"Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.
La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.
A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.
"Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones", recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.
En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente "importantes cantidades de dinero" de empresarios en 2007.
Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar "gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".
En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca", añaden los informes.
La Guardia Civil concluye que los "elementos probatorios" que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos "podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho".
En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia, añaden los investigadores, es "contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está "sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid". Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los "elementos probatorios" presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.
Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
Cifuentes y los expertos "favorecieron" a Cantoblanco
Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Fernández.
La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos". Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.
Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, "una falsa argumentación", según los agentes.
Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos.
"Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores citan fragmentos literales de las declaraciones de algunos integrantes de ese comité de expertos. Zubiri explicó a los agentes que se reunieron todos en el despacho de Cifuentes para compartir las valoraciones que habían hecho sobre la oferta de Cantoblanco. Merino propuso algunas modificaciones que llevaba escritas en un papel. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri." (eldiario.es, 16/05/17)
"Los seis "elementos probatorios" de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes.
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.
El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la cámara.
Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios "de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a Fundescam".
Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.
Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado esa documentación.
En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.
Hasta tres informes implican a Cifuentes
Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco.
En ese otro informe, la UCO recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino, los otros dos integrantes del comité.
Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida por la tercera integrante. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.
Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri.
"Elementos probatorios" de dos delitos
Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos informes, estos señalan que existen suficientes "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de dos delitos. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", señala el tercer informe, sobre las adjudicaciones a Cantoblanco.
A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que incluyen es Cristina Cifuentes como "componente del comité de expertos en las licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011".
Recuerdan en su informe que se trata de una persona que "ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid". Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.
En los Pliegos Administrativos se incluyeron criterios de solvencia técnica acumulativos con exigencia de clasificación que restringieron la concurrencia de empresas a la licitación.
La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.
A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.
"Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones", recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.
En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente "importantes cantidades de dinero" de empresarios en 2007.
Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar "gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes".
En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca", añaden los informes.
La Guardia Civil concluye que los "elementos probatorios" que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos "podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho".
En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia, añaden los investigadores, es "contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está "sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid". Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los "elementos probatorios" presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.
Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
Cifuentes y los expertos "favorecieron" a Cantoblanco
Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Fernández.
La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos". Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.
Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, "una falsa argumentación", según los agentes.
Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos.
"Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores citan fragmentos literales de las declaraciones de algunos integrantes de ese comité de expertos. Zubiri explicó a los agentes que se reunieron todos en el despacho de Cifuentes para compartir las valoraciones que habían hecho sobre la oferta de Cantoblanco. Merino propuso algunas modificaciones que llevaba escritas en un papel. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri." (eldiario.es, 16/05/17)
"Los seis "elementos probatorios" de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes.
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.
El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la cámara.
Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios "de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a Fundescam".
Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.
Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado esa documentación.
En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.
Hasta tres informes implican a Cifuentes
Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco.
En ese otro informe, la UCO recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino, los otros dos integrantes del comité.
Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida por la tercera integrante. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO.
Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri.
"Elementos probatorios" de dos delitos
Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos informes, estos señalan que existen suficientes "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de dos delitos. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", señala el tercer informe, sobre las adjudicaciones a Cantoblanco.
A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que incluyen es Cristina Cifuentes como "componente del comité de expertos en las licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011".
Recuerdan en su informe que se trata de una persona que "ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid". Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.
En los Pliegos Administrativos se incluyeron criterios de solvencia técnica acumulativos con exigencia de clasificación que restringieron la concurrencia de empresas a la licitación.
En los Pliegos Administrativos se han incluido criterios de valoración de las ofertas contrarios a Derecho: valoración de la experiencia, valoración de mejoras ofertadas sin haberse estas concretado previamente, inclusión de fórmulas que desnaturalizan el componente económico.
Arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos. Destaca la inclusión de subcriterios utilizados por el comité de expertos para fundamentar las valoraciones que no fueron publicados en los pliegos y por tanto eran desconocidos por los licitadores cuando presentaron sus ofertas.
Arbitrariedad a la hora de valorar hechos de idéntica similitud para favorecer o penalizar según a qué empresa; es decir, trato diferente para situaciones idénticas.
A una de las empresas licitadoras se la valora con cero puntos en dos criterios de valoración (30 puntos en juego), alegando el comité de expertos en su Informe, que la misma fue puntuada con cero puntos porque no presentó ningún tipo de documentación al respecto.
Oídos representantes de la empresa en declaración manifestaron no ser cierta la aseveración del Informe del comité de expertos y facilitaron a esta Unidad la documentación que presentaron en su día y la certificación de la misma por su asesoría Jurídica. Ambos técnicos que desconocían las puntuaciones finales otorgadas sobre esos criterios de valoración no se explican lo sucedido.
Coincidencia integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campana como son Cristina Cifuentes, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación.
La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por Ia mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinado a sufragar gastos de campana y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios." (eldiario.es, 16/05/17)
"La Guardia Civil estrecha el cerco a Cifuentes con un segundo informe.
Casi un mes después del primer documento,
los agentes ampliaron la información del mismo con las declaraciones de
tres asesores y miembros de los comités que licitaron los contratos en
beneficio del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, quien a su vez habría financiado al PP de Madrid, según apunta la investigación.
"La Guardia Civil estrecha el cerco a Cifuentes con un segundo informe.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un segundo informe que ratificaba la supuesta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las presuntas irregulares cometidas en la adjudicación del servicio de cocina y cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, entre los años 2009 a 2011.
Este segundo documento, ha adelantado El País,
asegura que "el contenido de las referidas declaraciones avala aún más
las conclusiones apuntadas" en el primer documento "respecto a la
existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de
expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera
preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos
procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los
mismos".
Los agentes concluyen que las integrantes de
la mesa de contratación, entonces presidida por la propia Cifuentes
como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras"
de las sospechosas adjudicaciones. Un hecho que, según revela el
documento policial, "ha podido acreditarse de manera indubitada".
María Merino, jefa de Protocolo de la
Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico
de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma,
prestaron declaración ante la Guardia Civil en calidad de investigados.
Estos tres asesores y miembros de los comités de expertos, junto a
Cifuentes decidieron estas adjudicaciones.
Los agentes subrayan que los tres
integrantes de la mesa cayeron en "significativas y evidentes
contradicciones". En esta línea, concluyen que "se produjeron conductas
arbitrarias que derivaron en actos injustos" para favorecer a Arturo
Fernández, imputado en la Púnica.
Irregularidades en contratos con Arturo Fernández
El juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas
que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que
comparte la Fiscalía Anticorrupción, según han fuentes jurídicas.
No obstante, en un auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de "sólidos indicios" que
acreditarían que empresarios como Arturo Fernández "fueron
adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la
Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades
penalmente relevantes".
Contratos
"donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por
entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las
aportaciones económicas detectadas", afirma sin aludir a Cristina
Cifuentes, a la que sí señala la UCO en su informe.
El juez asegura en ese auto que los
informes policiales ofrecen evidencias de que, a través de la cuenta de
Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales
ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales.
Y detecta "en relación con los referidos
hechos" los "sólidos indicios" de que empresarios como Arturo Fernández
recibieron adjudicaciones posteriormente.
Asimismo, las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García, en otro informe fechado ese mismo día, apuntan que "siempre" que el empresario "se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011".
"Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación
de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández
desde los trámites de informe", recalcaron ese escrito las fiscales del
caso.
A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la "financiación irregular de excesos electorales".
Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.
La finalidad pretendida por los
respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de
proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos
"para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las
puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas
económicas de las empresas licitadoras (...) donde el comité de expertos
no
intervenía".
intervenía".
Cero puntos para la empresa rival
Esa circunstancia es fácilmente apreciable
en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011,
según la UCO, dada la diferencia de puntos que obtiene la empresa
Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A.
bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.
Así, la Guardia Civil puntualiza que el componente del comité de expertos Isaac Arturo Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar el Informe de valoración de las ofertas." (Público, 17/05/17)
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