"Sería absurdo que no me contratase a mí mismo".
El arquitecto Alfredo Santos García reconoció ayer que fundó la
asociación sin ánimo de lucro GINSO en 2001, cuando la Ley del Menor
entró en vigor. Esta asociación le ha servido hasta ahora para hacerse
con la gestión y construcción de tres centros en España.
P.
¿No cree que suena raro que un arquitecto con empresas de construcción
cree una asociación sin ánimo de lucro con la que consigue contratos de
obra?
R. No, y es legal. Lo primero es que tengo
inquietudes sociales. Es cierto que fundo esa asociación en 2001,
después de la Ley el Menor. Gente de la Administración me llamó y me
sugirió que mi experiencia de más de 30 años en la construcción de
centros penitenciarios podría aportar mucho a las necesidades de las
comunidades, que entonces no tenían reformatorios suficientes para los
menores.
Da la casualidad de que soy arquitecto, tengo una empresa de
proyectos y el 9% de una constructora. Si me dan la gestión del centro
sería absurdo que no me contratara a mí mismo para hacer la obra.
Alguien tiene que hacerlos. No se los voy a encargar a otro para que lo
gestionemos luego nosotros. Sería una complicación buscar otra
constructora. Además, sale más barato.
P. En la construcción del centro de Brea de Tajo también participan otras empresas que son de sus socios.
R. Claro, lo lógico es que yo encargue la obra a gente de mi confianza.
P. ¿Cómo le encargaron la Comunidad y la Junta los centros que ha construido?
R. Se pusieron en contacto conmigo y nos contrataron
la gestión y el edificio. Se llegó a un precio y lo hicimos. En el caso
de Brea de Tajo es de 157 millones de euros. Luego, lo gestionaremos
para conseguir la reinserción de los jóvenes.
P. ¿Pero usted gana dinero con el presupuesto que le da la administración?
R. Sí, pero no me lucro. Ése dinero es para 15 años.
Unos 12 millones van a la construcción del edifico. El resto para la
gestión, sueldos, mantenimiento...
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de mayo de 2006" (Álvaro de Cózar , Mónica Ceberio Belaza , El País, 23/May/2006)
"Un centro de menores, Teresa de Calcuta,
como vehículo para la financiación ilegal del PP.
Es el entramado que
describe Podemos en una denuncia que se presenta este martes ante la
Fiscalía Anticorrupción.
El partido sitúa el convenio firmado por el
Gobierno regional de Esperanza Aguirre en 2006 con la Asociación para la
Gestión de la Integración Social (GINSO) para la construcción y gestión
del centro, donde viven 170 menores con medidas judiciales, como
"desencadenante de la colaboración de Alfredo Santos –presidente de
GINSO– en la maquinaria de financiación del PP".
Este acuerdo de colaboración está en
vigor hasta 2021 y se firmó por 15 años con un presupuesto de 157
millones de euros. Según Podemos, la entidad sin ánimo de lucro GINSO
"sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la
financiación irregular del PP a través de unos informes sobre
delincuencia juvenil que nunca aparecieron".
Esta
nueva línea de investigación sobre la financiación en B del PP se abrió
en marzo tras una declaración judicial del exvicepresidente madrileño
Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica. Granados
aportó al juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de
la Audiencia Nacional, facturas "falsas", según su testimonio,
para la elaboración de unos estudios sobre delincuencia juvenil en el
ámbito europeo que habrían encubierto la financiación en B.
La
colaboración se firmó entre GINSO y una empresa vinculada con Álvaro
Renedo (Inver-Beta S.L), expresidente de Telemadrid por intermediación
del consejero de Justicia y presidente del Consejo de Administración de
la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor,
Alfredo Prada, según la denuncia.
Así lo confirma también una declaración
de 2012 ante notario realizada por Carmen Balfagón, ex directora de la
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reinserción del Menor
Infractor y actual directora general del Imserso. Dicha declaración, desvelada por El Mundo,
relata cómo Prada, a las órdenes de Esperanza Aguirre e Ignacio
González, impulsó la realización de los estudios que, según su relato,
servirían para "tener más conocimiento en materia de inserción de
menores" y, además, pondrían "en valor el conjunto de actuaciones de la
propia Consejería en determinados medios de comunicación social".
Un
total de cuatro facturas, según la declaración de Balfagón, por valor de
173.000 euros que implicarían también al periodista fallecido Germán
Yanke Greño.
Podemos, en una denuncia presentada por
la diputada Isabel Serra, también pone en conocimiento de la Fiscalía
que la "empresa GINSO, que a día de hoy tiene un convenio aún vigente
para la gestión de ese centro, forma parte de un entramado de empresas
que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación
irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol
(Ibadesa, Inypsa, Isolux)".
"Sus relaciones con Ibadesa nos hacen
sospechar de su participación en una estructura corrupta mayor, dedicada
al saqueo de fondos públicos y que trasciende de la Comunidad de
Madrid, especializándose en captar fondos europeos para el desarrollo en
países de América latina y África", añade el documento dirigido a
Anticorrupción.
Según la denuncia, la firma del convenio
de colaboración en marzo de 2006 estuvo rodeado de movimientos de
traspaso de carteras entre empresas que asumieron la construcción del
centro y que estaban relacionadas con GINSO. Lo admitió en una
entrevista en 2006 en El País el arquitecto y presidente, Alfredo
Santos.
"Da la casualidad de que soy arquitecto, tengo una empresa de
proyectos y el 9% de una constructora. Si me dan la gestión del centro
sería absurdo que no me contratara a mí mismo para hacer la obra.
Alguien tiene que hacerlos. No se los voy a encargar a otro para que lo
gestionemos luego nosotros. Sería una complicación buscar otra
constructora. Además, sale más barato", afirmó.
Estas empresas de proyectos eran Icono y
Prodos-Proyect-Process S.L, "sociedades instrumentales", según Podemos.
La última, vinculada a Ibadesa, fue adquirida en un 70% por otra
compañía, INYPSA, el mismo mes que la Comunidad de Madrid firmó el
convenio de colaboración con GINSO, de acuerdo con la denuncia.
La
cartera de proyectos comprada incluía equipamientos hospitalarios en
República Dominicana, China y Angola, además de la construcción del
centro de menores en Madrid. El sobrino de político de Cospedal, José
Herrero de Egaña y López del Hierro, era entonces vicepresidente de
Prodos, según el documento.
Movimientos similares se registraron,
siempre según Podemos, en adjudicaciones de la Junta de Andalucía unos
años antes con otros centros de menores, como el de La Marchenilla
(Algeciras), Tierras de Oria (Almería) y el de Inserción Laboral de
Purchena (Almería). "En estos casos ya se utilizó a GINSO como
pantalla", dice la denuncia, que sitúa a Alfredo Santos y sus empresas
como beneficiario." (Sofía Pérez Mendoza, MSN, 17/12/18)
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