"Dice la periodista especializada en corrupción, Laura
Ballester, que la corrupción es un organismo vivo que se retroalimenta a
sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que se hayan podido
hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello.
Dentro del repaso que El Plural está ofreciendo a sus lectores de los
casos valencianos es preciso hacer una parada técnica y explicar algunas
cosas que si no se hace un reportaje específico no se entenderían bien.
Cuando Ballester dijo esta frase era porque Esteban Cuesta, uno de los principales imputados dentro del caso Emarsa (caso que se tratará próximamente), anunció que iría a declarar ante el magistrado de Taula
para explicarle una de las vías de financiación que utilizaba
presuntamente el PP de Rita Barberá.
Esa vía era, ni más ni menos, la
que se realizaba con maletines con dinero público que salían de la depuradora
de la que era gerente, y por cuyo saqueo se ha sentado en el banquillo y
está a la espera de sentencia. Afirma el exgerente que se habrían
pagado cerca de 100.000 euros para "actos de partido del PP de Valencia"
con dinero procedente de la depuradora.
Así, de la noche a la mañana, un caso se cruzaba con otro.
Pero no ha sido el único. El más sonado ha sido la supuesta vinculación
de varios acusados de Taula con la trama Púnica. Hace unos meses, el
magistrado instructor de Púnica enviaba a Valencia un informe que unía a
tres investigados en los juzgados valencianos con uno de los
principales investigados en la Audiencia Nacional, Alejandro de Pedro.
Púnica y Taula
Dicho informe, que fue publicado por El Plural, apunta, además de a De Pedro, a tres nombres propios que ahora ya están bajo sospecha en dos causas diferentes. El actual diputado popular y exconcejal, Miquel Domínguez; el exasesor y ahora concejal, Alberto Mendoza y el exjefe de prensa del consistorio valenciano, Julio Valero.
Sobre los tres explica la UCO que en "aquellos
momentos el teniente de alcalde de la Ciudad de Valencia y concejal
delegado con los Medios de Comunicación, habría elevado para su
aprobación el expediente de contratación instado por Alberto Mendoza
(concejal) y Julio Valero (jefe de prensa) a favor de la empresa Madiva
Editorial y Publicidad SL, con la verdadera finalidad de financiar a un
diario digital Ahora Valencia afín a los intereses políticos de las autoridades del Ayuntamiento de València (PP). Por ello, Domínguez podría haber incurrido como presunto autor de supuestos delitos de fraude y malversación".
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil aseveran sobre Mendoza que se "habría prestado como
interlocutor" entre el llamado por el magistrado en un auto conseguidor
de Púnica, Alejandro de Pedro, y el jefe de prensa, Julio Valero, "con
la verdadera finalidad de mejorar la imagen institucional de la
corporación municipal en las redes sociales, así como para contrarrestar
informaciones negativas a través del diario Ahora Valencia".
De Valero explican que con "la mediación de Mendoza,
habría sido asimismo partícipe de la contratación", y todo ello por los
mismo motivos que el resto: conseguir mejorar la imagen del PP de la
ciudad de València. A ambos, de la misma forma que a Domínguez, les
acusan de fraude y malversación.
Clan Blasco
Otro de los cruces corruptos más conocidos en las tierras valencianas es el que afecta al clan Blasco, liderado por el exconseller Rafael Blasco
que cumple prisión por robar el dinero del tercer mundo en el marco del
caso Cooperación, y del que este periódico ya ha hablado.
En el caso de los Blasco se cruzan dos casos y un tercero que afecta a otra parte de la familia,
pues todos ellos son los protagonistas de hasta tres tramas. El primero
es el caso Cooperación en el que como ya se ha dicho está Blasco, el
segundo el caso IVAM, por el que su mujer Consuelo Císcar y su hijo
Rafael Blasco Císcar, más conocido como el artista Rablaci, están
imputados por entre otros motivos, utilizar dinero público del Museo
IVAM que dirigía su madre para conseguir que la carrera del retoño como
artista despegara.
Pero hay un tercer caso, la operación Osvaldos,
en el que fueron detenidas nueve personas, entre ellas Sergio Blasco
Perepérez, exgerente del Hospital General de València, y su hermano
Francisco, hijos del que fue presidente de la Diputación de Valencia
Francisco Blasco para los que tras la detención el fiscal del caso pidió
prisión eludible bajo fianza y que es el que se cruza con Cooperación.
De hecho, las investigaciones de Osvaldos comienzan a raíz de una declaración de un testigo en la trama Cooperación.
Una declaración que la magistrada paró en seco y realizó a puerta
cerrada solo con el fiscal. A partir de ahí comenzó una investigación
que culminó con las detenciones de los Blasco y siete personas más.
Este caso se centra en el presunto amañó de contratos
por cerca de 30 millones de euros que fueron a parar a un entramado de
empresas vinculadas al sobrinísimo. Unas, dirigidas por un testaferro;
otras, por su hermano y su sobrino. Los registros que se realizaron el
día que reventó la operación Osvaldos, una veintena, se realizaron en
dos frentes diferentes.
Por un lado, los agentes registraron las
empresas presuntamente involucradas en la trama. Por otro, la Policía
Nacional solicitó contratos de los años 2004 a 2014 de la Conselleria de
Sanidad, del Hospital General y de la Fundación del Hospital General,
además de algunos del hospital La Fe.
Estos son los ejemplos de como el robo sistemático de dinero público no entiende de rencillas políticas,
ya que según lo investigado, a la hora de meter la mano en la caja da
lo mismo de la trama de la que se trate, es más bien una cuestión de
estar bien posicionado y poder acceder a esos caudales tan ansiados." (Loreto Ochando, El Plural, 15/04/18)
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