El informe elaborado por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, que rechazó investigar el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, indica que lograron cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno que preside el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.
Así, el informe detalla que desde 2007 y hasta 2009, Sedesa -el grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino- recibió un total de 539 millones de euros en adjudicaciones. Vicente Cotino mantiene una estrecha relación de amistad con el responsable de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, y con el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García. (...)
Camps, entre 2005 y 2008.La firma Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, logró más de 77 millones en adjudicaciones entre finales de 2006 y principios de 2009, según la policía.
Facsa, la firma que dirige Enrique Gimeno y también radicada en Castellón, logró 13,8 millones en solitario de adjudicaciones de la Generalitat. La policía tiene documentados pagos en dinero B por actos del PP de las citadas empresas y del presidente de la sociedad PIAF, Antonio Pons. Éste, además sustituyó en el cargo de administrador en la firma Patrimonio Millars XXI al entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, en abril de 2004." (El País, ed. Galicia, España, 05/10/2009, p. 10)
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