"(...) si el nuevo gobierno se propone realmente combatir la corrupción con
eficacia, me permito sugerirle una agenda compuesta por tres elementos
principales: evitar errores, reducir las oportunidades para la
corrupción y rebajar la percepción de impunidad.
(...) una estrategia contra la corrupción equivale a una estrategia de buen
gobierno, esto es, exige mejorar la calidad de nuestras instituciones de
gobierno. Y ésta no es una tarea sencilla. La prueba está en que sólo
un puñado de sociedades del planeta ha conseguido construir un orden de
gobernanza que deja poco espacio a la corrupción. (...)
En el caso español, la grave crisis económica iniciada en 2008 ha
servido de catalizador para sacudir los cimientos de nuestro sistema
político y ha avivado un profundo sentimiento de malestar con su
funcionamiento que supone una coyuntura crítica favorable para
introducir los cambios adecuados que permitirían mejorar la calidad de
nuestras instituciones de gobierno. Para tal fin necesitamos poner en
marcha una estrategia que contenga los tres puntos a que me referido
antes.
Para empezar, es muy importante evitar caer en errores frecuentes. Se
trata de plantear el problema de la corrupción y el buen gobierno en
sus justos términos: ni demasiado amplios, ni demasiado reducidos.
Tan
equivocado es ampliar el foco del problema a todo el orden
constitucional de 1978 o poner en cuestión los límites de la comunidad
política, como si una nueva constitución o la fragmentación del país en
diversas comunidades nacionales fueran a mejorar la calidad del sistema
político por sí solas, como reducirlo hasta la inacción frente a la
corrupción o, lo que es incluso peor, a la realización de reformas
cosméticas o lampedusistas que no entran al fondo del problema y sólo
buscan dar la apariencia de que algo se hace a costa de generar más
frustración y malestar.
El segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las
oportunidades para la corrupción. Algunas instituciones públicas se
ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con
grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos
despreciando los principios de mérito y capacidad y sometiéndolos, por
encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los
ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la
mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se
comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para
otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para
ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del
contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos;
etc.
Se trata de poner fin a la colonización política de las
administraciones públicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la
imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de
las irregularidades posibles mediante la protección de los denunciantes.
A su vez es necesario desarrollar programas de prevención adaptados a
cada organismo público para la gestión adecuada de los conflictos de
interés a que se vean expuestos sus integrantes.
Por último, debemos reducir la percepción de impunidad. Hay que reforzar
los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos
niveles nacional, autonómico y local, incluyendo todos los entes
públicos).
Para ello, es imprescindible vigorizar el papel de control
del poder político por parte del sistema judicial. En este terreno hay
mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de
tribunales, fiscalía y policía judicial; e incrementar su capacidad de
acción dotándolo de más medios, reformando por completo el proceso penal
(y no precisamente en la línea en la que ha ido el Ministro Catalá),
alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la
corrupción e incrementando sus sanciones.
Además, los demás mecanismos
de control del poder del sistema político habrían de robustecer también
su capacidad e imparcialidad: los órganos de control contramayoritario
(como el CTBG, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la
agencias reguladoras…), los medios de comunicación (despolitización de
los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía
autorizaciones y subvenciones), y la ampliación de los órganos de
control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios
ciudadanos en la persecución de la corrupción." (Fernando Jiménez Sánchez, El País, 27/06/16)
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