"El exdiputado de CiU Oriol Pujol
“facilitó” a un empresario amigo suyo el “acceso” al presidente de la
Generalitat, Artur Mas, para que llevase a buen puerto un negocio
millonario: la deslocalización de la planta industrial de Sharp.
El
empresario, Sergi Alsina, cobró 3,2 millones de euros de la
multinacional japonesa por ayudarle a buscar un comprador. Pero no lo
logró solo: contó con la intervención “intensa y decisiva” de Pujol,
según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Alsina recompensó a su
amigo, pero lo hizo a través de la mujer de este: Anna Vidal, esposa del
político, cobró 236.000 euros por un supuesto “análisis financiero” de
la operación que, en realidad, no hizo, concluye la Fiscalía.
Anticorrupción ha pedido esta mañana que se amplíe la imputación contra Pujol en el caso ITV
-la presunta trama corrupta que intentó amañar concursos públicos de
estaciones de ITV- por un nuevo delito de soborno y por un delito de
falsedad documental.(...)
En un escrito contundente, el fiscal Fernando Maldonado relata que,
entre 2010 y 2012 -ya con CiU al frente de la Generalitat- el empresario
Alsina fue contratado, como intermediario, por varias mercantiles que
estaban en procesos de deslocalización en Cataluña: la citada Sharp,
Yamaha y Sony.
Alsina contrató “aparentemente” los servicios de Anna
Vidal “en concepto de asesoría, retribuyéndose generosamente”. Pero lo
que estaba pagando, en realidad, eran “los servicios de Oriol Pujol
Ferrusola, quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en
beneficio propio y de los otros dos imputados”.
El hijo del expresidente de la Generalitat prestó su influencia
política a su amigo íntimo Sergi Alsina en, al menos, cuatro
operaciones: las tres deslocalizaciones y un proyecto de Seat en
Martorell. El empresario obtuvo unos ingresos superiores a los 11
millones. Y la familia Pujol-Alsina recibió cerca de medio millón de
euros.
Alsina no lo consiguió solo por sus méritos profesionales, sino
que “contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya que le facilitaban su labor
profesional”. A cambio, retribuía a la mujer de Pujol “por una labor de
asesoramiento ficticia”.
La intervención de Pujol -que además de diputado era número dos
de Convergència Democràtica de Catalunya- varió por cada
deslocalización. La que requirió contactos a más alto nivel fue la de
Sharp.
Pujol “intervino directa e indirectamente en las negociaciones
para la venta de la planta de Sharp”, abunda el fiscal:habló con los
dueños de Cirsa -que finalmente se quedó los activos de la
multionacional-; “facilitó el acceso al presidente de la Generalitat, al
director de la Agencia Tributaria catalana y a altos cargos del
Departamento de Industria”; coordinó “llamadas y actuaciones” e incluso
“fijó la estrategia de comunicación del éxito de la operación”.
En todas las operaciones, Anticorrupción considera que Alsina pagó a
Vidal por trabajos ficticios o inútiles. En el caso de Sharp, la mujer
dePujol se limitó a “aportar información manuscrita con apuntes y
referencias sobre las empresas candidatas, fácilmente obtenible en
internet”. También “copió” estudios realizados antes por otras personas y
empresas, “carente de valor a efectos de un posible informe o trabajo
realizado merecedor de la retribución percibida”.
El caso ITV está aún en fase de instrucción y se está tramitando por el procedimiento del jurado popular. (...)
El exdiputado usó, presuntamente, su “peso político” para “lucrarse
personalmente” con la trama, que trató de tumbar una adjudicación de
estaciones de ITV para lograr una nueva convocatoria a la medida de sus
intereses. Más tarde, fue imputado también por cohecho: los
investigadores sospechan que cobró 30.000 euros de empresarios
implicados en la trama por defender sus intereses durante la
tramitación, en el Parlamento catalán, de la Ley de Seguridad
Industrial, que iba a fijar un nuevo marco en el sector de las ITV.
Ahora, la Fiscalía pide que se impute a Oriol Pujol un nuevo delito
de cohecho y un delito continuado de falsificación en documento
mercantil. Los mismos delitos que solicita para su mujer para el
empresario. (...)
El fiscal también ha propuesto que declaren como testigos dos antiguos
empleados de la empresa de Alsina, Alta Partners, así como directivos y
responsables de las empresas implicadas en los procesos de
deslocalización: el presidente de Cirsa, Manuel Lao; el directivo de
Seat Miquel Salaet o el presidente del Grupo Sesé (que se quedó la
planta de Yamaha), Alfonso Manuel Sese." (
Jesús García , El País,
17 DIC 2014)
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