"♦ Los encierros de pacientes afectados por la hepatitis C han
permitido visibilizar uno de los principales problemas que arrastra el
sistema sanitario desde la promulgación en 1986 de la Ley General de
Sanidad: su dependencia absoluta de las multinacionales de farmacia al
haber renunciado en aquel momento a la creación de un sistema público de
investigación y producción de medicamentos.
La lucha de afectados y
familiares, ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de acceder a un
tratamiento reconocido hasta el momento como el más eficaz, debido al
altísimo coste exigido por la multinacional que lo produce y ostenta su
patente (GILEAD, la misma empresa que vendió a Roche la patente del
fármaco Tamiflú, la supuesta cura de la gripe aviar…) y que nuestro
gobierno ha pactado. El medicamento en cuestión es el Sofosbuvir y su
nombre comercial, Sovaldi.
♦ El precio pactado por el gobierno es inasumible, tanto que hace
imposible el tratamiento de los 35.000 pacientes que se estima lo
necesitan.
Pero lo realmente preocupante, es que existiendo estudios de
costes que valoran el precio de producción de una pastilla de Sofosbuvir
en 2.5 euros, y el tratamiento de 12 semanas entre 68 y 136 dólares[1],
Gilead lo proponga a un precio de 650 a 1.000 euros por comprimido y
entre 25.0000 a 60.000 € el tratamiento completo.
♦ Las normas internacionales[2] permiten que un gobierno emita
licencias obligatorias para “permitir la producción de un producto
patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el
consentimiento del titular de la patente”.
Esto significa que un
gobierno puede promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de
productos genéricos a un precio mucho más bajo o importarlo de otro país
en una versión genérica. Nuestro gobierno no lo ha hecho.
Tampoco ha
negociado conjuntamente con otros países la compra del medicamento, o se
ha planteado pagar la patente a un fabricante de genéricos. También ha
estado en contra, así como la Comisión Europea, de establecer un precio
máximo para Sofosbuvir.
♦ Nuestro gobierno podría incluso, así como lo ha hecho el gobierno
Indio, cuestionar legalmente la patente sobre Sofosbuvir dado que esta
molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer,
y se podría demostrar la ausencia de una innovación que justifique la
patente actual. Pero nuestro gobierno, así como la mayoría, tampoco lo
ha hecho.
♦ Sin embargo, no es solo el gobierno el que ha mantenido una actitud
pasiva frente a la presión de Gilead. Nos llama poderosamente la
atención el silencio de la mayoría de las sociedades científicas
respecto al precio impuesto por la multinacional (lo que se repite con
otras enfermedades), y nos genera grandes dudas respecto a sus
relaciones con la industria multinacional farmacéutica. (...)
♦ La problemática puesta en evidencia por los pacientes de Hepatitis C
no es, sino una más de la larga lista de problemas del sistema
sanitario, que tiene su raíz en el proceso de mercantilización que
gobiernos de todo color político y empresas llevan ejecutando desde hace
décadas. Hoy es la Hepatitis C, pero el hecho general es que la inmensa
mayoría del gasto farmacéutico —que es casi la cuarta parte del gasto
sanitario público total— está absolutamente sobredimensionado en función
de los intereses de la industria farmacéutica. (...)" (CAMPAÑA PRIVATIZAR MATA, en Attac España, 17/01/2015)
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