"Un perjuicio patrimonial de 41,8 millones de euros. Ese es el
resultado del préstamo de dudoso cobro concedido por el antiguo equipo
directivo de Caixanova a una sociedad del hermano de su ex director
general adjunto, Gregorio Gorriarán, y de la constructora Copasa, socia de la entidad financiera en varias compañías, para la construcción de una urbanización en Rivas Vaciamadrid.
Anticorrupción considera que con ese crédito -que nunca se pagó- y su
refinanciación, la cúpula de la caja y los empresarios beneficiados pudieron haber cometido los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Todos ellos declararon el martes y el miércoles en la Audiencia Nacional.
La
nueva denuncia del fiscal llega a penas dos meses después de que ese
mismo tribunal condenara a dos años de cárcel a Gorriarán y a los
exdirectivos José Luis Pego y Julio Fernández Gayoso, entre otros, por
el cobro indebido de indemnizaciones millonarias. La investigación
abierta ahora relata una más de esas operaciones urbanísticas ruinosas, financiadas sin apenas garantías
y sin que se hubiera valorado correctamente su riesgo.
Un supuesto
trato de favor a un grupo de empresarios por su cercanía a miembros
destacados de la entidad. Caixanova concedió a Rivas ACI, constructora
propiedad de, entre otros, Copasa -cuyo presidente es el empresario José
Luis Suárez- y del hermano del exdirectivo de la caja, Antonio
Gorriarán, un préstamo hipotecario por 67,1 millones de euros el 31 de
diciembre de 2007.
En
diciembre de 2010, Caixanova se fusionó con Caixa Galicia dando lugar a
Novacaixagalicia, un proceso en el que el FROB puso 1.162 millones de
euros
El crédito, concedido sobre las dos parcelas que se iban a urbanizar, se aprobó sin analizar correctamente el peligro de impago,
según el Ministerio Público. Tampoco se valoró que la solvencia de
Rivas ACI dependía únicamente del valor de esas fincas y que sus
accionistas, entre ellos Copasa y Gorriarán, que se habían constituido
en avalistas, presentaban problemas importantes de liquidez e incluso
algunos de ellos patrimonio negativo.
Además, de esa operación, aprobada
por la comisión delegada de la caja, no se dio cuenta a los órganos de gobierno de la entidad, relata la denuncia de la fiscal Inmaculada Violán.
Solo
año y medio después y con la burbuja inmobiliaria en plena explosión,
se cumplieron los peores pronósticos. Rivas ACI dejó de pagar los
intereses de su préstamo, que ascendían por entonces a 894.000 euros. Se trataba de una empresa morosa, pero a Caixanova pareció no importarle. La entidad accedió a reestructurar las condiciones del crédito cambiando el cobro de intereses de mensual a anual. Rivas ACI se comprometió a satisfacerlos el 1 de enero de 2010.
Refinanciación a pesar del impago
Llegó
ese día y la prestataria tampoco pagó los 1,8 millones de intereses que
debía. Sin embargo, la entidad financiera, en lugar de ejecutar la
hipoteca, refinació sus condiciones otorgándole otro préstamo
por esa cantidad para que pudiera abonarlos. Dio igual que la sociedad
hubiera incurrido en mora y que hubiera incumplido en dos ocasiones sus
obligaciones de pago. A pesar del enorme riesgo de la operación, la caja
siguió apoyando financieramente a Gorriarán y Copasa.
Varios de
los directivos de la caja imputados declararon esta semana ante la juez
de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la instructora del caso, que esa refinanciación se otorgó para ganar tiempo. El objetivo, aseguraron ante la instructora, era buscar una solución que minimizara la pérdida para la entidad.
El crédito se aprobó sin analizar correctamente el peligro de impago, según el Ministerio Público
No
fue suficiente. Caixanova acudió por tercera vez en auxilio de Rivas
ACI en noviembre de 2010, cuando solo quedaba un mes para que esa
sociedad tuviera que devolver la totalidad del capital del préstamo, es
decir, los 67 millones concedidos a finales de 2007. Faltaban escasos
días para que se produjera la fusión entre esa entidad financiera y Caixa Galicia, dando lugar a Novagaliciacaixa y el sector inmobiliario estaba muerto debido a la explosión de la burbuja.
Pero
la financiera inmobiliaria de Caixanova, Proinova, cuyo consejero
delegado era entonces Gregorio Gorriarán, hermano de uno de los
promotores, accedió a comprar a Rivas ACI las dos parcelas hipotecadas.
En plena crisis, esas fincas habían perdido gran parte de su valor, pero
la filial de la entidad financiera se ofreció a adquirirlas por 68,8
millones, el importe del capital pendiente de pago y el IVA
correspondiente. Con ese trato, Proinova se convertía en deudor frente a su matriz y los promotores quedaron en gran parte liberados.
Para
los directivos imputados, con esa compra se buscó “la menos mala de las
soluciones” para la caja, tal y como declararon esta semana ante la
juez Lamela. Esa compraventa, aseguraron en la Audiencia, fue, según su
versión, una "dación en pago".
Compra ruinosa para la caja
La
compra fue ruinosa para Proinova, según la fiscalía. Porque de acuerdo
con una tasación de esos dos terrenos realizada solo dos meses después
de adquirirlos, su valor real era de 26,2 millones de euros, es decir,
menos de la mitad de lo que la filial de Caixanova pagó a Rivas ACI por
ellos.
Además, en un cuarto capote a esta última, la caja le condonó los 2,3 millones de intereses que
hasta el momento no había pagado. Sumadas todas las pérdidas, el
perjuicio patrimonial causado a la entidad por los directivos que
aprobaron la operación fue de 41,8 millones de euros, según
Anticorrupción.
Según una
tasación de los terrenos, su valor real era de 26,2 millones, es decir,
menos de la mitad de lo que la filial de Caixanova pagó a Rivas ACI por
ellos
Días después, el 1 de diciembre de 2010, Caixanova se fusionó con Caixa Galicia dando lugar a Novacaixagalicia,
un proceso en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) puso 1.162 millones de euros. Dos años más tarde la entidad
fusionada se convirtió en una de las rescatadas por la Unión Europea. El
Estado inyectó en ella otros 5.425 millones debido a sus enormes problemas de financiación.
Entre los denunciados por la fiscalía que han declarado esta semana como imputados ante
la instructora se encuentra el propio Gregorio Gorriarán (ex director
general adjunto de Caixanova) y su superior y exdirector general, José
Luis Pego. También el expresidente de la comisión delegada de la caja,
Julio Fernández Gayoso, y otros ocho miembros de ese mismo órgano.
Además
están imputados los empresarios supuestamente beneficiados, entre
ellos, José Luis Suárez, presidente del grupo Copasa, y Antonio
Gorriarán, hermano del exdirectivo también imputado." (Manuel Altozano, 19/12/15)
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