplicación de contratos, confección de
pliegos, desvío de fondos públicos por trabajos no realizados, uso de
sociedades pantalla y malversación. Según la Guardia Civil, el Gobierno
de Melilla actuó de forma “deliberada, planificada y orientada a
beneficiar arbitrariamente” a Eulen, “sorteando concursos públicos” y en
connivencia con el interventor de Melilla, nombrado por el Gobierno
local. Preguntada por EL PAÍS, la empresa ha declinado hacer
comentarios.
Un ejemplo de ello, según las pesquisas del instituto armado, es una
serie de contratos que Eulen recibió en 2015. Se trata de cuatro
adjudicaciones a dedo y con un importe idéntico (15.496 euros cada una)
para la gestión de cuatro instalaciones deportivas. De haberse tratado
de una adjudicación en bloque, el Gobierno melillense habría estado
obligado a convocar un concurso público. Esta dinámica también se
repite, por ejemplo, en el contrato para el mantenimiento de las zonas
verdes del Fuerte Rostrogordo: el Ejecutivo melillense divide en dos
contratos esta tarea sin justificar por qué. De ir juntos, estos dos
contratos, de 18.000 y 14.298 euros respectivamente, habrían sido
ofertados por procedimiento abierto (concurso público).
Trabaja en otro sector Huracán producciones, la segunda empresa que
más ha facturado entre las imputadas en el marco de las operaciones
Ópera y Tosca. A finales de 2010, la compañía costeó un viaje a Milán
con todos los gastos pagados a varios cargos de la Comisión de Festejos y
al viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, hoy imputado en un
proceso judicial. Uno de los invitados al viaje fue José Imbroda
Domínguez (fallecido en 2014), miembro de dicha comisión, vicepresidente
de la Autoridad Portuaria y primo del presidente de Melilla. La Guardia
Civil considera que en este viaje se dan “firmes indicios de cohecho”
por constituir “una dádiva a funcionarios”.
Fue adjudicataria de 26 contratos menores por valor de 158.000 euros
entre 2015 y 2017. Entre los contratos adjudicados a dedo llaman la
atención los de la cabalgata de Reyes del mismo año que ascienden a
9.820 y 14.500 euros, por lo que sumados habrían obligado a licitar en
procedimiento abierto. También hay un concierto de Gospel en el que
Huracán obtiene tres contratos a dedo y con un concepto similar, por
valor de 18.000, 6.405 y 9.672 euros.
Sociedades bajo sospecha
Otras sociedades también se encuentran bajo sospecha. Por ejemplo, Carmelo Martínez Lázaro, SL, en cuyas actuaciones la Guardia Civil ha rastreado posibles delitos de prevaricación y concierto con otras compañías para obtener contratos públicos de diversa índole, desde limpieza y mantenimiento de parques públicos y dependencias del Gobierno, hasta labores de salvamento en las playas de la ciudad, campañas de sensibilización y realización de encuestas. Entre 2015 y 2017, esta empresa fue adjudicataria de 65 contratos menores o negociados, que suman 415.000 euros.
Según los investigadores, esta
empresa se habría puesto de acuerdo con otras para licitar en concursos
públicos sin que hubiera una concurrencia real. Precisamente fue
Abdelkader Kasem, propietario de una de ellas, el que dio inicio a la
Operación Ópera tras confesar que la Consejería de Medio Ambiente le
pedía fraccionar sus facturas.
La Guardia Civil investiga también los contratos de Lunamar, que
facturó 217.000 euros a Melilla en el periodo señalado en contratos
menores. Los agentes creen que esta empresa se estaría presentando a
concursos públicos sin relación con su objeto social para favorecer la
adjudicación a otras compañías. Según la documentación del instituto
armado, los contratos que le fueron adjudicados de forma directa tienen
las cantidades a percibir escritas a lápiz." (Laura J. Varo, Daniele Grasso,José Bautista , El País, 25/02/19)
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