"Oriol Pujol, ex número dos de Convergència e hijo de Jordi Pujol,
comparecerá el día 12 en los juzgados como imputado para aclarar si
aceptó sobornos al participar en las deslocalizaciones de las empresas
Sharp, Yamaha y Sony y utilizar su acceso al presidente de la
Generalitat, Artur Mas, para lucrarse, como cree la juez del caso.
«Si tienes oportunidad de comentar la entrevista con Mas y
puedes hacerle visible nuestro papel en la operación me lo dices.
Gracias. Sergi». Este mensaje, enviado por el empresario Sergi
Alsina a su amigo y entonces diputado de CiU Oriol Pujol el 7 de junio
de 2011, es uno de los que fundamentan la decisión del Juzgado de
Instrucción número 9 de Barcelona de imputar al ex secretario general de
Convergència por los delitos continuados de cohecho y falsedad
documental.
En un auto al que ha tenido acceso este diario, la magistrada
considera que Pujol uso «sus múltiples influencias políticas en
beneficio propio, de su esposa y de su amigo, de tal modo que Sergi
Alsina contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en la
Gobierno de la Generalitat que le facilitaba su labor profesional».
Para poder tener éxito en estos negocios empresariales que tenía junto a Alsina -quien actuó como mediador en las operaciones de deslocalización de las multinacionales Sharp, Yamaha y Sony-,
el juzgado sospecha que Pujol llegó a pedir ayuda a Artur Mas. La
actuación del president habría consistido en hablar con los directivos
de algunas de las sociedades catalanas que iban a participar en el
proyecto, tal y como se desprende de algunos pinchazos telefónicos
intervenidos a los sospechosos.
La imputación de cohecho que formula la juez se fundamenta en estas
conversaciones intervenidas, documentación que obra en el procedimiento,
y en un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera. La Fiscalía Anticorrupción reclamó hace unas semanas la imputación de Pujol, su esposa, Anna Vidal, y Alsina.
La juez indica que «la intervención de Oriol Pujol Ferrusola fue
decisiva gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba, pues
intervino directa o indirectamente en las negociaciones para la venta de
Sharp hablando con los dueños de Cirsa, facilitando el acceso al
presidente de la Generalitat de Cataluña, así como al director de la
Agencia Tributaria catalana y a altos cargos del Departament
d'Indústria; coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi
Alsina, o incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la
operación».
De esta forma, la magistrada considera que «gracias» a la actuación
de Pujol «la operación mercantil para la que fue contratada la empresa
de su amigo Sergi Alsina tuvo el éxito esperado». Además, recuerda que
por presuntamente ayudar al empresario en estos negocios el ex diputado
supuestamente recibió «retribuciones económicas ingresadas en las
cuentas bancarias de Anna Vidal por una labor de asesoramiento
ficticia».
En este sentido, el auto establece que entre 2005 y 2012 las empresas
de la mujer de Oriol Pujol facturaron a la sociedad de Alsina casi
700.000 euros, pese a que se consideran irregulares las cobradas en 2008
y a partir de 2010. En concreto, la juez indica que la esposa de Pujol cobró unos 500.000 euros en facturas
que «simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi
Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la colaboración
prestada por Oriol Pujol».
(...) la juez Silvia López Mejía decidió unir todas las piezas abiertas contra los acusados:
por el presunto tráfico de influencias para distribuir el nuevo mapa de
estaciones de ITV en Cataluña, el cohecho para aprobar la Ley de
Seguridad Industrial de 2008 y este segundo supuesto soborno en las
operaciones por deslocalización de empresas entre 2010 y 2012, además de
otros negocios en los que Vidal facturaba a Alsina.
Una de las investigaciones gira en torno a las gestiones de los
imputados por la deslocalización de Sharp, en la que Vidal cobró 236.000
euros por el «análisis financiero e industrial de empresas que pudieran
operar en la planta de Sant Cugat del Vallès», que el auto dice que
consistió en la aportación de información manuscrita de las empresas
candidatas «fácilmente obtenible en internet».
Además, la juez sospecha
del proyecto de un parque de proveedores de Seat, donde Pujol
presuntamente «intervino directa e indirectamente ante el alcalde de
Martorell para la consecución de los fines perseguidos» por Alsina, como
«la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades» de la fábrica de automoción.
Por eso, la juez cita a declarar como testigos a directivos de estas
empresas, al alcalde de Martorell y actual presidente de la Diputación
de Barcelona, Salvador Esteve, a empleados de Alta Parnets, la sociedad
de Alsina, y al abogado Modest Llopis.
El juzgado investiga tres operaciones más -un proyecto de planta de
biogás en la comarca del Montsià (Tarragona), el asesoramiento a un
fondo de capital de riesgo en la fusión de dos grandes cadenas de
gimnasios y la venta de la empresa Jayan y la compra de Bonitrans-. Para
la juez, los pagos de Alsina a Vidal en estas operaciones era la forma
del empresario de abonar «los servicios prestados» por Pujol
«aprovechándose de su posición política»." (El Mundo, 05/01/2015)
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