"La universidad pública española (50 centros) ha fracasado. Pero no
solo por su baja calidad, sino por su corrupción generalizada: el
“enchufismo” en el acceso al profesorado y al personal laboral está tan
arraigado que ha terminado por expulsar a los mejores o más honrados y
ha creado una auténtica “casta” que comienza por los rectores y
vicerrectores, pero que continua con los decanos y jefes de
departamento.
Las ofertas de empleo se ocultan incluso hasta a los
propios docentes, el gasto se dispara, el absentismo no se fiscaliza (no
se ficha), los controles no existen… Algún día se hará pública la lista
de aquellos profesores que, aprovechándose de sus cargos, despidieron a
otros profesores antes que renunciar a sus dietas, viajes, congresos,
suministros e incluso “gastos de representación”.
O decidieron construir
elefantiásicos edificios antes que salvar puestos de trabajo. Su
inhabilitación como gestores públicos universitarios y su degradación
como académicos para que sirvan de ejemplo a la ciudadanía, a los
estudiantes y a los demás docentes será una de las principales tareas
para la regeneración democrática, económica y civil de España.
Sus nombres están en boca de todos, pero no se hacen públicos. Son los profesores que, aprovechándose de la crisis, expulsaron de la universidad española a otros profesores. Los 50 rectores de la CRUE son los responsables de un trágico desaguisado:
relegar as los que imparten la educación a la categoría de “material
sobrante” en una época en la que eran la única esperanza para la salida
de la crisis.
Lo hicieron porque la ley favorecía su autonomía, sin dar
cuentas a nadie. Solo reciben fondos públicos, nunca justifican su
reparto ante los ciudadanos que los benefician. Y optaron por la
decisión más cruel: despedir a los profesores más precarios para
conservar sus privilegios,
lo ocurrido en la Universidad de Murcia es solo un ejemplo más de lo
que ha ocurrido en cada una de las 50 universidades públicas.
Junto a ellos, fueron cómplices del latrocinio los vicerrectores. Una media de entre diez y quince por universidad. La estafa piramidal universitaria continúa con los decanos, escogidos por los vicerrectores. Y los decanos eligen a su vez a la mayoría de los jefes de departamento, que son los que certifican los abusos. En el campo del resto del personal laboral, son los sindicatos los que mandan.
Todos ellos apoyan a los rectores en el poder a cambio de conservar su
cuota de reparto. Este es el actual sistema universitario español, de
ahí el fracaso generalizado. La autonomía solo ha servido para fomentar
la corrupción y que familias enteras se beneficien de los empleos
públicos, una verdadera bicoca en tiempos de crisis.
Por contra, se han
expulsado a los pocos profesionales que impartían clases y que
engarzaban la teoría y la ciencia con la experiencia, tan necesaria hoy
para levantar el mercado de trabajo con autoempleo o emprendimiento. Ha
ocurrido en Medicina, en Derecho, en Ingenierías, en Arquitectura, en
Informática, en Comunicación…
A día de hoy no existe aún en España un listado de profesores despedidos en cada universidad.
Ningún sindicato ni partido político lo ha pedido ni lo pedirá. Se
esconden los datos alegando que son contratos parciales finalizados,
becas concluidas, servicios ya acabados…
Las mil y una triquiñuelas en
que la administración universitaria española consagra la explotación
laboral. Hasta en la “jerga” académica persisten términos y usos medievales: asignaturas “esclavas”, propuestas de docencia “gratuita” (sin cobrar), junto a denuncias por abusos, falsificaciones, persecuciones, oscurantismos e incluso plagios.
Relatar los miles de casos de corrupción en la universidad española es una tarea hercúlea que está intentando realizar la web Corruptio.com sin apenas medios.
En lugar de alentarla y protegerla, se la condena al anonimato, por
fortuna sorteado desde internet. El problema reside en que, gracias a la
autonomía universitaria y a la ausencia de un código disciplinario para
sus gestores, aunque sean condenados por los tribunales no son
expulsados jamás de la institución.
Ni siquiera son sancionados, aunque
se demuestre judicialmente que sus actos provocaron ruina económica o
socavaron derechos fundamentales de otros profesores o empleados.
El ejemplo más palmario ha sido la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), no podía ser de otra manera con ese nombre por bandera. Mientras su actual rector, Pedro González Trevijano,
es ascendido por la “casta” política y partitocrática a la que
pertenece hasta la categoría de Magistrado del Tribunal Constitucional,
su denunciante, el profesor David Ríos Insúa,
que se atrevió a decir algo parecido a la fábula de “el rey está
desnudo”, sufre las consecuencias de su valentía, honradez y civismo
habiendo padecido el desmantelamiento de su departamento, relegándole
además al ostracismo.
El rector se presentó a un tercer mandato cuando
las leyes impedían prolongar su gestión más allá de dos, pero en un
sarcasmo propio del feudalismo, la trampa electoral fue recompensada
haciéndole miembro de la Junta Electoral Central. Quien no respetaba los
procedimientos electorales académicos ahora vigila los procedimientos
electorales políticos.
En cada universidad española existen otros “David
Ríos” que osaron enfrentarse a los abusos académicos, no hay más que
asomarse a internet para encontrarlos, como el profesor Daniel Jesús García (UAL).
Algún día serán ellos los rectores que dignifiquen una profesión que ha
sido degradada al extrarradio de la moral y la ética en estos años de
infamia y brutalidad." (Un espía en el congreso, 13/06/2013)
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