"El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido abrir seis expedientes por
incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS),
Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con
la explotación y el mantenimiento de la M-30, una de las principales
arterias de la capital.
Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de
Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una modificación
suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar
desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio
de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a
las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por
trabajos no realizados.
Por eso el Gobierno de Ahora Madrid impuso
el pasado 11 de noviembre su mayoría en el Consejo de Administración de
Madrid Calle 30 SA, la empresa propiedad del Ayuntamiento que tiene la
titularidad de la obra, para dejar atrás las amenazas y pasar a las
multas.
Ese día, con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos,
decidió abrir seis expedientes por incumplimientos graves. El baremo en
el que se mueven las sanciones que baraja el ayuntamiento madrileño es
el más alto de todos los que prevé el contrato: de 50.000 a 750.000
euros por cada una de las deficiencias. De momento se han hallado seis.
La
decisión de acudir a la vía punitiva llega después de que las
inspecciones sobre el mantenimiento de los túneles realizadas durante el
último año y medio hayan llevado al Gobierno municipal a concluir que
las constructoras han estado cobrando millones de euros por servicios
contemplados en el contrato que no se han prestado. Los técnicos
municipales han peinado los distintos capítulos de gasto y han detectado
seis irregularidades graves, según figura en la documentación en poder
de eldiario.es.
El telecontrol del alumbrado
Al Ayuntamiento
de Madrid no le consta que la adjudicataria Emesa esté cumpliendo con
uno de los requisitos que establecía el modificado del contrato original
firmado dos años después de inaugurar la obra: la obligación de
instalar un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto en la
M30. Era una de las exigencias de aquel segundo acuerdo, de 2007, que
encareció el coste del servicio de mantenimiento un 18% solo 24 meses
después de recepcionar la obra.
“El compromiso de instalación se
contrajo mediante la aprobación y aceptación del modificado mencionado
en junio de 2007 y únicamente ante la amenaza de una posible sanción
derivada de un expediente de penalidades, la empresa mantenedora de la
infraestructura, Emesa, comenzó a tramitar la instalación objeto del
expediente”, señala el documento de conclusiones de Madrid Calle 30.
Pese a ello, según las cuentas de los actuales gestores municipales, la
UTE que integran las tres constructoras, ingresó 2,7 millones de euros
desde 2007. “En el breve desglose de únicamente una página en el
modificado del año 2007 se incluye el mantenimiento de dicho sistema
que, hasta la fecha, Madrid Calle 30 no tiene constancia de su
instalación”, apunta el dictamen de Calle 30.
Mantenimiento de sistemas de apoyo en los túneles
La
empresa municipal tampoco tiene noticias de que las concesionarias del
mantenimiento de la M30 estén cumpliendo sus obligaciones de
“mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass”.
Este encargo se derivó de un cambio estructural en la construcción de la
obra que precisaba de un mayor número de apoyos.
Según la documentación
que maneja el Gobierno de Carmena, “la empresa mantenedora de la
infraestructura, EMESA, no había realizado ni tan siquiera una
inspección detallada de los apoyos para determinar si era necesaria su
recolocación o su sustitución. Hasta dicha fecha, ningún apoyo había
sido recolocado o sustituido y únicamente tras la primera inspección
visual desde la recepción de las obras, se ha comenzado a elaborar un
procedimiento para determinar su sustitución o recolocación”.
Según las
cuentas municipales, el Ayuntamiento ha pagado a EMESA 3,2 millones de
euros por este concepto “sin que, a día de hoy, Madrid Calle 30 sea
conocedora de la finalización del primer proceso de recolocación o
sustitución”.
Los apoyos de neopreno son una especie de colchones
de ese material que se colocan en los puntos de apoyo de las
infraestructuras para que soporten movimientos y rozamientos derivados
de los cambios de temperatura o de la acción de cargas externas o
propias de cada estructura, describen las biblias de la ingeniería de
puentes.
Medios y actuaciones relacionados con la seguridad vial
El
informe de Madrid Calle 30 tampoco ha encontrado indicios de que la
adjudicataria Emesa cumpla con los requisitos que establecía el contrato
“en lo referente tanto al número de medios humanos, como a su
distribución y formación en relación con la seguridad vial de la
infraestructura, contemplados tanto en los pliegos del contrato como en
la oferta presentada”.
EMESA prometió entonces destinar a los servicios
de atención a incidentes y emergencias un número de operarios con una
determinada formación pero un dictamen elaborado recientemente por el
responsable de seguridad del túnel pone en entredicho que haya cumplido
con su compromiso. Por eso el Consejo de Administración ha incoado este
procedimiento sancionador.
Deficiencias en el sistema antiincendios
El
cuarto expediente abierto por Calle 30 a Emesa parte de un grave
accidente ocurrido el 26 de octubre de 2012 y que supuso la muerte de
dos trabajadores de la empresa de mantenimiento. A raíz de aquel
siniestro se detectaron “una serie de deficiencias en materia de
mantenimiento en distintos sistemas alojados en los cuartos técnicos del
by pass de los túneles”.
El actual Gobierno de Carmena ha
recuperado los informes de bomberos y policía del accidente que
evidenciaron entonces los fallos en el sistema de agua nebulizada de los
cuartos técnicos. Los actuales gestores de Madrid Calle 30 recuerdan
que “la anterior dirección decidió no incoar un expediente sancionador”.
“Sin embargo, el actual equipo de Gobierno considera que dichas
carencias de mantenimiento en un sistema de protección contra incendios
son inaceptables y requieren de la incoación de un expediente de
penalidades”.
Ausencia de una segunda red para transmitir datos
Los
actuales gestores de Madrid Calle 30 tampoco han detectado que se haya
instalado una segunda red de transmisión de datos referentes al tráfico
para que pueda suplir a la principal si esta sufre una incidencia y se
cae. Emesa se comprometió a instalar ese sistema alternativo de conexión
“sin coste alguno para el Ayuntamiento de Madrid”.
El Gobierno actual
subraya: “Resulta llamativo que, tras más de 11 años desde la
adjudicación del contrato, Madrid Calle 30 no tenga constancia de la
instalación de dicha red que pretende dar seguridad informática en el
tráfico de ciertos datos”.
Falta la red wifi para las comunicaciones internas
Otra
de las mejoras que la UTE que se hizo con el contrato de mantenimiento
prometía en su oferta fue la implantación de una “red wifi con soporte
calidad telefónica en los túneles y cuartos técnicos y vías exteriores
de la infraestructura”. Tampoco esta tecnología iba a suponer inversión
alguna para el Ayuntamiento de Madrid.
“La red aportaría”, según el
poroyecto de Emesa, “seguridad a los empleados de mantenimiento de la
obra al permitir la comunicación con el centro de control en puntos
donde la señal telefónica ordinaria es deficiente. A la dirección de
Madrid Calle 30 tampoco le consta que se haya implementado.
Además
de todo lo anterior, el Consejo de Administración de Calle 30 decidió
también el pasado 11 de noviembre abrir otra investigación para comparar
el actual centro de control de la M30 con el que aparecía diseñado en
la oferta de Emesa.
“Todo parece indicar”, señala el acta del consejo,
“que algunas de las características que el proyecto de ejecución
(abonado íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid) contemplaba, no
fueron instaladas o, si lo fueron, nunca fueron puestas en marcha. La
investigación pretende aclarar lo sucedido para obtener el máximo
rendimiento de una parte tan fundamental de la infraestructura”.
La
gestión externa del mantenimiento de la M30 está rodeada de polémica
desde el nacimiento de la obra. La oposición acusó desde el primer día a
Gallardón de recurrir a esta vía para intentar camuflar la deuda de la
institución -el soterramiento de una de las principales arterias de la
ciudad costó más de 6.000 millones de euros-.
Un reciente informe de la
Cámara de Cuentas de Madrid recomendó al Ayuntamiento de Madrid rescatar
la gestión pública y criticó el contrato que, según este organismo
fiscalizador, solo tiene sentido para garantizar el pago de unos
intereses del 7% a las constructoras que adelantaron el dinero de la
obra." (José Precedo
/
Fátima Caballero
, eldiario.es, 21/11/2016
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