"La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto
que el presunto capo del fraude en el ente público Agua de las Cuencas
Mediterráneas SA (Acuamed), el exdirector general del organismo Arcadio
Mateo del Puerto, utilizó una empresa familiar para cobrar supuestas
comisiones ilegales por la manipulación de adjudicaciones.
Las pesquisas
se centran en la mercantil Demoscopia y Servicios SL, dedicada a la
realización de encuestas y administrada ficticiamente por su mujer,
María José Combarro.
El hallazgo salpica de lleno al Partido
Popular. Como informó este diario, Génova encargó a esa misma empresa
instrumental la realización de sondeos electorales internos para las
europeas de 2014, las municipales de 2015 y las generales que también se
celebraron el 20 de diciembre de ese año. Sólo un mes después, el 18 de
enero de 2016, Mateo fue detenido por la Guardia Civil.
Durante el
registro de su vivienda, los agentes encontraron una factura de
Demoscopia y Servicios SL “a nombre del Partido Popular por importe de
45.339,2 euros”. Un testigo ha confirmado ahora que Mateo se presentaba
como “responsable de las encuestas del PP”.
Las presuntas
comisiones ilegales percibidas por el cerebro de la trama han aparecido
en una pieza secreta que abrió el Juzgado Central de Intrucción número 6
de la Audiencia Nacional el pasado octubre, tras comprobar que
compañías adjudicatarias de Acuamed habían realizado pagos sin lógica
comercial aparente a la firma familiar de Mateo.
Uno de los clientes de
Demoscopia y Servicios SL investigados es Iberdrola. Agentes de la
Guardia Civil acudieron el pasado noviembre a la sede de la eléctrica en
la calle de Tomás Redondo de Madrid para llevarse contratos y correos
electrónicos relacionados con los hechos, según reflejan los documentos a
los que ha tenido acceso El Confidencial. El registro no había
trascendido hasta el momento.
Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado concluyen en
un oficio del pasado 29 de marzo que Iberdrola realizó una transferencia
a la empresa instrumenal de Mateo de 24.200 euros el 17 de diciembre de
2012 por la supuesta “elaboración de un proyecto de investigación
demoscópica”.
La eléctrica entregó a los agentes un contrato y el
supuesto proyecto realizado por Demoscopia y Servicios SL. Sin embargo,
la UCO sostiene que “no queda claro el objeto y finalidad” del contrato
ni que el trabajo efectuado por la firma del capo de Acuamed se ajuste a
las necesidades de la cotizada. Los sondeos aportados son,
principalmente, “encuestas con intención de voto”, que ni siquiera
aparecían “en el contrato inicial” del servicio.
La Guardia Civil
recuerda en el oficio que, cinco meses antes de que se produjera el pago
de los 24.200 euros, Acuamed concedió a Iberdrola “la ejecución de
infraestructuras para el suministro eléctrico a la estación depuradora
de Aguas Residuales de Sueca-Valencia”, un proyecto valorado en 243.618
euros. Además, dos días después de recibir el dinero en su cuenta, Mateo
se reunió casualmente con representantes de Iberdrola. La cita quedó
reflejada en su correo electrónico.
La pieza secreta también ha
rastreado dos pagos de 20.000 euros más IVA cada uno que recibió
Demoscopia y Servicios SL de una constructora de edificios
residenciales, Esol SA. El dinero sirvió teóricamente para pagar dos
investigaciones: un “Estudio de mercado sobre introducción e
implantación de cartera de productos en Argelia (Constantine, Argel y
Oman)” y un segundo “Estudio de mercado sobre introducción e
implantación de cartera de productos en Colombia (Bogotá, Neiva y
Cartagena de Indias). Los trabajos no han aparecido.
Con todo, las mayores sospechas giran sobre otra constructora, Ayesa
Ingeniería. Comunicaciones intervenidas durante las pesquisas señalan
que Demoscopia y Servicios SL habría encargado a una filial de Ayesa,
Ayesa Atech BPO, la realización de encuestas de intención de voto para
las elecciones europeas de 2014, las municipales de 2015 y las generales
de este mismo año.
Por esos servicios, la firma de Mateo debería haber
abonado 60.000 euros más IVA. Sin embargo, sólo realizó dos pagos por un
importe total de 24.000 euros, “no siendo reclamada la diferencia [por
Ayesa], según manifiesta el responsable” de esa compañía.
El
responsable al que se refiere el oficio es Francisco Javier Requejo,
director de Ayesa Atech BPO, que declaró en calidad de testigo ante la
Guardia Civil en octubre de 2016. Admitió que conocía al presunto capo
de Acuamed pero no supo explicar por qué su empresa nunca le reclamó el
dinero que le debía ni tampoco aclaró por qué no firmaron un contrato
para sustanciar esos trabajos. La relación se basó en un simple acuerdo
verbal.
Además, durante el interrogatorio, el testigo reconoció que
Mateo se “había presentado como responsable de las encuestas del Partido
Popular y decía que las encuestas se realizaban por los afiliados del
PP”. Es decir, que el dinero perdonado por Ayesa habría terminado
financiando sondeos de Génova.
La UCO establece una relación entre
esa deuda y los contratos irregulares que adjudicó Acuamed a Ayesa
durante la etapa de Mateo, que fue colocado al frente de ese organimo
público por el Gobierno del Partido Popular en febrero de 2012, a los
tres meses de que Mariano Rajoy ganara sus primeras elecciones
generales. El propio juez Eloy Velasco aseguró incluso en un auto del
pasado octubre que el presunto cerebro de la trama era “persona de mayor
confianza” de Miguel Arias Cañete, ministro entonces de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, el organismo en el que se encuadraba
Acuamed.
En concreto, según los agentes del Instituto Armado, Ayesa “habría
sido beneficiada con la adjudicación ‘ad hoc’ de dos contratos” de
asistencia técnica a las obras de descontaminación del embalse de Flix
(Tarragona) y “habría participado también en la confección de
documentación en el contrato del Río Serpis [para laminación y control
de avenidas] al objeto de maquillar los documentos de liquidación”.
La
firma de encuestas contratada por el PP también recibió pagos de dos
despachos sobre los que apenas existe información: Tavros Gestión y
Emeerre Asesores. Se trata de mercantiles administradas por personas
diferentes. Sin embargo, según ha podido acreditar la Guardia Civil, su
verdadero propietario sería un tercer individuo, Miguel Martín-Rabadán
Muro, un oscuro intermediario sobre el tampoco constan demasiados datos.
Su domicilio particular coincide con el de ambas sociedades.
En
total, Demoscopia y Servicios SL recibió de Tavros Gestión y Emeerre
Asesores 151.250 euros entre octubre de 2014 y noviembre de 2015 por
supuestos trabajos de investigación, a pesar de que ambas firmas
carecían de actividad conocida. Además, la UCO sólo ha encontrado uno de
los trabajos de investigación y ha concluido que fue confeccionado tras
el estallido del caso Acuamed para tratar de dar apariencia de
legalidad a esa relación comercial.
Un portavoz de Génova ya
reconoció en conversación teléfonica con este diario que la empresa de
Mateo hizo encuestas para los populares de Murcia, Extremadura y
Castilla-La Mancha con motivo de las elecciones municipales y
autonómicas de 2015.
Además, los agentes de la UCO encontraron en la
casa del presunto cabecilla de la trama un presupuesto y la posterior
factura de Demoscopia y Servicios SL “a nombre del Partido Popular por
importe de 45.339,2 euros” para las elecciones generales de 2015. La
pieza secreta del caso ratifica ahora que la firma también fue elegida
por Génova para realizar encuestas en las elecciones al Parlamento
Europeo de 2014.
El lapso en el que se celebraron esos comicios coincide con las
presuntas irregularidades millonarias que se habrían producido en las
obras públicas licitadas por Acuamed durante el mandato de Mateo. Los
investigadores todavía no han determinado si el PP pagó a su empresa el
precio real de los sondeos que le encargó o, por contra, como ya apuntan
las pesquisas, costeó parte de las encuestas con el dinero
presuntamente irregular que Demoscopia y Servicios SL recibió de
Iberdrola, Esol, Ayesa Ingeniería, Tavros Gestión y Emeerre Asesores. El
juez que sustituirá a Eloy Velasco, Manuel García-Castellón, decidirá
qué diligencias se practican para avanzar en esta línea de investigación
del caso Acuamed." (José María Olmo , El Confidencial, 22/06/17)
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