"¿Puede existir un corrupto sin que exista un corruptor? Para ser más
precisos, ¿puede un responsable político o un alto cargo de la
Administración cometer cohecho, es decir, ser sobornado, sin que alguien
le soborne?
La lógica dice que no. Si algún responsable público recibe o
solicita dinero, o favores, habrá otro alguien que se lo da. Lo
contrario sería algo así como un partido de tenis en el que sólo jugara
un tenista. Esta lógica apenas se refleja en la cultura mediática en
España.
Parece entenderse que el malo es el sobornado, que toma la
iniciativa y chantajea al sobornador. ¿Siempre es así? Lo cierto es que
el propio soborno conlleva esa pena. El corrupto que cobra da a cambio
de ello dos cosas: el favor que se le retribuye y el asumir el riesgo y
la culpa.
Algunas muestras de ello, ya conocidas.
El caso Filesa. Fue una trama del PSOE para costear sus
campañas electorales. Se descubrió en 1991. La sentencia declaró probado
que 10 grandes empresas habían pagado entre todas casi 1.000 millones
de pesetas, en dinero de hoy serían 8,5 millones de euros. Entre ellas
figuraban el Banco Central, el BBV, la petrolera CEPSA, Pryca, Focsa,
luego transformada en FCC, Abengoa o Enasa. No hubo por ello
adjudicaciones de obras, contratas o cosas por el estilo.
¿Qué
obtuvieron a cambio? Sólo cabe entender que ganarse al partido en el
poder con carácter general, lo que supone mucho más que una adjudicación
aislada. Fueron condenados seis miembros de la trama y sólo dos
empresarios. Estos, tan sólo a seis meses de arresto. ¿Iba implícita
esta benevolencia del sistema judicial en el trato?
Caja B del PP. Los Papeles de Bárcenas, que el propio
extesorero del PP ha confirmado como auténticos, recogen pagos al PP de
unos 3 millones de euros, entre ellos, de grandes empresas: las
constructoras OHL, Sacyr y FCC o Mercadona. Bárcenas ha negado que
recibieran adjudicaciones concretas. ¿Por qué pagaban? Sólo cabe
entender que por sostener el Partido Popular… y sus políticas.
El Código Penal no contempla esto como cohecho, pese a ser
un soborno, porque no hay una contraprestación concreta del responsable
político. Pero lo que se obtiene es mucho mayor: mantener en el poder
al que puede favorecer sus intereses.
De hecho, hay muchas maneras de
ganarse a políticos o de sostener a partidos que favorecen los intereses
de los poderosos, como la citada financiación por vías indirectas,
colocarlos en puestos bien retribuidos en las empresas una vez
finalizado su mandato público o apoyar a los medios de comunicación que
les son más proclives. Todo ello por vía legal.
En los casos de corrupción de responsables políticos, con
ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la
contraparte: que sus intereses se antepongan al interés general. En
democracia, donde el interés general debe responder a la voluntad de los
ciudadanos, consiste en torcer esa voluntad general a favor de quien
tiene dinero para hacerlo.
Se entenderá esto más claro con un ejemplo: si un equipo
de fútbol soborna a un árbitro, incluso aunque sea el mismo árbitro
quien se ofrezca al trato, lo más grave para todo el mundo no será el
dinero que se lleva el árbitro, sino que con la operación el club
corruptor ha ganado ilícitamente el partido.
Me proponía escribir un artículo sobre el otro lado de la
corrupción en nuestro país. Y no suponía que fuera tan difícil. Ya lo
sabemos, a un lado juegan políticos, responsables de la Administración.
En la otra parte de la pista ¿quién está? La cosa debería resultar
elemental.
Pues no lo es tanto. No quiere decir que los investigadores
de los casos manifiestamente ilegales no lo puedan saber, pero los
ciudadanos tienen poco conocimiento de ello. Se dice una vez, dos, en
los medios de comunicación y apenas hay reproche social hacia esa parte
que juega, si no oculta, sí en el lado sombrío de la pista.
Hago una prueba bien simple. Enciendo el ordenador. Voy a
Google. Escribo “políticos acusados de corrupción en España”. Le doy a return
y ya está. Lo primero, Wikipedia. “Políticos de España implicados en
casos judiciales”. Sólo hay que abrir la página y allí los tenemos: más
de 500 políticos. Y es una lista creo que incompleta.
Pero ahí está. Le
siguen otros artículos más o menos precisos: “Así se reparte la
corrupción en España”. “Cataluña lidera el ranking de corruptos
procesados”. “En España hay un total de 3.000 personas investigadas en
causas de corrupción”. En este se recuerda que hay políticos y
empresarios de renombre, aunque de empresarios no se cita ni uno. Y así
podemos seguir una, dos tres y tropecientas páginas.
Acto seguido tecleo en el buscador “empresas acusadas de corrupción en España”. De nuevo le doy a return
y encuentro “Tres empresas acusadas de corrupción en España fueron
elegidas…” bueno, algo es algo… ¡ah, no! Se trata de una página de
Chile. Lo mismo que la siguiente,… y la siguiente. La cuarta ya es
española: una noticia de El País. Se refiere a las acusaciones
que pesan sobre empresas que hicieron obras del AVE, pero no da nombres.
En fin, el resto de las páginas que veo se ocupa de corrupción de
empresas alemanas en Grecia, un soborno en Guinea y cosas así. No es
que no se puedan encontrar. Es posible, pero tienden a pasar
desapercibidas y en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas.
Y
eso que, según el Índice de Pagadores de Sobornos, de Transparencia
Internacional, de 2002, citado por un estudio del Real Instituto Elcano,
“las empresas españolas estarían en Latinoamérica situadas entre las
más corruptas; en concreto, de los siete países más exportadores de la
región, las empresas españolas sólo serían superadas por las chinas en
su tendencia a sobornar”. Hay que entender que en este caso debe
tratarse sobre todo de grandes empresas, que son las que principalmente
tienen presencia en Latinoamérica.
La ley de contratos con las Administraciones Públicas prohíbe en su
artículo 60 contratar con la Administración a quien haya sido condenado
por tráfico de influencias, cohecho, corrupción en transacciones
económicas, delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o
los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Faltan cosas, como
la financiación de partidos políticos, pero sería interesante saber a
cuántas empresas les ha ocurrido esto." (Emilio de la Peña, CTXT, 22/03/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario