"Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica detalla cómo el PP de Madrid desvió
parte de las subvenciones públicas que el Ejecutivo regional otorgaba a
la fundación del partido Fundescam a pagar parte de los gastos
electorales a los que la formación regional hizo frente durante la
campaña a las Elecciones Generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue cabeza de lista.
El documento policial detalla que para justificar dichos pagos, los populares
utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas “por
operaciones mercantiles inexistentes” en cuyo concepto figuraban desde
un “curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos” a
unas “jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa”. La UCO destaca
que dichos cursos nunca se realizaron.
La primera pista sobre estas supuestas irregularidades surge de un prendrive
intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de
Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación. En el interior del mismo,
los agentes encontraron una carpeta con el título presupuesto 08
que, a su vez, daba acceso a un archivo contable con tres pestañas
denominadas respectivamente “Elecc 08”, “pendiente” y “resumen”.
El
informe detalla que una vez abierta la primera de esas pestañas se
encontró “un documento contable que describe conceptos generales, tales
como actos, publicidad exterior, imprenta, etc; concepto específico como
esquineros, banderolas, trípticos etc; y también proveedores a los que
se asocian determinados importes; todo ello, relacionado con las
referidas Elecciones Generales y con la campaña electoral del Partido
Popular de Madrid”.
En su análisis de dicho documento, la Guardia Civil destaca
que del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través
de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la
ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas que no deberían
soportar dichos gastos. Entre ellas, una de Fundescam.
En concreto, a la
fundación la señala como responsable de asumir 179.797 euros. En otro
fragmento de este documento, y que se denomina “resumen”, se vuelve a
hacer este reparto de dinero, lo que lleva a la Guardia Civil a concluir
que parte de los gastos de aquella campaña fueron “asumidos por cauces
no legales”, entre ellos la fundación.
En este punto, los investigadores recuerdan que ésta recibió
en 2008 una subvención pública de la Comunidad de Madrid que entonces
encabezaba Esperanza Aguirre y que la misma fue justificada con facturas
de empresas e importes coincidentes con las que aparecían en el
documento contable intervenido en el ‘pendrive’ de Beltrán Gutiérrez.
Lo
único que difería entre ellas eran, precisamente, los conceptos. Así,
una factura de 2.389 euros abonados según la contabilidad opaca de los
populares a la empresa Emfasis en concepto de “carteles” figura en la
fundación por el concepto “edición de programa de cursos y seminarios
para el años 2008”.
Otro cargo por 45.400 euros pagado a la empresa Víctor Gayo
Papelerías en concepto de “tríptico” en los gastos electorales, es
presentada por Fundescam ante la Comunidad de Madrid desglosada en tres
albaranes que suman la misma cantidad, pero en este caso en concepto de
“edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación
en el primer trimestre de 2008”.
El documento de la Guardia Civil también llama la atención
sobre el caso de la empresa Back RV Producciones Culturales SL, a la que
la Fundación supuestamente abonó 50.529 y 46.189 euros en dos partidas
por “esquineros” y “telepronter” para la campaña de Mariano Rajoy.
Dichas cantidades fueron finalmente abonadas por el partido
presuntamente a través de la fundación bajo sospecha. En este sentido,
la Guardia Civil localizó un correo electrónico del propietario de dicha
mercantil dirigido al gerente del PP ahora imputado en el que se hace
referencia a la supuesta planificación de cursos de formación para
camuflar el pago de dichos actos electorales.
La UCO recoge como ejemplo
de ello tres facturas de sendas empresas, todas ellas vinculadas al
dueño de Back RV, por la celebración entre finales de mayo y mediados de
junio de 2008 un curso de edición de vídeo y unas jornadas de diseño
gráfico, junto al alquiler de equipo técnico para ello. Todas ellas son
consideradas “operaciones mercantiles inexistentes” por los
investigadores." (El País, 18/05/17)
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