Hasta que ha cantado el inspector de policía José Javier Martín Puyal, Jordi, después de que el dueño de un prostíbulo le denunciara por exigirle 3.000 euros a cambio de mirar para otro lado sobre el supuesto tráfico de personas que se producía en los locales o advertir a los propietarios de que sus agentes del Grupo de Extranjería irían a registrar el local. (...)
Y esta semana la juez ha abordado la tercera pata de la trama: los abogados. Gentes de orden, algunos de ellos (Fernando Martínez) incluso ex dirigente del PP en Cataluña, pero a los que el fiscal acusa de incitar las redadas en los prostíbulos para después erigirse en defensores de los acusados. Uno de esos letrados, Alex Garberí, puede acabar mañana en la cárcel si la juez atiende la petición del fiscal, como parece probable después de que prorrogara la detención ocurrida el pasado jueves.
En el caso de los abogados, desde hace años compaginan su profesión con cargos en asociaciones del sector. Martínez es secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno, y Garberí tiene vínculos con la Asociación Catalana de Empresarios de Clubs de Alterne. La duda que queda por despejar es si esa mancha de aceite de la extorsión se ha extendido o no a otros prostíbulos." (El País, ed. Galicia, España, 29/03/2009, p. 20)
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