"El Partido Popular de Madrid mantuvo una contabilidad B para financiar al menos tres campañas electorales por importe de 4,9 millones de euros con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas.
Estos empresarios fueron luego
adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por
dicho partido político. Así se desprende de los informes de la Guardia
Civil que figuran en el sumario del caso Púnica al que ha tenido acceso Público.
El Partido Popular madrileño mantuvo una
contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas
electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de
2008. La Fiscalía eleva a 4,9 millones de euros el dinero gastado en
exceso con ayuda de esta contabilidad.
Los populares utilizaron su fundación Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) desde la cual pagaron gastos electorales. También recurrieron al dinero procedente de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, según el sumario.
Existen evidencias de que una red de
empresarios nutría esta financiación y ayudaban a ocultar los gastos
electorales no declarados.
La Guardia Civil ha detectado “la
participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha
formado parte integral de la estrategia del Partido”. Estos empresarios
no solo se beneficiaban del volumen de negocio generado por las campañas
electorales -que cobraban además parte en dinero negro- sino que
también “han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en
administraciones controladas por el Partido Popular”.
El PP, destinatario y pagador
En el marco de su colaboración con el PP de
Madrid estos empresarios habría recibido dinero en metálico de
procedencia opaca y, además, habrían “falseado facturas con el propósito
de ocultar la prestación de servicios de campana y habrían actuado de
intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como
destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados” por estas
empresas.
Entre los empresarios figuran Daniel Horacio Mercado
(vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y
Marketing SL, Traci Comunicación SL y Link America SL), encausado por
el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, por una estrategia
similar desplegada allí en relación a un Plan de Comunicación de los
Hospitales en las Islas Baleares donde se hacía publicidad para la
campaña electoral del PP.
Otros empresarios citados por la UCO son Óscar Sánchez Moyano
(vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas; Sintra
Consultores; FormaSelect Consulting y Troyano Marketing, ambas SL);
Ricardo Vázquez Segura (Back RVS Producciones Culturales y Comunicación,
S; Área de Recursos, Pirámide Prodicciónes y Krea Producciones);
Marcelino Luis Elosía de Juan (vinculado a Laboratorio de Almagro 36;
LID Editorial y Consejeros Empresariales Españoles), así como María
Lluisa de Madariaga Sánchez, también de Laboratorio Almagro 36 y de
First Tuesday.
Dos millones y medio de exceso en las campañas
La investigación apunta a que sólo en las autonómicas del año 2007, los populares gastaron dos millones de euros y medio de exceso, por encima de lo declarado ante el Tribunal de Cuentas.
Los empresarios ingresaron en 2007
“importantes cantidades de dinero” en Fundescam que no fueron declarados
y existen “sólidos indicios” de que fueron adjudicatarios de contratos
relacionados con administraciones públicas controladas por el PP.
Arturo Fernández, expresidente de la
patronal madrileña CEIM, es una de las personas que están acusadas de
financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a
Fundescam.
El grupo Cantoblanco de Arturo Fernández
también fue también adjudicatario en diciembre de 2.007 de un contrato
por dos años para la explotación del servicio de cafetería en el
edificio de la calle Carretas de Madrid, dependiente de la
Viceconsejeria primera de la Comunidad de Madrid.
La red de Granados y Beltrán Gutiérrez
El juez central de instrucción 6 investiga como responsables de la financiación en B del PP de Madrid a Francisco Granados,
exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exnúmero 3 de
Esperanza Aguirre. También se investiga al extesorero del partido
Beltrán Gutiérrez y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría.
El análisis de la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez
revela “numerosas irregularidades de la normativa electoral y de
financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad
B de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos
comicios electorales”, expone la Guardia Civil.
La Caja B servía tanto para los ingresos
como para los gastos, entre los que destaca el abono en metálico a
proveedores de campaña por encima del millón de euros.
La Fundación Fundescam fue utilizada para
pagar a proveedores de servicios electorales, “contraviniendo que los
partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el
coste de sus adquisiciones” o gastos. La Fundación a su vez se habría
nutrido de aportaciones de empresarios por un importe cercano a los 350.000 euros.
Los populares utilizaron la fundación
Fundescam para pagar gastos electorales. Los miembros de su patronato
que además formaban parte del organigrama electoral y tenían firmas en
sus cuentas eran: Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Isabel Mariño
Ortega e Ignacio Echevarria Echaniz, además de Ignacio González
(cabecilla de la trama Lezo) y Beltrán Gutiérrez." (Público, 06/05/17)
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