"Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta de Andalucía que tramitaba el expediente de la multa contra Endesa por la sobrefacturación de la luz a 400.000 andaluces,
ha dimitido tras denunciar el acoso de sus superiores para que
rebajara la sanción. Así consta en un informe de 11 páginas, fechado el
19 de enero de 2016, al que ha tenido acceso El Confidencial en
exclusiva.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas, que depende del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado,
ha dejado que caduque la sanción a Endesa que el empleado público cifró
en primer lugar en 600.000 euros “por una falta leve continuada”.
Según el cálculo del ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro,
denunciante de este caso y autor del blog www.estafaluz.com, la sanción
total por las infracciones leves, graves y muy graves, “imponiendo las
multas mínimas”, sería de al menos 105 millones. El expediente
informativo se abrió el 19 de julio de 2011 y fue el 10 de marzo de 2015
cuando Endesa empezó a devolver el dinero a sus clientes. La sobrefacturación se elevó a 20 millones de euros.
Ochoa Fernández, con 15 años de experiencia en la Administración pública andaluza, intentó incrementar al menos en seis millones de euros la
sanción por la infracción grave de “alterar los datos de la potencia
contratada para poder facturar incorrectamente”.
El acoso, según el
relato del instructor, no tardó en llegar. Las autoras fueron la
directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, que estuvo imputada en el caso Aznalcóllar aunque luego la jueza retiró la acusación, y la jefa de servicio de Energía de la dirección general, María Isabel González Cuenca.
El
19 de enero de 2016, el funcionario de la Junta presentó su dimisión
irrevocable. Informó de los hechos, en documento escrito, a la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y a Susana Díaz Calderón,
secretaria general técnica de la consejería. Ni la jefa del Ejecutivo
andaluz ni Díaz Calderón contestaron al instructor, quien no contó con
la colaboración interna ni de González Cuenca, ni de Asensio Coto.
La directora general llegó a estar imputada por presunta prevaricación
tras denuncias de presuntas “presiones y amenazas” a técnicos de la
Junta de Andalucía durante su etapa de delegada provincial de la
Consejería de Economía en Huelva para beneficiar a Minas de Aguas
Teñidas (Matsa), la empresa donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente Chaves.
La causa contra Asensio Coto, protegida de Mario Jiménez,
portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, quedó archivada. El
juez sostenía que no hubo prevaricación, sino solamente “desavenencias
laborales”.
“Resulta
obvio que un asunto como este no puede calificarse de expediente
ordinario, ni mucho menos. Siete meses de tramitación frente a otros
expedientes sancionadores que se completan hasta cinco en un día, en
otras materias y consejerías, y en el que como instructor he tenido que
construir una Propuesta de Resolución de 71 páginas con muy pocos
datos”, argumenta Ochoa Fernández, que resalta: "Considero que con este
proceder se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto
del expediente sancionador al proponer solo una infracción leve por
importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción
grave añadida de seis millone de euros".
Un nuevo instructor
Todo
se aclaró tras la dimisión de este funcionario. El 15 de febrero de
este año, Asensio Coto designa como nuevo instructor a Emilio Jorge Bolívar Raya,
quien el 31 de marzo de 2016, fecha en la que se cumplía el plazo
máximo de nueve meses para resolver el expediente sancionador, propuso
“declarar caducado el presente procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal
para dictar y notificar resolución expresa”.
La propuesta de Bolívar
Raya fue admitida por la secretaria general técnica el 16 de mayo, al
declarar la “caducidad del procedimiento sancionador
iniciado mediante Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de fecha 10 de junio de 2015 en el expediente
sancionador número 12.4.1.24/01.15 contra Endesa Distribución
Eléctrica”.
Ochoa Fernández denuncia “obstrucción y perturbación grave a la instrucción”,
sufrida en el ejercicio de sus funciones públicas legalmente atribuido.
El funcionario explica las presiones de sus dos superioras (Asensio
Coto y González Cuenca) para rechazar “de forma inusitadamente
persistente e inoportuna por los dos escalones jerárquicos superiores
legos en Derecho alegando motivos no jurídicos y cuestiones tangenciales
de oportunidad”.
A su juicio, es el instructor el que debe tener “la
última palabra jurídica” en el expediente sancionador por habérsele
encomendado “expresamente para ello a él y no a tercera persona y por
ser el responsable de su contenido hasta la salida del centro de trabajo
y que debe tener derecho a realizar todas las observaciones y mejoras
que procedan”.
“Violencia psíquica”
El escrito abunda en
una “invasión” de su “exclusivo espacio competencial técnico”. A su
juicio, la Secretaría General Técnica lo trató como “un absoluto
estafermo en un auténtico ejercicio de tauromaquia”. Es más, hubo “violencia psíquica”
al desobedecer “de forma grave de palabra y obra las solicitudes de
colaboración del instructor para completar la propuesta de resolución”.
Sus superiores podrían haber incurrido en un “abuso de autoridad”,
tipificado por la legislación de función pública “como infracción
disciplinaria”.
El instructor deja claro que si existen dudas
sobre las posturas y criterios del instructor, se le debe “cesar
automáticamente pero no aprovecharse de él, consultar al Gabinete
jurídico o encargar su desempeño a personas a las que no se les va a
discutir el abecedario jurídico a cada instante”.
Ahora, más de 78 meses después de que Moreno Alfaro, cuyas denuncias ya han costado a las eléctricas más de 500 millones de euros,
presentara la reclamación contra Endesa por el incremento unilateral de
la potencia, la Junta de Andalucía carece de personal y los medios
informáticos necesarios para analizar el SIPS (Sistema de Información de
Puntos de Suministro) en baja tensión de Endesa en Andalucía, formado
por 4,63 millones de puntos de suministros.
La multinacional se
enfrentaba a una reclamación por incremento unilateral de la potencia contratada
a cambio de la tensión nominal de 220 voltios a 230 voltios en
suministros con contrato anterior al 18 de septiembre de 2003.
En
el informe técnico, consta que en el expediente solo se analizaron
464.126 puntos de SIPS, apenas un 10% del sistema en baja tensión de Endesa
en la comunidad andaluza. ¿Cómo se realizaron las modificaciones del
contrato?
Remitiendo un nuevo contrato al cliente, aprovechando la desaparición de la tarifa nocturna
y su sustitución por la tarifa de discriminación horaria, las
modificaciones en las condiciones generales de los contratos y el plan
de instalación de los interruptores de control de potencia (ICP).
Existe un colectivo afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social
Estos
cambios en los acuerdos con los clientes fueron calificados como
“fraude de ley” por el Servicio de Legislación y Recursos de la extinta
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en un documento del
20 de diciembre de 2013.
En la Resolución del expediente informativo,
firmado por Asensio Coto, el alto cargo ignora que existe un colectivo
afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social:
los usuarios con potencia contratada menor de 3kW que, tras el
incremento unilateral de potencia, pasaron a tener más de 3kW, lo que
implicó la pérdida del bono. ¿Consecuencia? El incremento del 25% en el
precio de la factura.
Según
destaca el ingeniero en declaraciones a este diario, “la Junta de
Andalucía ignora el número total de afectados a los que Endesa les ha
devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos
afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia contratada”.
Fuentes
oficiales de Endesa señalaron a El Confidencial que les habían
notificado “hace poco” que el expediente de sanción había caducado. La
multinacional cifra en 300.000 euros la multa que estaba prevista.
También confirmó que los clientes afectados eran 400.000 andaluces, “con
una media de 50 euros por cliente incluyendo intereses de demora”.
“El 100% de las devoluciones se ha realizado”,
resaltó un portavoz de la compañía. La Junta no quiso contestar a El
Confidencial a las reiteradas llamadas de teléfono tanto al departamento
de prensa de la consejería como a la Dirección General de Energía." (Agustín Rivera, El Confidencial, 06/06/16)
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