"El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otra
veintena de empresarios vuelven a estar imputados en el caso que
investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, reabierto
por el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional tras las declaraciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, que admitió haber pactado con el extesorero de la formación Luis Bárcenas
la tramitación del pago de dinero procedente de varios constructores a
Génova a cambio de que los empresarios recibieran adjudicaciones
públicas en administraciones gobernadas por el PP.
El anterior instructor del Juzgado 5, Pablo Ruz,
archivó el 23 de marzo de 2015 esta derivada, que se incluía dentro de
la investigación de la denominada caja B del partido, al entender que no
era posible vincular los desembolsos hechos en negro por las
mercantiles con la concesión de obras públicas concretas, una conexión
que hubiera demostrado un delito de cohecho, dado que el de financiación
irregular aún no existía.
“No resulta posible establecer una relación
entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos
públicos a los presuntos donantes”, argumentó Ruz, quien añadió que, por
lo tanto, “la conclusión provisional debe ser la de ausencia, por el
momento, de indicios para estimar justificada la comisión de los delitos
atribuidos", por lo que procedía "en consecuencia el sobreseimiento”.
Sin embargo, las declaraciones de Correa y del empresario Alfonso García Pozuelo-Asins
durante el juicio de la Gürtel aportaron nuevos elementos que hacían
pensar en la existencia de pruebas que confirmaran esta relación tan
difícil de demostrar. El constructor confesó haber pagado diferentes
cantidades a "organismos centrales" del PP a cambio de adjudicaciones.
Correa, por su parte, apuntó a OHL,
Dragados y ACS como las mercantiles que le pedían que intermediara ante
el PP para conseguir contratos en los ministerios de Fomento,
Agricultura y Medio Ambiente a cambio de una comisión, que se repartían
el propio líder de la Gürtel y Bárcenas.
"Estos datos nuevos, pertinentes, útiles y relevantes
han sido conocidos e incorporados al procedimiento con posterioridad al
auto que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones,
precisamente en relación con el objeto de la investigación indicado",
argumentó De la Mata, que citó a declarar a Correa y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Plácido Vázquez, a quien el ministerio público atribuye un papel de mediador.
La diligencia ordenada por De la Mata, sin embargo, no dio los resultados esperados por los investigadores, ya que ninguno de los tres se prestó a colaborar y todos se acogieron a su derecho a no declarar.
Incluso Correa y García Pozuelo-Asins, que eran quienes habían abierto
la caja de los truenos con sus declaraciones en el juicio de Gürtel, se
negaron a seguir haciendo acusaciones, lo que demuestra las diferentes
estrategias que mantienen los imputados en función de la causa en la que
se encuentren.
La reapertura, en cualquier caso, devuelve la
situación procesal al punto previo al archivo, con lo que se encuentran
de nuevo imputados todos los empresarios que habían sido señalados
inicialmente por el juez Ruz, como Villar Mir, el constructor malagueño José Luis Sánchez Domínguez
(Grupo Sando), el empresario Manuel Contreras Cabo (Azvy), el
mencionado García Pozuelo-Asins (Hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio
(Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), el supuesto número dos de la Gürtel Pablo Crespo Sebaris, Antonio Vilela Jerez (Rubau), Rafael Palencia Marroquín (Degremont), Cecilio Sánchez Martín (FCC), Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero Polo,
José Luis Suárez Gutiérrez (Construcciones Parraño), el sobrino de Juan
Cotino, Vicente Cotino Escrivá (Asedes Capital), Joaquín Molpeceres
Sánchez (Grupo Licuas), Antonio Pinal Gil (Bruesa), Ignacio Ugarteche
(Urazca Construcciones) y Ramón Aigé Sánchez (Sorige-Acsa).
Esta caja B, señaló el magistrado, se nutrió de las donaciones de empresarios que al mismo tiempo fueron “beneficiarios de importantes adjudicaciones públicas”. En concreto, Villar Mir,
según el citado auto de Ruz, que se basa en las anotaciones de
Bárcenas, aportó 100.000 euros el 19 de octubre de 2004 al extesorero
del PP; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de
febrero de 2008, lo que suma el mencionado total de 530.000 euros.
Tras
la reapertura del caso, la defensa letrada del constructor, al entender
que su cliente había vuelto a estar imputado, pidió la personación en
el procedimiento el pasado 8 de marzo, solicitud que el juez De la Mata
aceptó cinco días después, a través de una providencia en la que también
admite la del supuesto mediador Plácido Vázquez.
La reapertura
del caso de la caja B, sin embargo, podría tener los días contados. El
hecho de que la única luz que señalaba Correa se haya apagado después de
que el cabecilla de la Gürtel
decidiera no seguir declarando, en línea con el resto de empresarios,
deja la causa como al principio, sin una vía clara para continuar
avanzando, lo que aboca previsiblemente el procedimiento a un nuevo
archivo. Otras fuentes jurídicas, por el contrario, aseguran que aún
queda margen para indagar. No en vano, las acusaciones están preparando
una batería de diligencias que propondrán a De la Mata para que este las ponga en marcha si lo considera oportuno." (El Confidencial, 29/03/17)
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