"El titular del Juzgado Central de Instrucción 6,
Manuel García-Castellón, ha dado un nuevo impulso a la investigación de
una de las piezas separadas del caso en el que se investigan las
actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En concreto, a la bautizada como pieza Iron, sobre el supuesto
espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados
de la competencia.
El magistrado ha citado a declarar como imputado para
los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia
Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de
datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las
víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo,
que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero. Era el jefe
de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO).
La decisión del juez García-Castellón de imputar a los agentes y el funcionario de Hacienda se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que los pasados 11 de septiembre y 21 de noviembre, cuando el juez instructor aún era Diego de Egea, magistrado de apoyo que abandonó la Audiencia Nacional el pasado 31 de diciembre, presentó sendos escritos para que se tomara declaración como imputados a los ahora citados.
La decisión del juez García-Castellón de imputar a los agentes y el funcionario de Hacienda se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que los pasados 11 de septiembre y 21 de noviembre, cuando el juez instructor aún era Diego de Egea, magistrado de apoyo que abandonó la Audiencia Nacional el pasado 31 de diciembre, presentó sendos escritos para que se tomara declaración como imputados a los ahora citados.
En los mismos, Anticorrupción destacaba que tras examinar los documentos intervenidos a Villarejo sobre lo que él bautizó como “Proyecto Iron” se había constatado que “dicho comisario junto a un número indeterminado de colaboradores […] accedieron sin justificación alguna que les diese cobertura, a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder IP Law”.
La fiscalía recalcaba que dichos informes, por los que el comisario cobró 300.000 euros, “contenían datos personales de personas relacionadas con dicha mercantil, cuyo acceso se encuentra restringido y que dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt [propiedad de Villarejo]”.
La investigación policial se centró en comprobar qué personas accedieron en los días previos a la elaboración de aquel informe de comisario jubilado a las bases de datos donde constan los mismos. Así, los agentes de Asuntos Internos pudieron comprobar que parte de los mismos habían sido consultados por dos inspectores jefes de la Policía Nacional destinados en la lucha antiterrorista, Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente ambos jubilados.
Anticorrupción destaca que ambos lo hicieron pese a que en aquel momento no había ninguna investigación abierta al despacho Balder IP Law. Por ello los acusa de un presunto delito de revelación de secreto y otro de cohecho.
Por los mismos delitos declarará como imputado el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente también jubilado. Según detalla el juez en su auto, cuando se registró la vivienda y el despacho del comisario Villarejo se encontró un documento de la Agencia Tributaria de 2013 relacionado con la declaración fiscal del bufete espiado.
También relacionado con la consecución de este documento tributario también tendrá que declarar como imputados otros dos policías, que ya estaban siendo investigados en otras piezas del caso Villarejo. Se trata del comisario García Castaño y Antonio Bonilla Martínez, a los que acusa de revelación de secreto y cohecho.
Finalmente, el juez ordena que comparezca como imputado un quinto agente de la Policía Nacional, Antonio Serrano García. A este no le relaciona con la consecución de información confidencial en las bases de datos policiales, pero si en el supuesto asalto que sufrieron los servicios informáticos de la empresa Balder. Este acudirá acusado por un delito de revelación de secretos." (Óscar López-Fonseca, El País, 17/01/19)
"La decisión de García-Castellón de imputar a estos seis presuntos topos de Villarejo se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera probado que en la documentación intervenida al comisario jubilado sobre el llamado Proyecto Iron (el encargo del bufete Herrero de investigar a un despacho de la competencia) existen datos […] confidenciales de las víctimas.
La fiscalía consideraba que este informe, por el que el comisario cobró 300.000 euros, contiene “datos personales [...] cuyo acceso se encuentra restringido y que, dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existen serios indicios de que los mismos han sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt [propiedad de Villarejo]”.
En otra de las piezas del sumario, la denominada Pintor —en la que se investiga al comisario jubilado por recabar información sobre un empresario y un abogado con el supuesto fin de extorsionarlos— ya se habían detectado irregularidades similares. Por ello, fueron imputados otros dos policías: un subinspector destinado en la lucha antiterrorista y un agente de Seguridad Ciudadana de Granada.
En el caso del Proyecto Iron, la investigación se centró en identificar tanto a policías como a funcionarios de la Agencia Tributaria que hubieran realizado consultas sobre datos confidenciales de las víctimas en los días […] previos a la elaboración del informe, en octubre de 2013. Los agentes comprobaron que parte de esa información había sido consultada por dos inspectores jefes destinados en la lucha antiterrorista, Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente jubilados. Anticorrupción los acusa por ello de revelación de secreto y cohecho.
Por los mismos delitos ha sido imputado el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente jubilado. Según detalla el juez, en los registros realizados tras la detención de Villarejo en noviembre de 2017 se encontró un documento de la Agencia Tributaria de 2013 relacionado con la declaración fiscal del bufete espiado.
El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, declararon este miércoles ante el juez del caso Villarejo como perjudicados de la Operación Kitchen. Ambos señalaron —como ya hicieron el 21 de diciembre ante el juez de la caja B, José de la Mata— que sospechan que fue su chófer quien en 2013 les sustrajo 27 documentos comprometedores para el PP de Rajoy.
La Operación Kitchen
Este jueves lo harán como imputados otros tres comisarios, en este caso por la Operación Kitchen, el dispositivo policial puesto en marcha en 2013 para espiar sin control judicial a Bárcenas en pleno escándalo por la caja b del PP. Uno de ellos es Villarejo, encarcelado desde su detención. El segundo, García Castaño, al que Anticorrupción señala como socio del anterior.
Finalmente, está citado el comisario Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Pino, señalado como jefe de la brigada patriótica, ha sido procesado por un juzgado de Madrid por intentar incorporar al sumario del caso Pujol un pendrive con información de origen desconocido.
El martes ya declaró el chófer del extesorero y actual policía Sergio Ríos, al que el juez retiró ayer el pasaporte, y fijó comparecencias mensuales en el juzgado tras confesar que trabajó para Interior a cambio de dinero. El miércoles lo hizo el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo, que estaba en 2013 a las órdenes de Pino, fue señalado por el conductor de Bárcenas como la persona que le captó como confidente. Tras declarar, el juez prohibió a este mando abandonar España." (Óscar López-Fonseca, El País, 17/01/19)
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