"Tras diez años de presidencia de Jordi Pujol, comienzan a aparecer
signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un
evidente abuso de poder. No se puede olvidar el titular de El Periódico de Catalunya
de 18/3/1990:
“Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de
mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una
investigación penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general
de la Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de
Iberia de Seguros S.A. Entonces, el Fiscal General del Estado impidió
que la Fiscalía formulara una querella.
La historia volvió a repetirse. La Fiscalía, en mayo de 1990, abría
una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los
ochenta.
El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de ayuda
para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin de
apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis. La realidad fue que
parte de dichos fondos -los llamados avales- se destinó, en condiciones
muy ventajosas, a sociedades vinculadas a Consejeros o altos cargos de
la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados,
causando un grave perjuicio al erario público autonómico.
Ante los resultados de esta investigación, la Fiscalía planteó
formular una querella por delito de malversación de caudales públicos y
otros contra los Consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa,
Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra.
El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la
Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos
estaban prescritos. Y, luego, han venido los indultos del Gobierno
español a condenados vinculados a CiU.
Produce pánico pensar en el grado de impunidad que puede implantarse
en una Catalunya -no lo olvidemos, gobernada por CiU- fuera de los
actuales contrapesos y controles de eso que llaman el Estado español." (Carlos Jiménez Villarejo,
ex-Fiscal Anticorrupción, La lamentable, 18/01/2013)
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