"(...) ¿Qué hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupción y de
sumarios? Intentar controlar la administración de justicia. Como muestra
cabe señalar que, con Rafael Catalá ministro de Justicia, ha habido
tres fiscales generales del Estado en tres años.
Torres-Dulce, que
dimitió porque el gobierno Rajoy quería controlarlo; Consuelo Madrigal,
que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y José Manuel Maza de
acuerdo con el gobierno.
Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se negó Madrigal:
fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupción.
Además de sustituir a más de 30 fiscales dedicados a casos concretos de
corrupción.
La Unión Progresista de Fiscales denunció que esas
sustituciones solo podían entenderse desde el interés político e
ideológico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupción”.
Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como
fiscal jefe de Anticorrupción, aunque fue advertido varias veces por
fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el único sin ninguna
experiencia en Anticorrupción, entre los siete candidatos al
puesto.
Moix, como Fiscal de Madrid, había intentado cerrar el caso de
los espías pagados por el gobierno de la Comunidad autónoma, ignoró la
denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II,
rechazó acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad
(cuando se fugó de agentes de tráfico en la Granvía madrileña) y, contra
el criterio de los fiscales encargados, intentó finalizar las
intervenciones telefónicas al ex-presidente de la región, Ignacio
González, hoy en prisión preventiva.
A pesar de la mala fe del PP, esta parte del escándalo acabó bien
cuando Moix por fin dimitió como Fiscal Anticorrupción por la enorme
presión mediática y ciudadana (147.000 firmas pidiendo que fuera
destituido) tras saberse que Moix tenía parte de una empresa radicada en
Panamá, propietaria de una cahlert de medio millón de euros.
Otrosí, Dolores de Cospedal ha mangoneado para lograr que
Concepción Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional. Sala que, casualmente, resolverá recursos penales de casos de
corrupción de Púnica y Lezo que afectan directamente a gente del
Partido Popular.
Esa magistrada fue apartada dos veces por sus
compañeros jueces de juzgar el caso Gürtel por excesiva proximidad al
Partido Popular.
La solución del PP a la cantidad de cargos públicos salpicados por
presunta corrupción ya no es decir que son ‘casos aislados’. Como ha
escrito el filósofo y analista Antoni Doménech “salta a la vista
ahora mismo que en el Reino de España el poder ejecutivo, aun en clara
minoría parlamentaria, controla la justicia a su placer”.
Por eso
no extraña que en el Eurobarómetro de abril de 2016, solo 30% de
españoles confíe en la independencia de la justicia. Pero no olvidemos
también que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo
expuesto en los informes de la Guardia Civil, y además pretender
mangonear la justicia, debería tener consecuencias serias." (Por razones, 29/05/17)
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