"Un día después de que el hasta ahora fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, denunciara las presiones y las intimidaciones que sufren los funcionarios que luchan contra la corrupción, el fiscal de Baleares, Pedro Horrach,
ha reconocido que aunque nunca haya sentido amenazada su integridad
física, "las presiones en caso de investigación por corrupción suceden
muy a menudo".
"Mi familia y yo hemos recibido amenazas y
seguimientos. Hay que aprender a convivir con ellas", ha explicado en
una entrevista en la cadena Ser, un día después de conocer la decisión del tribunal del 'caso Nóos', que mantiene la libertad provisional para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio, Diego Torres.
"En comunidades pequeñas se intensifica
mucho más la presión, como Baleares o Murcia", ha reconocido el fiscal
Horrach. (...)
Además, ha negado que a lo largo del caso Nóos se haya puesto en contacto con él "ni el Fiscal General del Estado, ni el ministro de Justicia". (Vox Populi, 24/02/17)
"(...) un día el presidente del Tribunal Supremo se animó a
dejar más desnuda que una actriz porno a la célebre imagen de la
Justicia como una mujer con la balanza en una mano, la espada en la otra
y los ojos tapados.
Fue en octubre de 2014 cuando dejó claros cuáles son
las prioridades de la Justicia española: “Tenemos un modelo de
organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para
el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viendo
ahora donde hay tanta corrupción”, dijo Carlos Lesmes.
Esa es la frase que aparece en el teletipo de EFE,
aunque supongo que hay un error de transcripción. Lesmes está hablando
del sistema de justicia penal. No está pensando en que la Justicia sea
una “organización criminal”. La cosa está mal, pero no tanto.
Lesmes se refería a la muy antigua Ley de
Enjuiciamiento Criminal, reformada en múltiples ocasiones, y a la
necesidad de cambiarla. El veterano periodista José Yoldi –que ha visto
jueces, fiscales y casos de corrupción de todos los colores– no picó en
el anzuelo: “El presidente del Supremo, con su vasta experiencia,
debería saber que la mayoría de las leyes se hacen para beneficio de los
poderosos y que por eso las penas por delitos de corrupción son tan
reducidas en comparación con otros delitos.
Y si, por casualidades de la
vida, alguno de los corruptos es condenado a un par de años por haber
arruinado a 20.000 familias, tendrá los medios y los contactos para
retrasar todo lo posible o eludir el entrar en prisión.
Porque, a pesar
de lo que dice la Constitución y repite el Monarca cada cierto tiempo,
la justicia no es igual para todos. Los poderosos tienen un plus de
inocencia, que no tenemos los demás mortales”.
Este jueves ha querido convertirse en un homenaje a
las palabras de Yoldi, incluso añadiéndole algunos datos más para
subrayar sus frases. La maquinaria corrupta puesta en marcha por Iñaki
Urdangarin –amparada por sus contactos en la Casa Real y los favores
concedidos por varios gobiernos autonómicos– le valió una condena muy
inferior a la solicitada por el fiscal y ni siquiera le supondrá el
ingreso en prisión a la espera de que se resuelva el recurso ante el
Tribunal Supremo.
Urdangarin ya ha sido condenado, ya no hay presunción
de inocencia que lo ampare, pero para la Justicia es lo bastante
inocente como para que una pena de seis años y tres meses de prisión
sólo le obligue a echar una firma una vez al mes.
De momento, seguirá
viviendo en Suiza, gracias a que tiene por razones familiares “arraigo
suficiente” en España, algo que está obviamente fuera del alcance de los
robagallinas.
Este mismo jueves, el fiscal general nombrado por el
Partido Popular ha procedido a un relevo general de los fiscales,
incluidos aquellos, como en el caso de Murcia, que está dirigiendo
investigaciones de gran impacto político al tratarse de casos de
corrupción y que han sido acosados por políticos del PP y los
periodistas que les hacen el trabajo sucio.
El cambio más importante es el que afecta a la
jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Si ese nombre hubiera salido de
una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, no nos hubiera
sorprendido lo más mínimo.
Cuando eldiario.es, y después otros medios,
informaron de los gastos de las tarjetas black en Caja Madrid y Bankia,
el fiscal ahora premiado, Manuel Moix, tuvo claro quiénes eran los
robagallinas a los que había que meter en prisión.
¿Los que este mismo
jueves fueron condenados por apropiación indebida? (esa es la forma
elegante de llamar al robo cuando no se trata de vulgares rateros) No.
Los periodistas que publicaron la prueba de cargo que inició la
investigación judicial y sin la cual los delitos habrían quedado
impunes.
Todos los medios destacan que Moix no tiene
experiencia en la investigación de casos de corrupción a diferencia de
los demás candidatos. Puede ser cierto, pero olvidan que Moix tiene la
experiencia adecuada a juicio de quienes le han nombrado. Sabe dónde
están los robagallinas que ponen nerviosas a las más altas autoridades
del Estado.
Volviendo a la sentencia de las tarjetas black,
conviene no entusiasmarse con el veredicto del tribunal y empezar a
sumar la cifra de banqueros, profesionales o aficionados, que han sido
castigados con penas de prisión.
“Los que devolvieron el dinero de las
tarjetas black pueden librarse de la cárcel”, escribe Íñigo de Barrón en
El País. Es probable que todos o la mayoría se queden en casa si
reintegran el dinero gastado. En su caso, se trata de un asunto de
simple contabilidad, como una inversión en bolsa que ha salido mal y por
la que has perdido dinero.
A eso se reduce la ejemplaridad de la Justicia. Se lo
han pasado en grande con la mujer de la balanza y ahora sólo tienen que
meterle unos billetes en la toga para que se quede tranquila. La espada
que suele llevar en la mano derecha queda para los robagallinas. Esa
gente que no tiene arraigo ni tiene el buen gusto de vivir en Suiza.
Pues eso, como decía el suegro de Urdangarin, la Justicia es igual para todos." (Iñigo Sáenz de ugarte, eldiario.es, 24/02/17)
"Tengo dudas de cuando se empezó a estropear la
Fiscalía y cuando se hizo más pesada la influencia política en la
cuestión de los nombramientos, que es vital en una carrera jerarquizada.
No sé si fue cuando en el año 2003 el Gobierno de Aznar cambió el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo un plazo al mandato de
los fiscales jefes –que hasta entonces permanecían en condiciones de
inamovilidad- y aprovechó el momento para cargarse al Fiscal Jefe
Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; o si la cosa venía de antes,
tal vez del año 1985 cuando el Fiscal General Moscoso aprovechó la
creación de los Tribunales Superiores de Justicia para cambiar al
entonces Fiscal de la Audiencia Territorial de Albacete.
Pero lo cierto
es que la promoción profesional hacia la jerarquía en la Fiscalía se ha
convertido en una cuestión muy compleja en la influyen factores
políticos, ideológicos, asociativos o de amistad mucho más que los de
mérito y capacidad que deben imperar en nuestro Estatuto. No es una
afirmación subjetiva. El art. 13 del EOMF dice:
“En la Inspección Fiscal se creará una Sección
Permanente de Valoración, a los efectos de centralizar toda la
información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad
de apoyar al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes
propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal.”
Esa Sección Permanente de Valoración no ha valorado
nunca a un candidato a ninguna plaza, ni ha funcionado nunca, ni ha
apoyado jamás al Consejo Fiscal a la hora de informar sobre
nombramientos. Jamás se ha motivado un nombramiento y son escasísimas
las ocasiones –décadas atrás- en que ha prosperado un recurso contra un
nombramiento acordado por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del
Estado. Porque hay que decir que al final quien nombra es el Gobierno
que puede devolver un nombramiento si no está de acuerdo con él. Y lo
han hecho alguna vez.
En el caso de los últimos nombramientos es evidente que la no renovación
de ciertos Fiscales Jefes pertenecientes a la UPF (han sido renovados o
elegidos otros varios fiscales jefes de esa asociación, pero menos
significados) llama mucho la atención.
Con las peculiaridades de cada
uno de ellos no se puede decir en general que su nivel o su trabajo
fuera mediocre y en algún caso, su trabajo personalmente me parecía
admirable, teniendo en cuenta que en algunos casos tenían a su cargo
casos importantes de corrupción precisamente del partido del Gobierno.(...)" (Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo, 24/02/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario