"El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena,
ha decidido retirar su candidatura a la presidencia del alto tribunal y
del Consejo General del Poder Judicial, informan a El Confidencial
fuentes jurídicas.
Tras la difusión de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó,
en un grupo de Whatsapp con compañeros de partido celebrando el
"esperanzador" reparto para la formación del CGPJ, el magistrado ha
considerado que apartarse es la mejor manera de defender su
independencia. Marchena seguirá por tanto al frente del tribunal que juzgará a los exmiembros del Govern en el Supremo. (...)
La decisión de Marchena llega después de que Cosidó enviase un
mensaje el sábado por la noche, tal y como publicó 'El Español', a sus
senadores explicando que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la
presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y otros aforados]".
En
su comunicado, Marchena hace referencia a estos mensajes de forma
indirecta: "El examen de las resoluciones que durante estos años he
dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados-,
es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación
del derecho a la opción política del querellado o denunciado", asegura
en el escrito el magistrado, que durante su mandato al frente de esta
Sala ha absuelto a una senadora del PSOE y desestimado hasta cuatro
querellas contra miembros de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias.
Aunque
Cosidó negó este lunes que de sus mensajes se pueda sacar una
conclusión de falta de independencia judicial y achacó dicha idea a que
la redacción del texto no fue "la más afortunada", Marchena ha optado
por desmarcarse del nuevo Consejo General del Poder Judicial ante el
revuelo causado.
"Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido,
para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al
puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial", explica al final de la carta.
El pacto entre Gobierno y PP
Gobierno
y PP pactaron la pasada semana la elección de Manuel Marchena, un juez
con etiqueta de conservador, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
a cambio de que en el órgano se diese una mayoría de vocales
progresistas: el Ejecutivo y Podemos elegirían a 11 y el PP se quedaría
con nueve. Tras el paso atrás de Marchena, el acuerdo salta ahora por
los aires, lo que afecta también a los veinte vocales acordados: 12 que
entran por el turno de jueces y ocho por el de juristas.
Según informaban a El Confidencial fuentes jurídicas la pasada semana,
los jueces elegidos por el PSOE para entrar al CGPJ eran los siguientes,
pero sus nombramientos ya no son seguros: los magistrados de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego; el juez que llevó a Europa la Ley Hipotecaria, José María Fernández-Seijo; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Inmaculada Montalbán; la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice,
de Juezas y Jueces para la Democracia, y la magistrada del Juzgado de
lo Social 23 de Barcelona y 'consellera' de Trabajo de la Generalitat de
Cataluña entre 2006 y 2010, Mar Serna.
Al margen de los seis que iban a acceder por el turno de jueces, José Ricardo de Prada, el magistrado clave en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel
que provocó el éxito de la moción de censura contra el Gobierno del PP,
era uno de los elegidos por PSOE y Podemos para entrar por el turno de
juristas, candidatura que ahora también queda en el aire.
Los otros
cuatro eran el exvicepresidente asturiano Bernardo Fernández Pérez, el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara y la fiscal especialista en violencia de género Pilar Fernández.
El PP, por su parte, había sacado adelante la elección por el turno de juristas del exportavoz de Justicia en el Congreso José Miguel Castillo, el senador y exjuez Manuel Altava y la fiscal Rosa Rubio.
Respecto a los seis jueces elegidos por los de Casado, fuentes
jurídicas apuntaban a que en la lista se encontraban el juez de la Sala
de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero y la mujer del juez Pablo Llarena, la hasta hace poco directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa.
Tras el paso atrás de Marchena, todo lo pactado hasta ahora queda en papel mojado, una negociación que se paraliza además hasta que el PP decida volver a sentarse en la mesa." (Beatriz Parera, El Confidencial, 20/11/18)
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