" (...) Rafael Simancas, hoy arrumbado en un PSOE
desdibujado, rememora con cierta melancolía aquellos meses previos a las
elecciones de mayo de 2003 a la Comunidad de Madrid, cuando,
exhibiendo una ingenuidad de parvulario, se le ocurrió
adelantar que una de sus primeras medidas como presidente sería dar un
golpe de mano en Caja Madrid para quitar a Blesa su cortijo.
Simancas
nunca llegó a conquistar la Puerta del Sol. No por una cuestión de
aritmética, pues los diputados del PSOE sumados a los de IU daban más
que los del PP, sino por amenazar con finiquitar un modelo del que
todos, pero absolutamente todos, populares, socialistas, sindicalistas y
arribistas, se beneficiaban y les permitía esquilmar los hoy escasos
recursos de la caja de ahorros. Con las cosas del comer, le advirtieron,
no se jugaba.
Así se gestó el tamayazo. El 10 de junio de ese 2003, los socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez protagonizaron uno de los casos más ignominiosos de transfuguismo que se recuerdan.
Ese día, ambos políticos decidieron ausentarse de la Asamblea de Madrid
impidiendo que Simancas pudiera tomar control de la misma y dejando el
camino expedito para un nuevo mandato de Esperanza Aguirre.
Herido en su
orgullo como Boabdil cuando rindió Granada, el entonces candidato
socialista se decantó por sacar al PSOE de la Comisión Ejecutiva de Caja
Madrid, órgano que manejaba las decisiones de inversión de la entidad
financiera y donde residía su músculo financiero. No quería saber nada
de la Comisión mientras ocupara allí puesto Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid, al que señalaba como artífice del tamayazo. “No quiero sentarme con delincuentes”, rezongó.
Mientras Simancas lloraba por las esquinas, Blesa y Romero de Tejada
se fumaban un puro pies en alto, y en vez de desmantelar la Comisión, y
poner coto a las tarjetas y a los trajes hechos a medida a seis mil
euros la pieza, decidió dar entrada a José Antonio Moral Santín y repartirse la caja.
Lo de “repartirse la caja” hay que entenderlo en su literalidad. Blesa blindaba al consejero de IU, en verdad un mercenario ideológico,
paradigma de la inmundicia que se ocultaba bajo las alfombras de las
cajas, con un salario anual que, entre consejos, dietas y tarjetas,
superaba los 400.000 euros.
Porque, no nos engañemos, para eso han servido las cajas de ahorro, como herramienta para mantenerse en el poder, como medio de financiación opaca para los partidos políticos,
como cuaderno de bitácora para una red clientelar a la que se regaba
con sinecuras, a la que se invitaba a El Bulli a cambio de un pedacito
de comisión, a la que le regalaba los créditos (y no sólo los créditos)
en una etapa en la que todo valía, en la que el más modesto miembro de
la clase media veía natural pasar las vacaciones en las Seychelles y
conducir un coche de trescientos caballos. Pero todo eso acabó.
Al menos
para los menos pudientes. Porque mientras los ejecutivos de las cajas
mantienen sus yates amarrados a los pantalanes, la clase media se ha
tenido que vaciar los bolsillos para costear la quiebra del sistema
financiero. En total, más de 40.000 millones de euros. El contribuyente,
en definitiva, era quien pagaba los trajes de Hermès del consejero, las
compras del directivo en el Hipercor, los excesos de este Sodoma y Gomorra de cuello blanco en el que llegó a convertirse Caja Madrid. (...)
Estaban todos, lo consentían todo. El asunto de las tarjetas apenas
muestra un detalle, la punta del iceberg. Hay más. Debería haber más.
Como ese sinnúmero de operaciones dudosas, la mayoría inmobiliarias, de las que el FROB ha solicitado un análisis forensic a Bankia para dilucidar lo que se escondía tras ellas.
O la investigación sobre la compra del City Nacional Bank de Florida (CNBF), que duerme el sueño de los justos,
un proceso lentísimo en el que todavía no se ha resuelto el recurso
presentado en enero y por el que han pasado ya seis magistrados desde
que Elpidio Silva fuera apartado el 26 de mayo de 2013.
Será ahora
la juez Esperanza Collazos,
a la que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) acordó la pasada semana adjudicarle en propiedad el Juzgado de
Instrucción número 9 de Madrid, del que era titular el propio Silva, la
que tendrá que lidiar con un caso que, según prevén los que lo han
analizado, deparará sorpresas. (...)" (Nacho Cardero, El Confidencial, 13/10/2014)
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