Ciudadanos contra la corrupción

 "Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. 

Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.

González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos.

 Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro.

 “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.

Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”. (...)

las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. 

El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.

Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). 

En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. 

Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.

Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”. (...)

Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana.

 A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.

Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca.

 “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad. (...)

Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores.

 En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.

La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva.

 Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros."         (Daniel Ayllón , La Marea, 23/02/2015)