El enriquecimiento de los hijos de la familia Pujol-Ferrusola a la sombra del padre cuando era Presidente de Cataluña

"ICV-EUiA, hace unos días, ha presentado sus Conclusiones tras el fin –¿provisional?– de la Comisión de Investigación del Parlament, conocida como del “caso Pujol”. 

Son cincuenta páginas de una amplia y precisa información, de un análisis minucioso sobre las causas y efectos del fraude fiscal y la corrupción política durante los treinta y cinco años de autogobierno de Catalunya y numerosas Recomendaciones para hacer frente a la corrupción en Catalunya y, si media presión ciudadana y voluntad política, superarla definitivamente. 

Constituye un documento de obligada lectura y que, desde luego, marca un antes y un después en el estudio y conocimiento de ese fenómeno que, como dicen las Conclusiones: “socava la democracia, porque distorsiona el proceso electoral y la neutralidad de las instituciones públicas, con el resultado de un elevado riesgo de inestabilidad política”.

El punto de partida es la constatación de que durante aquel periodo político “se van a establecer las bases para la construcción de unas relaciones de connivencia entre determinados sectores del poder político y económico”. 

Y ante “la magnitud de los comportamientos corruptos en nuestro país” –que son mencionados pormenorizadamente–, los Diputados presentes en la Comisión deciden “analizar los hechos desde una perspectiva estructural (que en otro momento califican de “sistémica”) de la corrupción en Catalunya”. 

Partiendo, como no podía ser de otra manera, de las “implicaciones que comportaba la confesión de defraudador de Jordi Pujol i Soley mientras fue Presidente de la Generalitat durante veintitrés años, lo que daba verosimilitud a las constantes sospechas de corrupción durante todos aquellos años”.

Y, continúa, que “la estructura de relaciones que ha facilitado, tolerado y mantenido estos comportamientos corruptos se construyó históricamente a partir de determinados grupos políticos que crean lo que denominan “pujolismo”. 

A partir de aquí, se define “La construcción de un entramado de negocios y de relaciones durante el proceso de construcción del autogobierno que permite, facilita o impulsa el aprovechamiento de la plataforma pública para favorecer intereses particulares, obteniendo beneficios individuales, empresariales o de partido”. Situando los fundamentos de este proceso en Banca Catalana. Que luego describe así en relación al comportamiento de los hijos de Pujol:

“El enriquecimiento de los hijos de la familia Pujol-Ferrusola a la sombra del padre cuando era Presidente del país: Especialmente, en el caso de los hijos Jordi, Josep, Pere y Oriol queda constancia de la descripción desvergonzada de dicho enriquecimiento a través de numerosos indicios como precios desorbitados, contratos públicos sin previo concurso a empresas del entorno familiar y social, facturaciones sin justificación, presunto tráfico de influencias….” Y así sucesivamente. 

Para deducir, con evidente fundamento, que dichos conductas –que resultan de “multitud de casos que afectaron y afectan a los responsables de los dos partidos que formaron los diferentes gobiernos de Jordi Pujol”– expresan “una generalización de actuaciones que son éticamente reprobables” más, se añade,”una preocupante percepción de impunidad”.

Esa repulsiva realidad que tan bien resumió nuestra añorada Margarita Rivière en su obra “Clave K”: “Julián sabía cosas, como las prácticas continuadas de sobornos a diversas instituciones y personas, que nunca podría documentar. Sabía de incontables trampas y trapacerías, y había visto a los principales actores políticos dorar la píldora a jueces, periodistas y teóricos defensores de lo público convertidos en adalides de intereses privados, los suyos propios”.

La repudiable realidad que se describe genera unas consecuencias lesivas para los intereses y derechos de la ciudadanía. “El fraude fiscal en Catalunya se sitúa entre un 22 y un 24 % del PIB, uno de los mas altos de la Unión Europea”. “Pasar del 23% al 13 de fraude fiscal representaría en Catalunya un ingreso adicional de 7.000 millones de euros”.

Datos de una especial trascendencia cuando, como sostienen las Conclusiones, “la corrupción frena el desarrollo social y económico y aumenta la pobreza a causa del desvío de las inversiones que debían destinarse a esos objetivos”. La corrupción “debilita inevitablemente el sistema educativo y de salud, privando a la población de los soportes fundamentales de una vida digna”.

“Y lo que es mas grave, la corrupción pervierte la aplicación de la ley y somete a la arbitrariedad y el egoísmo decisiones de interés general para los ciudadanos”.

Desde estos principios, se relacionan una treintena de “casos”, la gran mayoría sometidos a la jurisdicción penal- desde B. Catalana hasta el caso Innova, más los cuatro procesos contra la familia Pujol- que, de una forma u otra, expresan “una actitud tolerante, cuando no cómplice o encubridora durante los años de los gobiernos de Jordi Pujol”, que, según mi criterio, se ha mantenido bajo los gobiernos de Mas. 

Los ejemplos de Oriol Pujol, Xavier Crespo o Innova, entre otros, son suficientemente significativos. Mientras, mantiene una constante política de agresión a los derechos sociales y, por tanto, a los ciudadanos mas débiles.

En fin, este documento, brevemente expuesto, es una palpable demostración de la validez y eficacia de la Comisión de Investigación que, así lo esperamos, no quede reducida a cenizas por la actual mayoría parlamentaria de Convergencia Democràtica, con o sin apoyos de sus aliados."                  (Carlos Jiménez Villarejo, Federalistes d’Esquerres, en La Lamentable, 07/07/2015)