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6.11.23

Pelotazo urbanístico en un batzoki: Algorta construirá 14 viviendas en la sede del PNV

"En la fachada del batzoki de Algorta (Getxo), la gran “casa”, bar y restaurante de los simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de este barrio, siempre ha colgado un cartel que recogía el título de un poema de Gabriel Aresti en euskera: “Nire aitaren etxea defendatuko dut” (Defenderé la casa de mi padre). Alguien, hace unos años, añadió, a modo de grafiti, una apostilla que rezaba: “Más te vale, al precio que están”. En ese mismo suelo se construirán 14 viviendas libres —que pueden ser negociadas en el mercado al no ser objeto de ningún régimen de protección oficial o pública—. La operación urbanística, comandada por el Equipo del Gobierno de Getxo (formado por el PNV y el PSE-EE), ha sido calificada por EH Bildu como posible “pelotazo urbanístico”.

El patio del batzoki de Algorta es particular. Hasta ahora, el PNV se lo ha cedido a los alrededor de 100 alumnos de primaria del colegio Juan Bautista Zabala para que jueguen, pues su zona de recreo es muy pequeña. La Asociación de Madres y Padres ha solicitado en varias ocasiones mejoras en la condiciones de sus pequeños, pero el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ido dilatando la gestión. Parece que, aunque es particular, cuando llueve se moja, como los demás.

El plan urbanístico

Con la dilatación en la toma de decisiones, el Ayuntamiento del municipio ha llegado a una solución que no agrada al vecindario, tampoco a las madres y los padres de los alumnos del colegio Juan Bautista Zabala. También levanta suspicacias y es cuestionada por la oposición política. Esa solución se da a través del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (PGOU), que permitiría construir viviendas residenciales en el solar del propio batzoki de Algorta. Su aprobación se dio con los votos de los jeltzales y los socialistas, contó con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El nuevo PGOU permitirá edificar en el amplio espacio que incluye un edificio de tres alturas, donde hubo aulas, además de otra casita con más espacio en la parte trasera y el patio donde corren los alumnos habitualmente. En general, la aprobación del nuevo plan urbano hace posible el plan de construcción de 4.601 nuevas viviendas. Aunque la mayoría serán “protegidas” —3.089—, las 14 que se levantarán en suelo del batzoki no lo estarán.

La Asociación de Madres y Padres piensan que tras acometer el PGOU será más reducido aún el patio de recreo de sus hijas e hijos. Temen también que si habilitan aulas en el patio, “se quede así para siempre”, tal y como sucedió en el Colegio Público Zipiriñe de Sopela, donde aún hay pabellones provisionales habilitados como aulas desde hace dos años.

La operación urbanística en torno al patio del batzoki contempla un acceso para vehículos a planta sótano. Este parking subterráneo tampoco convence a los vecinos, quienes recuerdan que el parking de San Nicolás no ha calado desde su inauguración en 2013 y continúa con solo una veintena de plazas adjudicadas de un total de 103.
Batzokis: sospechosos habituales

En los batzokis de Bizkaia sirven cafés, pintxos de tortilla, menús del día y se lee el Deia. Allí se reúnen a jugar la partida viejos amigos unidos por un hilo rojo, verde y blanco: los colores del Partido, en paralelo a los de la ikurriña. Nadie pide el carné ni comprueba los apellidos, pero todo el mundo sabe que allí, concretamente en el de la calle Correo de Bilbao, se alzó por primera vez la bandera que luego sería de todos los vascos, y nació el Partido Nacionalista Vasco de la mano de Sabino Arana. Ahora en esos lugares de encuentro (de batu, 'reunir' y toki, 'lugar', batzoki) son investigados por el Tribunal de Cuentas y vuelan cheques.

Concretamente, las operaciones urbanísticas en torno a algunos batzokis han sido objeto de investigación y reproche del Tribunal de Cuentas. En septiembre del 2013, el PNV celebró la reapertura del batzoki de Barakaldo. Cinco años antes, la sede del partido ubicada en el paseo de Los Fueros fue edificada gracias a un acuerdo entre el PNV y la constructora Constxus Promociones. La empresa construyó pisos de lujo en el inmueble histórico, conservando la fachada de 1932, para su explotación, mientras los jeltzales obtuvieron los bajos para uso político.

En este caso, el Tribunal de Cuentas advirtió que “el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca”. Los nacionalistas vascos respondieron que no habían “cometido ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza”. Y todo se quedó ahí.

Ese mismo año, en 2013, el diario El Mundo desveló que la constructora Sacyr entregó 13.000 euros en 19 cheques a una sociedad mercantil propiedad del PNV: Landaburu Etxea, controlada por el propio partido con poco nivel de transparencia, según se hicieron eco publicaciones especializadas. Estos ingresos contravienen la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que entre otros aspectos prohíbe a las formaciones recibir donaciones de empresas adjudicataria de contratos públicos, como es el caso de la constructora, y desde luego, no permite que esos ingresos se canalicen por medio de sociedades interpuestas.

Los movimientos bancarios formaban parte de un acuerdo alcanzado entre Sacyr y Landaburu Etxea en el marco de la compra de una parcela en propiedad del PNV en Llodio. La operación estaba impulsada, de nuevo, por el plan de reordenación urbanística del Consistorio que incluía la demolición de varios inmuebles, entre ellos el batzoki, con el objetivo de urbanizar la zona y levantar una promoción de viviendas. El nuevo plan fue la excusa perfecta.

Dos años después, en 2015, el diputado vizcaíno de Promoción Económica, Imanol Pradales, se desprendió de sus acciones en Sacyr, momento en que la Diputación penalizó a la constructora por abandonar unas obras públicas. Por otra parte, Landaburu Etxea estuvo administrada por Alfredo De Miguel, condenado en 2019 por el caso de comisiones ilegales del denominado caso De Miguel. El propio Alfredo De Miguel utilizó Landaburu Etxea para acometer la compra y reforma del edificio que alberga la sede del PNV en Gasteiz mientras era el partido quien figuraba como titular de la empresa.

Para más inri, el Tribunal de Cuentas ya había puesto bajo su lupa otras operaciones inmobiliarias del Consejo del Bizkai Buru Batzar del PNV en 2011 negociadas con un promotor en las localidades de Arrigorriaga, Elorrio y Dima. El PNV llegó a incumplir la normativa sobre donaciones anónimas en el marco de su campaña de financiación de las obras de Sabin Etxea, sede central del partido. Entre el 12 al 20 de enero de 1993, ingresó en una cuenta 54 aportaciones en efectivo por un total de 150 millones de pesetas en las que no se identificó a ninguno de los impositores.

Gran parte de las anotaciones de ingreso en la cuenta Donativos Sabin Etxea correspondían a cantidades inferiores o próximas a 500.000 pesetas así como 78 ingresos por importes iguales o superiores a un millón de pesetas, casi la mitad del saldo de la cuenta de donativos para el PNV durante aquel ejercicio. El saldo de la cuenta del total de donativos y aportaciones ingresados en la sede central del PNV, por entonces en la calle Elcano de Bilbao, ascendía a 343.861.127 pesetas (algo más de dos millones de euros). La construcción de Sabin Etxea costó más de 10 millones de euros. Un estudio atribuye a la sede del PNV un valor residencial algo superior a los 12 millones de euros, la segunda sede de mayor valor detrás de la del PP en Génova (Madrid).
Actividades mercantiles de los batzokis

Las actividades mercantiles desarrolladas en los batzokis han estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por no ajustarse a la normativa de financiación de partidos y por la falta de transparencia sobre este tipo de contabilidad. En concreto, el Tribunal se refiere a “los ingresos que la formación obtiene de la explotación de su patrimonio inmobiliario mediante la realización por terceros de actividades de restauración en locales de su propiedad”, “así como los ingresos procedentes de las máquinas recreativas que se ubican en dichos locales”. Esto es, lo que ocurre en Getxo no es ninguna novedad, sino una norma establecida desde hace décadas.

Los lugares de encuentro de militantes del PNV están gestionados por Batzokia S.L., la empresa mercantil que impone las condiciones de arrendamiento de los mismos. Como proveedor de una buena parte de las sedes del PNV (más de 30) ejerce la sociedad Baibatzokia, creada en su día por Aitor Elizegi, expresidente del Athletic Club de Bilbao. Y el negocio es bastante rentable. Solo las máquinas recreativas (conocidas como tragaperras) instaladas en la mayor parte de los 200 batzokis contribuyeron con casi 5 millones de euros a las cuentas del PNV en 2013.

No es baladí. Fuera del alcance del Tribunal de Cuentas se encuentran las operaciones en torno a los batzokis del Ipar Buru Batzar (el gobierno del partido en Iparralde). Niko Mendizabal ejerce de administrador de estos batzokis y a su vez, como tesorero del partido. Su difunto hermano estuvo ligado al caso Tragaperras, la supuesta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego, fue asociado con un testaferro del magnate Silvio Berlusconi: el testaferro tenía una empresa en el mismo lugar que Mikel Mendizabal, según desvelaron los Papeles de Panamá.

También protagonizó un affaire en otro municipio, Bakio, junto a un exalcalde condenado por corrupción en 2017. Ese mismo exalcalde y los consejeros de una constructora, mimada por el consistorio y en la que trabajaba un exsecretario del Euzkadi Buru Batzar, crearon una sociedad para hacer una operación de compra-venta con un local que después albergó la sede del nuevo batzoki de Bakio.

Las cuentas de las organizaciones locales del PNV siempre han estado fuera del alcance del organismo fiscalizador. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas detectó en 2012 que el PNV había ocultado de sus balances oficiales 357 cuentas corrientes de batzokis y Juntas Municipales, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros.

Que se despreocupe Aresti. La casa del padre está muy bien defendida: todo son sombras sobre las fachadas de los batzokis. "                       (Ahoztar Zelaieta , Luis Miguel Barcenilla , El Salto, 16/11/22)

27.1.23

Las puertas giratorias entre el PNV y el oligopolio energético... Aunque en el imaginario social haya calado la figura de Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco y expresidente del partido jeltzale que ahora dirige Repsol, el salto de la Administración pública a la empresa privada en el sector energético llega a una treintena de casos, como el número dos del PNV, varios extesoreros, dos exvicelehendakaris, un expresidente del Parlamento Vasco y otros tantos exconsejeros del Gobierno Vasco

"Las puertas giratorias son una pata fundamental a la hora de caracterizar el modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los críticos con este fenómeno señalan que el constante flujo de cargos públicos hacia el sector empresarial y viceversa lleva aparejado un trasvase de información harto relevante sobre la Administración que las corporaciones utilizan después para influir e imponer sus intereses empresariales. Hacen política fuera de las instituciones, a golpe de billetera.

Según sigue la crítica, los políticos se convierten en conseguidores de contactos para la agenda corporativa y facilitan un conocimiento central para ganar las licitaciones públicas. Asimismo, en muchas ocasiones, los cargos elegidos democráticamente adjudican contratos o granjean favores a las firmas en cuyos cargos directivos terminan recalando después con el objetivo de conseguir mejores salarios en la industria o simplemente acumular más poder.

En el caso vasco, cualquier análisis de este tipo se queda corto: empresas y cargos políticos cruzan, una y otra vez, del sector público al privado. ¿Dónde empieza y acaba cada uno? Año tras año, la respuesta es cada vez más complicada y la frontera más difusa. En el sector de las energéticas hay acumuladas, según ha podido comprobar Hordago-El Salto, cerca de una treintena de puertas giratorias cruzadas por personalidades del PNV.

Muchas de estas se concentran en Iberdrola y Repsol, dos oligopolios energéticos que en los primeros nueve meses de 2022 acumularon un beneficio conjunto de 6.300 millones de euros mientras el resto de personas observaba cómo los precios subían drásticamente. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la segunda, afirmaba recientemente con un poco de cinismo que “Europa ha fracasado, las familias tienen problemas para pagar sus facturas”. Imaz fue exconsejero de Industria del Gobierno Vasco y expresidente del PNV.

La ejemplaridad en el sector energético

Iberdrola es un gigante energético que cuenta con un ciego apoyo institucional vasco para desplegar proyectos de hidrógeno, eólicos y fotovoltaicos sin apenas regulación o control público. Iberdrola cocina, pincha, corta y reparte en la organización de la energía en este país. ¿Cómo hemos llegado a este punto?

En el consejo de administración de la eléctrica se sienta Roberto Otxandio, exalcalde del PNV en Basauri, exdirector de Euskotren y en la actualidad miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la compañía. Por las direcciones de sus filiales y entidades participadas también han desfilado destacados nacionalistas como Alfonso Basagoiti, exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco y expresidente del Parlamento Vasco, y Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco.

La relación entre la política y la empresa se estrecha cuando el patrimonio o el sueldo extra de los primeros dependen de los ingresos que genere la energética. Personalidades relevantes del PNV son accionistas de Iberdrola, la compañía con su gran torre a orillas de la Ría. El portavoz adjunto del PNV en Madrid, Mikel Legarda, exviceconsejero de Seguridad y exasesor del Gobierno Vasco para Asuntos Parlamentarios, es diputado en el Congreso con 67.731 euros en juego en la empresa (con datos de 2019). Jokin Bildarratz, exalcalde de Tolosa, expresidente de Eudel, exparlamentario y exsenador, ocupa el cargo de consejero de Educación del Gobierno Vasco y cuenta con 30.168 euros en acciones de Iberdrola (también con datos de 2019).

No obstante, uno de los ejemplos para ilustrar cómo el sector energético se vigoriza gracias a los militantes del partido que más año ha gobernado en Euskadi es Repsol. Emiliano López Atxurra, exasesor de Lehendakaritza que fichó por Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), en la actualidad preside la petrolera. Por su parte, Mario Fernández, exconsejero de Trabajo y exvicelehendakari, fue vocal del consejo de administración de la misma empresa hasta que tuvo que dejarlo por ser condenado a seis meses de prisión en el marco del 'caso Kutxabank',

En la empresa siguió su esposa, Arantza Estefanía, quien actualmente figura como consejera de la empresa. Este cargo lo compatibiliza como miembro del Consejo Económico y Social Vasco de Lehendakaritza.

Repsol también ha fichado a otros consejeros del Gobierno Vasco como Javier Balza, exconsejero de Interior que trabaja en el despacho Uría Menéndez asesorando a Petronor, y José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria que se cambió de camiseta varias veces, vistiendo el escudo de Repsol, Petronor y Naturgas. Asimismo, Antón de Madariaga, exalcalde por el Partido Nacionalista Vasco en Plentzia, fue director general y vicepresidente de Petronor.


El pequeño oasis de Muskiz

Las giratorias de Repsol para el PNV se abrieron hace muchos años con el Gobierno del municipio donde se asienta la petrolera. Gualber Atxurra, técnico de relaciones institucionales de la empresa, hizo las funciones de alcalde en Muskiz con el mismo partido.Uno de los casos más flagrantes es el que se dio con Rufino Manterola y Amaia Ibañez, que compaginaron su trabajo en Petronor con los cargos de teniente alcalde y concejala del PNV en el municipio.

Como bien dice el mantra, la industria sigue generando puestos de trabajo para los vecinos del pueblo. Otro buen ejemplo es el de Guillermo Higuera, jefe de área en la sección de destilación de Petronor, miembro del equipo del PNV en Muskiz.
Denuncias de Podemos y EH Bildu

No extraña que en Madrid, cuando el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en el Congreso una iniciativa relativa a eliminación de las puertas giratorias, el PNV la rechazara “sorprendido” por “el trazo grueso” con el que se había elaborado. “Se nos hace difícil su apoyo”, afrimaban.

Podemos ha llegado a afirmar que “de todos los partidos que practican las puertas giratorias en los consejos de administración del IBEX 35, el que tiene una mayor presencia en relación a su representación en el Congreso es el PNV de lejos”. La formación morada acusó a los nacionalistas que lidera la bicefalia entre Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu de torpedear la reforma eléctrica del Gobierno español por sus intereses en las energéticas y denunció que el Ministerio de Hacienda y Función Pública eludía informar sobre la implicación del PNV con las giratorias en el sector energético.

Por su parte, cuando el socialista Antonio Miguel Carmona llegó a Iberdrola, EH Bildu señaló que eso generó debate en Madrid, pero que las enormes puertas giratorias en Euskadi apenas genera discusiones más profundas en la capital española: “Aquí también se dan esas puertas giratorias, y por ser algo habitual no es normal y, mucho menos, adecuado”. Además, EH Bildu criticó entonces que “en medio de la polémica por los precios de la luz, hay exmiembros de nuestras instituciones pasando al sector energético”.

Más allá de Iberdrola y Repsol

La sombra jelkide (como se conoce a quien se autodetermina miembro del Partido del “Dios y la ley vieja”) en el sector energético es alargada y va más allá de Iberdrola y Repsol.

La segunda mayor distribuidora del Estado español, Nortegas, está presidida por Iñaki Alzaga, miembro del patronato de Fundación Agirre Lehendakaria y presidente del Grupo Noticias (conglomerado de medios de comunicación afín al PNV). Para cerrar el círculo, un exdirectivo de Nortegas, Mikel Amundarain, es el actual viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco.

Por su parte, la quinta petrolera más grande del Estado, Esergui, ha estado presidida entre los años 2000 y 2016 por José Ramón Arriaran, exrepresentante del PNV en Juntas Generales de Gipuzkoa. Esergui es propietaria del tanque que ardió en Punta Lucero este verano pasado.

Las puertas giratorias en este sector también llevan a escenarios internacionales al cruzarla. El exvicelehendakari Jon Azua, a su vez exconsejero de Industria, fundó Fenix Oil & Gas para operar en Estados Unidos y Colombia, y además vicepresidió Guascor con proyectos en Qatar. El exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Alfonso Basagoiti, fichó por Oil&Gas Capital, con importantes intereses en el fracking, y llegó a presidir Gamesa, la multinacional de energía eólica, durante su implantación en Estados Unidos.

En Bahía Bizkaia Gas, la entidad que llegó a ser el tercer mayor receptor mundial de gas ruso tras el estallido del conflicto bélico en Ucrania, han recalado pesos pesados del partido. Joseba Aurrekoetxea, antaño número dos del PNV, fichó por Enagás y Bahía Bizkaia Gas, además, preside su filial Bahía de Bizkaia Fotovoltáica.

Cuando Juan Mari Atutxa, un histórico nacionalista, dejó la presidencia del Parlamento Vasco y Josu Bergara abandonó el cargo de Diputado General de Bizkaia, ambos ficharon, gracias a ese destacado curriculum, por Bahía Bizkaia Gas.

Sener, empresa de ingeniería que creció a la luz de la industria de las armas, cuya sede en Getxo fue registrada en 2018 en el marco de la investigación 'del 3% catalán', cuenta también con salto de sector público a privado. Por un lado, Pedro María Mugarra, exalto cargo del Gobierno Vasco y exdirector de comunicaciones del departamento de Interior, pasó a ser directivo de Sener. Por otro lado, un director de proyectos de la empresa getxotarra, Mikel Gurutzeaga Zubillaga, llegó a ser nombrado director de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco.

La lista sería interminable, pero la cerramos destacando a José Manuel Martiarena, exconsejero de Interior que fichó por Naturcorp y Pasaia Gas, y a Sabin Anuzita, vocal de la junta del Cluster de Energía que tras abandonar la concejalía en Bilbao ha pasado a dirigir la compañía de ingeniería eléctrica Tecuni (dedicada a la eficiencia energética de edificios).

En palabras del investigador en Comunicación Jonathan Martínez, se trata del fenómeno “homo enchufens” dentro del “zoológico de la política institucional” donde “una especie tan común que nos hemos terminado acostumbrando con resignación a su presencia”. Esa especie autóctona con eusko label (sello de calidad de la Comunidad Autónoma Vasca) no está amenazada de extinción, simplemente es una gran desconocida. De hecho, los miembros de esta especie pasan habitualmente desapercibidos.

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, expresidente de Petronor y exvicepresidente de Gas Natural, ha sido durante muchos años el árbol totémico que no deja ver un bosque lleno de puentes entre lo privado y lo público, o viceversa, algo que le ha venido de fábula al PNV.

El fenómeno y los fenómenos

El Tribunal de Cuentas europeo ha instado a la Unión Europea para que endurezca normas y controles con el objetivo de evitar las puertas giratorias de directivos y altos funcionarios. El tribunal considera que este fenómeno provoca “conflicto de intereses y pone en peligro la integridad de las instituciones”. En este sentido, la Defensora del Pueblo europeo, Emily O’Reilly, denuncia la inacción a la Comisión Europea porque el Ejecutivo comunitario es muy “reticente a usar los poderes que tiene” para abordar este fenómeno que “afecta al corazón de la integridad y la legitimidad de la UE”. En su opinión, las puertas giratorias son explotadas “por gente hostil”, refiriéndose al modus operandi de las grandes consultoras.

En el oasis vasco, la propuesta de reforma de la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos fue tumbada en el Parlamento Vasco con los votos de PNV y PSE-EE. Esta propuesta planteaba medidas para mejorar la regulación de los conflictos de intereses. Además, pretendía otorgar rango de ley al periodo de carencia de dos años, es decir, el tiempo que ha de transcurrir desde el abandono de un cargo público hasta que se accede a una responsabilidad en el sector privado."       (Ahotzar Zelaieta, El Salto, 20/01/23)

9.5.22

El PNV confió la gestión de un edificio de Osakidetza al edil acusado de malversación para inflar su campaña en Galdakao

 "El ya exdirector de Emergencias del Gobierno Vasco, Fernando Izaguirre, también ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Galdakao debido a la denuncia interpuesta por los actuales responsables de la DYA en relación a operaciones anómalas durante su presidencia en la asociación de ayuda en carretera entre los años 2016 y 2021. Mientras estaba inmerso en irregularidades en la DYA, el PNV confió a Izaguirre la puesta en marcha de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria para inflar la recta final de su campaña como candidato a la alcaldía de Galdakao.

En 2019, Osakidetza quería crear un nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en las residencias de personas mayores. Por entonces, el Servicio Vasco de Salud estaba encabezado por Jon Darpón, quien tras cesar en su puesto pasó a encabezar una empresa de salud privada internacional llamada Keralty.

El diseño del nuevo modelo contó con la participación de los colegios de farmacéuticos, así como de la sociedad científica de Farmacia Hospitalaria (SEFH), pero estas entidades se mostraron contrarias a la gestación de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria de Osakidetza. Pese a las críticas, el Gobierno Vasco estaba decidido a crear la citada unidad. A finales de abril de 2019, Fernando Izaguirre, en calidad de concejal de Urbanismo de Galdakao, llevó a cabo personalmente la gestión para que el Ayuntamiento de Galdakao facilitase una nave propiedad del consistorio como futura sede central de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria de Osakidetza. Se trataba de la cesión de un edificio municipal de 1.038 metros cuadrados, con un terreno adyacente de 1.848 metros cuadrados, “para impulsar el nuevo modelo de prestación farmacéutica en las residencias de Euskadi”, aprobado el 26 de febrero de 2019 por un decreto del Gobierno Vasco. 

La celeridad de las actuaciones de Osakidetza y el inmediato apoyo del Ayuntamiento de Galdakao coincidieron con el final de campaña electoral del candidato a la alcaldía del PNV, Fernando Izaguirre. Semanas después del acuerdo gestionado por Fernando Izaguirre, Osakidetza se dio prisa en encargar la redacción del proyecto de acondicionamiento de la nave cedida por el Ayuntamiento de Galdakao, ubicada en el Polígono de Erletxes, cuyo coste ascendía a unos 300.000 euros. Esta iniciativa de mayo de 2019 recayó en alguien de confianza, Construcciones y Reparaciones Montegui, constructora que había relevado a la firma Ingeniería y Técnica de Montaje Lointek, una empresa muy cercana al PNV, en el monopolio de las obras menores en el Hospital de Cruces. Ambas empresas, a día de hoy, siguen siendo adjudicatarias de contratos en el citado hospital.

El sprint final de Osakidetza ante la inminente celebración de las elecciones de finales de mayo de 2019, resultó infructuoso ya que Fernando Izaguirre, candidato a alcalde por el PNV, perdió los comicios y EH Bildu se hizo con el Ayuntamiento de Galdakao. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber nada sobre el proyecto de ubicar en Galdakao el almacén de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria de Osakidetza que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Galdakao habían anunciado a bombo y platillo antes de las elecciones. Aunque la alcaldía de EH Bildu no puso impedimento alguno al acuerdo gestionado por Fernando Izaguirre, el PNV de Galdakao y Osakidetza dejaron de emitir notas de prensa en torno al almacén ubicado en el Polígono de Erletxes.

A este respecto, el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza, es natural de Galdakao y había señalado que la regulación de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria de Osakidetza no se incorporó en el decreto del Gobierno Vasco porque “no hemos visto la necesidad”.

Según las fuentes  consultadas por este periodista, el encargo del PNV a Izaguirre, tenía como objetivo inflar la campaña del candidato jeltzale. La llegada de esta infraestructura sanitaria a Galdakao era una baza electoral que pretendía sumar un esfuerzo cualitativo para ganar los comicios municipales. Desde 1979, el PNV había conservado la alcaldía en Galdakao y las elecciones de 2019 resultaron una debacle electoral. Fernando Izaguirre perdió las elecciones, pero en marzo de 2021 el partido conservador lo acomodó en el cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco.

El rol de los Betolaza

El papel de Jon Iñaki Betolaza, así como el de su hermana Amaia Betolaza, en su momento concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Galdakao, constituye una parte crucial del modus operandi del PNV en Galdakao. Amaia Betolaza fue relevada de la concejalía de Urbanismo del consistorio en 2016 en el marco de unas denuncias por irregularidades en la gestión de las obras de demolición de la antigua fábrica de Formica.

El terreno de Formica lo había adquirido la constructora Vusa. En esta constructora de Galdakao había ejercido de director de gestión un exconcejal del PNV en el municipio, José María Ipiña, fundador junto a excargos de la Ertzaintza de la empresa Pavigom. Esta empresa se hizo con el contrato de la grúa municipal en Bilbao cuando este servicio fue privatizado. Para cuadrar el círculo del modus operandi del PNV en Galdakao, cabe señalar que Arkigest, empresa beneficiada con las privatizaciones de los servicios municipales de arquitectura, creada por Iskander Atutxa y su hermano, el exburukide Asier Atutxa, participó en la polémica operación en torno a los terrenos de Formica en Galdakao.

Antes de entregar su carné de afiliado del PNV y renunciar a su acta de concejal, Fernando Izaguirre presentó su dimisión “por razones personales” como director de Emergencias del Gobierno vasco. Fernando Izaguirre prepara ahora su alegato de defensa preocupado de que aflore la relación de bienes en propiedad, especialmente desde los últimos años. En una de sus imponentes inmuebles se celebraban algunas de las reuniones del PNV, en lugar de realizarlas en el Batzoki. Los datos que pudieran aflorar sobre la lujosa decoración su inmueble también incomodan a Fernando Izaguirre, en tiempos pasados ganador de premios del sorteo de la Lotería en varias ocasiones y con hipotecas por valor de 660.000 euros en su declaración de bienes del año 2019."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 9 may 2022)

1.9.26

Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales, por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas. El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia... Pradales al frente de Azpiegiturak, contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector... Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social. La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV... Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado (Ahoztar Zelaieta)

 "Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturak contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”." 

( Ahoztar Zelaieta, El Salto, 31/08/26)

6.4.18

Caso De Miguel: el PNV también tiene 'su Gürtel' en los tribunales

"Frente a la extendida creencia de que el País Vasco es una especie de paraíso ajeno de corrupción, la actualidad judicial en Euskadi está marcada por dos procesos que salpican de alguna manera al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Uno, el 'caso De Miguel', es el mayor caso jamás instruido por corrupción en esa comunidad. El otro -'caso Margüello'-, aunque de menor envergadura, se asemeja a alguno de los asuntos más turbios ocurridos entre la Administración y los partidos políticos en el resto de España.

El 'caso De Miguel' gira en torno a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales para conseguir la adjudicación de contratos públicos. Su cabeza más visible es el ex número dos del PNV de Álava y ex diputado foral Alfredo de Miguel, apodado 'Txitxo', para quien la Fiscalía solicita 54 años y 11 meses de prisión por más de veinte delitos. Entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.

Casi nueve años después de la denuncia presentada por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, el pasado mes de enero se abrió el juicio oral en la Audiencia Provincial de Álava. En su día, la letrada se negó a abonar la comisión que le habría exigido De Miguel por importe de 100.000 euros. 

El anterior socio de la empresa de la que ella se había convertido en administraba única había pactado la mordida por la adjudicación de la ampliación del Parque Tecnológico de Álava. Alberdi aportó conversaciones grabadas y correos electrónicos que respaldaban su versión. Había que "pasar por caja", le dijo presuntamente De Miguel.

El fiscal pide en total 119 años de prisión para los 26 imputados, entre ellos ex cargos del PNV y del gobierno vasco en tiempos de Ibarretxe. La trama terminó dividida en 12 piezas distintas por su complejidad. Para los exmiembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, solicita 32 años y dos meses para cada uno.

Todos los implicados terminaron entregando su carnet de afiliado después de casi diez meses, a petición del propio lehendakari, Iñigo Urkullu. Este último llegó a defender que la corrupción no casa con los valores ni con la cultura de la sociedad vasca y asegura que si finalmente se demuestra esta presunta trama de corrupción, se trataría de "un caso aislado".

Es la tesis oficial marcada por los jetzales. Los acusados están fuera de sus filas y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. "No tienen nada que ver, y esto ha sido probado a lo largo de la instrucción, con una financiación irregular del PNV", ni con "una presunta trama de corrupción del PNV", defendió a comienzos de año el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

No lo perciben así desde EH Bildu. "No es una manzana podrida. Está podrido todo el cesto", aseguran fuentes del partido en Álava. Desde el PSE se limitan a responder que "deberán ser los tribunales" quienes determinen en qué grado puede afectar al PNV, aunque reconocen que la "judialización de la política no da buena imagen".

El Parlamento Vasco creó una comisión de investigación que acabó aprobando un dictamen donde se atribuían responsabilidades políticas a los exlíderes nacionalistas procesados. Sólo el partido que dirige Andoni Ortúzar votó en contra. "No sé si pedirán perdón, pero por lo menos que los actuales cargos del PNV reconozcan que en sus propias filas ha habido y hay corrupción. Ellos no se salvan y es una lacra de la que la sociedad está harta", recalcan fuentes del PP alavés.

Nunca antes se había juzgado un caso de corrupción de tal envergadura en Euskadi: 150 testigos y 21.000 folios dan cuenta de la complejidad que adquirió la presunta trama. Las sesiones se prolongarán hasta octubre. Sí ha habido, en cambio, otros casos de menor envergadura como el Caso Epsilon, el caso Hacienda de Irún, o el caso Hacienda de Vizcaya. También el caso Hiriko, un proyecto para fabricar un coche eléctrico al que se dedicaron 16 millones de euros de ayudas públicas para conseguir sólo un prototipo.

Los niveles de preocupación de la sociedad vasca por la corrupción, en cambio, son significativamente mucho más bajos que los de la sociedad española en general, si se comparan los datos estadísticos del Gobierno de Euskadi con los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y en cuestión se pone de forma recurrente el papel de los medios públicos en esa comunidad a la hora de informar sobre estos asuntos, que muchas veces terminan enmarcados en hechos aislados.

Caso Margüello

El 'Caso Margüello' el el otro procedimiento que actualmente sienta en el banquillo a exaltos cargos vinculados al PNV. En concreto, están imputados tres exresponsables de la Sanidad pública nombrados durante el período de Juan José Ibarretxe para quienes lajuez pide una fianza solidaria de hasta 6,8 millones de euros, lo que presuntamente costó el desvío de dinero a las arcas públicas.

El exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, es el principal acusado por delitos que van desde la prevaricación hasta la malversación, pasando por el fraude contra la administración pública. Durante su declaración en el juicio que arrancó el pasado lunes sostuvo que sólo tenía una representación "simbólica" en la empresa contratada por el departamento vasco de Sanidad en 2006 para gestionar las listas de espera. Al frente de la institución estaba por entonces Gabriel Inclán (PNV).

Además de Margüello, también están imputados otros dos excargos del Departamento vasco de Sanidad: el responsable territorial de Vizcaya en aquel tiempo, José Ramón Elorriaga, y el exviceconsejero Rafael Cerdán. La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en las adjudicaciones de dos contratos y pide penas de 11 años de cárcel para todos salvo para Cerdá, para quien lo deja en 6,5 años. 

El Ministerio Público considera que tanto Cerdán como Elorriaga incumplieron la legalidad en beneficio de dos empresas privadas de Margüello, que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández para quien también pide 11 años.

El caso ha servido para enfrentar al PNV con los socialistas vascos. Mientras los nacionalistas siempre han negado el daño a las arcas públicas, los socialistas fueron quienes se encargaron de destapar el caso con la llegada al Gobierno de Patxi López. Desde las filas del PNV se les acusa de airearlo para denostar su gestión.

 Aunque está personado en la causa, el actual Ejecutivo de Urkullu no solicita -como en el caso De Miguel- penas de prisión para los acusados que pasan por el banquillo. Sólo que devuelvan lo que termine estimando la sentencia si es que da la razón al Ministerio Público."          (Diego Molpeceres, Vox Populi, 23/03/18)

13.3.24

El Puerto de Bilbao coloca a la hija del número dos del PNV Iratxe Aurrekoetxea, familiar del secretario de organización del partido jeltzale, fue seleccionada para un puesto de trabajo en la Autoridad Portuaria de Bilbao días antes de que su director, Carlos Alzaga, fuera elegido para sustituir a Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia

"Asier Atutxa, licenciado en sociología por la Universidad de Deusto e hijo del entonces consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, llegó a director de recursos humanos del recién inaugurado Museo Guggenheim con menos de 30 años. La contratación generó tanta polémica que el Tribunal de Cuentas del País Vasco se vio obligado a intentar investigar si alguno de los otros 200 candidatos estaba mejor capacitado que el exjefe de las juventudes del PNV, EGI, pero la agencia que se había encargado del proceso de selección respondió que había destruido el documento. Años más tarde, Atutxa pasó a ser miembro del Bizkai Buru Batzar, desde donde saltó a la presidencia del Puerto de Bilbao, para después fichar como responsable en Euskadi de PwC. Desde entonces, la consultora ha recibido multitud de contratos públicos, conviertiéndose en una empresa altamente conectada con el funcionamiento de la administración pública vasca.

Otro sociólogo por la Universidad de Deusto, el ya exdiputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial Imanol Pradales, cuyo padre trabajó en la Consejería de Interior, es el ahora candidato del partido para lehendakari. Para sustituirlo en la Diputación de Bizkaia han elegido a Carlos Alzaga, hasta ahora director del Puerto de Bilbao. Hordago ha podido constatar que solo unos días antes esta entidad contrató a Iratxe Aurrekoetxea Villa, hija del número dos del PNV, Joseba Aurrekoetxea, conocido como Tachenko, formado en la Universidad de Deusto.

La legislatura se agota, y tras la reciente decisión de Iñigo Urkullu de anunciar la celebración de las elecciones el próximo 21 de abril, algunos jeltzales se han dado prisa por colocar a sus familiares en entidades públicas. Recientemente, El Correo ha desvelado que la jelkide Amaia Ruiz de Biñaspre, la secretaria del Araba Buru Batzar, y a su vez asesora de la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, colocó el pasado mes a su hija, Ane Miren Atín, como secretaria de esta institución.

En el caso del Puerto de Bilbao, cabe señalar que Pradales es “muy próximo” a Aurrekoetxea, responsable de Organización del PNV y quien está “detrás de todas y cada una de las grandes decisiones, tanto orgánicas como institucionales”.

El proceso de contratación

Mediante el proceso de selección para tres plazas de administrativos en el Puerto de Bilbao, según recogen las bases administrativas del mismo, “se trata de identificar a la candidatura que mejor se adapta al puesto de trabajo, evaluando los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, para comparar las que reúne el/la candidato/a con las requeridas para la ocupación convocada”.

Añaden las bases que “con este sistema se pretende asegurar el ajuste de la persona en la realización de las funciones y tareas que se exigen desempeñar en el puesto de trabajo, una vez que se incorpore a éste”.

Al proceso de selección para las tres plazas se presentaron 89 candidatos, aunque siete no fueron admitidos. Finalmente, a la segunda prueba del proceso solo llegaron 22 candidatos. Iratxe Aurrekoetxea fue elegida como la tercera mejor candidata para un puesto de administrativa el pasado 26 de febrero de 2024, días antes de la designación del director del Puerto, Carlos Alzaga, como sustituto de Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia.

La hija del número 2 del PNV pasará a percibir un salario bruto anual de 28.233 euros, junto a una retribución en especie (aproximada) de 1.163 euros.

El Tribunal de la contratación

Los miembros del Tribunal constituido para el proceso de selección fueron nombrados por la Presidencia del organismo portuario, dirigida por Ricardo Barkala, quien fuera edil del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao con Iñaki Azkuna al frente del consistorio. Entre los miembros figura Itziar Sabas, directora de Recursos Humanos y Organización del Puerto de Bilbao, cuyo nombramiento fue denunciado en los juzgados por uno de los candidatos debido a la falta de transparencia en el proceso de contratación y al peso que había tenido su apellido.

Se trata de la sobrina de José Luis Sabas, quien tuvo que dimitir de su cargo de director del Hospital Santa Marina tras conocerse que se saltó el protocolo de vacunación del coronavirus. José Luis fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 1999 y 2003, con Iñaki Azkuna al frente del consistorio, y además llegó a ser miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Según rezan las bases administrativas del proceso de selección, “los miembros de los Tribunales se abstendrán de intervenir en el proceso, por las causas establecidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”.

En concreto, el artículo 23 menciona los siguientes motivos para abstenerse: “tener interés personal en el asunto”, “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo” o “amistad íntima” “con cualquiera de los interesados”. También se añade que la Presidencia del Puerto de Bilbao puede “solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias antes mencionadas”.
El número dos del PNV

El partido define a Joseba Aurrekoetxea, miembro del Euzkadi Buru Batzar y exteniente alcalde de Portugalete, como “experto en Política Social y Servicios Sociales”. Exconsejero de la compañía energética Enagás y de la firma farmacéutica Zeltia, Aurrekoetxea es conocido en el Puerto de Bilbao también por su presencia en el consejo de Bahía de Bizkaia Gas, entidad que ha convertido a la entidad pública en el puerto gasista más importante del Estado español.

En ocasiones, debido a la estrecha colaboración existente entre la Autoridad Portuaria y Bahía de Bizkaia Gas, al secretario de organización del PNV se le ha visto acompañado de Carlos Alzaga en algunos eventos y reuniones. La participación de Aurrekoetxea en este tipo de entidades fue definida como puerta giratoria por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y reprochada por Greenpeace y Ecologistas en Acción.

Alzaga hizo carrera en la constructora Dragados, fue alto cargo del Gobierno Vasco, concretamente responsable Territorial de Puertos de Bizkaia entre 1994 y 2013. Durante ese periodo, una empresa dirigida por Asier Atutxa, Ingeteam, fue adjudicataria de contratos en puertos vizcaínos como Bermeo y Mundaka, unas “obras” que le sirvieron de aval al PNV para presentarlo como candidato ideal para la presidencia del Puerto de Bilbao.

Como muestra del modelo clientelar del PNV, Asier Atutxa, siendo directivo de la entidad portuaria, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”. Ocurrió a principios de 2017 y, apenas un año después, Atutxa llegaba a la empresa beneficiada con los 150.000 euros de esa adjudicación.

Para cerrar el círculo, a finales de 2021, una mesa de contratación presidida por Carlos Alzaga, entonces director del Puerto y ahora sustituto de Imanol Pradales en la Diputación, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao: 2022-2026”, con un coste superior a los 100.000 euros.
Puertas giratorias

Bajo las presidencias de los dos cargos orgánicos más cercanos a los jeltzales, Asier Atutxa (2013-2018) y Ricardo Barkala (2018-actualidad), al organigrama de la dirección del Puerto se han incorporado nombres relacionados con el partido como Ekaitz López Amurrio, director Económico Financiero y a su vez miembro de la Junta Extraterritorial del PNV en Madrid, o Andima Ormaetxe, director de Comercial, Logística y Operaciones que en 2019 formó parte de la lista electoral del PNV en Mungia.

Aunque también hay lugar para otros familiares del partido, como es el caso de otra hija de Joseba Aurrekoetxea, Igone, con un contrato en prácticas en el departamento de salud, prevención y medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Bilbao antes de fichar por Petronor, o la hija del exlehendakari José Antonio Ardanza, Nagore Ardanza, coordinadora de Bilbao PortLab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Más recientemente, se incorporó Arantza de la Llosa, candidata del PNV en Sestao que desde el 1 de septiembre de 2022 ostenta el cargo de Jefa de Sistemas de Información."                       (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 12/03/24)

20.3.15

“Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”... la mordida del PNV

"Aunque el Gobierno del PNV ha colocado su gestión como ejemplo ético de hacer política, la realidad comienza a mostrar su verdadero rostro. Euskadi también tiene su ración de perversión política, como ocurre en el resto de España. 

El más grave, sin duda, es el caso De Miguel, una compleja red de corrupción urbanística en la que participaron varios cargos nacionalistas bajo la dirección de quien fuera número dos del PNV en Álava y ex diputado foral, Alfredo De Miguel. 

El caso no tiene desperdicio. Todo comenzó en 2009, tras la denuncia por intento de soborno de una antigua socia que debía vigilar la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en la capital alavesa. “Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, le dijo, según consta en el sumario. El resto de la trama brotó en cadena poco después, como setas tras la lluvia. 

Terrenos que se compran, contratos públicos ilegales, oscuras comisiones, mordidas que suman 180.000 euros entre 2005 y 2007, algunas de ellas realizadas con absoluta impunidad desde su ordenador de la Diputación de Álava y así hasta 11 delitos que le imputan el juez instructor y el fiscal.

Un laberinto de transacciones para blanquear dinero cuyo destino era una seductora operación urbanística que iba a iniciarse en Zambrana, cerca de Vitoria. De Miguel no tuvo tiempo. Fue detenido el 17 de marzo de 2010 y, con él, su mujer y otros dos matrimonios, también del PNV, que figuraban como socios de la empresa Kataia Consulting, la tapadera fiscal con dirección en una sociedad gastronómica creada en beneficio propio con el apoyo de su entorno político y familiar.

Así se destaca en la instrucción del sumario que ha durado cinco años para completar 20.989 folios y en el que se han dictado 132 resoluciones, siete recursos de forma, otros tantos de aplicación y quejas. Salvo sorpresa mayúscula, el juicio comenzará a finales de este año. Será difícil que durante este tiempo, el PNV logré desembarazarse de la sombra de clientelismo que la oposición trata de colgar a su espalda para debilitarle ante unas elecciones forales y municipales que reparten mucho poder en Euskadi.

El interrogante es si su cúpula dirigente estuvo al corriente de las maniobras de De Miguel y sus amigos. Toda la oposición busca una respuesta afirmativa para despedazar la imagen de transparencia y honradez que ha difundido a lo largo de los 32 años que lleva en el poder.

 El PP es quien más lejos ha llegado en sus acusaciones. El exsecretario de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, dejó caer el domingo la posibilidad de que este caso sólo sea la muestra de un generalizado cobro de comisiones urbanísticas en toda la Comunidad autónoma.

La respuesta nacionalista ha sido contundente. El lehendakari Iñigo Urkullu arremetió con dureza contra quienes ponen en duda la ética de su partido al recordar que De Miguel “renunció a su cargo” para eliminar cualquier vinculación con la formación nacionalista. 

El presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, denunció una “falta de garantías procesales” en el caso y culpó al Ministerio Fiscal de abrir la vía del juicio oral para “perjudicar al PNV en las elecciones”.

El problema para los nacionalistas es que no tendrán tiempo de neutralizar la duda que ha brotado y, sobre todo, recuperar la honestidad vaticana de la que siempre alardearon. 

Cierto es que la burbuja inmobiliaria tuvo un impacto mínimo en Euskadi y esto impidió el enriquecimiento a espuertas que se ha producido en otras partes de España pero también es cierto que se trata de un territorio pequeño donde casi todos conocen lo que hace su vecino.

Otras causas por corrupción contra el PNV

.- 23 de febrero de 2015. Caso Hiriko. La titular del Juzgado número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Román, procesa a seis imputados afines al PNV. (...)

- 13 de marzo de 2015. Bidegi. Comienza la comisión de investigación en Gipuzkoa para aclarar un sobrepago de 3,4 millones en la Autopista AP-1 durante el gobierno del PNV. (...)"                (Gorka Castillo , La Marea, 20/03/2015)

23.11.21

La empresa que diseñó el logo del PNV recibió seis millones tras fichar a un exalcalde jeltzale procesado por corrupción

"Gabino Martínez de Arenaza, exalcalde del PNV en la localidad vizcaína de Alonsotegi, procesado por hasta cinco posibles delitos —tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios—, espera a que se fije una fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Mientras tanto ejerce como “promotor de negocios” para Aurman. 
 
Esta agencia publicitaria que, entre otros trabajos, diseñó el famoso logotipo que define la identidad jeltzale. Desde que Martínez de Arenaza cruzó la puerta giratoria hacia el sector privado, en septiembre de 2015, esta empresa ha conseguido casi 6 millones de euros en contratos públicos. En su mayoría, procedentes de instituciones controladas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta agencia de comunicación ha decidido evitar responder a las preguntas planteadas por Hordago-El Salto sobre los casos judiciales que tiene abiertos el trabajador de la empresa.
Una larga historia de corrupción en Alonsotegi

Gabino Martínez de Arenaza (regidor de Alonsotegi entre 1999 y 2003 y director de Turismo de la Diputación de Bizkaia entre 2007 y 2016) no es el único exalcalde del PNV en Alonsotegi pendiente de ser juzgado. El 4 de noviembre de este año estaba previsto el inicio de la vista contra otro exalcalde del municipio, José Luis Erezuma (2011-2015), para el que la Fiscalía pide 6 años de prisión. Este juicio se ha retrasado hasta enero por problemas de agenda de las partes.

En el banquillo se sentarán también, junto a Erezuma, dos constructores y tres técnicos municipales. Se estima que pudieron aprovecharse de una doble subvención, de 600.000 y 81.000 euros, procedente de la Diputación Foral de Bizkaia y del propio municipio de Alonsotegi.

El actual alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entonces diputado foral de Presidencia en Bizkaia, ratificó ese negocio con su firma a través de una orden foral con fecha del 1 de marzo de 2012, bajo el concepto de “imprevistos”. Aburto declarará próximamente como testigo oral ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Dinero público para las arcas privadas de Aurman

No existe resolución judicial, ética ilustrada o moral jesuita que impida a las instituciones públicas controladas por el PNV contar con Aurman como agencia de publicidad de confianza. Entre la selecta clientela de esta empresa, destacan el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia (precisamente, donde Martínez de Arenaza sirvió como alto cargo tras su periodo en la alcaldía de Alonsotegi), la Diputación Foral Gipuzkoa, Eusko Trenbideak, Metro Bilbao, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Galdakao y Balmaseda e incluso el afamado Teatro Arriaga, entidad pública dependiente del consistorio bilbaíno.

De acuerdo a los datos recabados por Hordago-El Salto en torno a los contratos entre Aurman y las entidades e instituciones públicas vascas, la empresa habría obtenido 5,7 millones de euros desde la llegada de Martínez de Arenaza a Aurman, en septiembre de 2015.

La agencia de marketing logra con gran diferencia sus mejores negocios con la red de transporte público, tanto con Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A como con Metro Bilbao. Del primero proceden 1,4 millones de euros en solo tres contratos. Del suburbano bilbaíno, 514.250 euros euros en una sola firma, a lo que deben sumarse 1,2 millones en imagen publicitaria, marketing y relaciones públicas para la red de metro en Bilbao. La empresa vinculada a este procesado por corrupción ha realizado una serie de campañas publicitarias que cualquier pasajero bilbaíno puede recordar. Sin ir más lejos, anuncios contra la violencia machista o gráficas fomentando el uso del euskera en el metro.

Otro de los grandes contratos que ha firmado Aurman ha tenido lugar con el Teatro Arriaga, dependiente del Ayuntamiento de Bilbao. El 30 de diciembre de 2016, precisamente un día antes de la nochevieja, Aurman recibió casi dos millones de euros en concepto de “servicio de publicidad”. Miren Nekane Alonso Santamaría, entonces Coordinadora de Políticas Culturales, figura como firmante de aquel contrato. La exburukide del Euzkadi Buru Batzar es en la actualidad Concejala del Área de Igualdad y Portavoz del EAJ-PNV en el Consistorio que preside Juan Mari Aburto, quien deberá prestar testimonio oral por un caso de corrupción en el Ayuntamiento del que fue alcalde el promotor de negocio de Aurman.

Por su lado, el Gobierno Vasco ha gastado 628.889 euros de dinero público en 16 contratos con Aurman para, por ejemplo, la “planificación y difusión de la campaña del 8 de marzo”, a través de Emakunde, o “la difusión de la campaña de sensibilización y valoración social del comercio minorista 2018”. Asimismo, un contrato de 11.979 euros fechado en 2016 lleva como objeto “Organización de la firma del Convenio con Aquitania” del que no se conocen más detalles.

Por último, existen tres contratos idénticos, por valor 4.235 euros, entre Aurman y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esto es, un montante total de 12.705 euros. Además de haberse formalizado en el mismo día, un 4 de julio de 2018, todos llevan el concepto “Honorarios del correspondiente a los trabajos”. Cabe destacar que en cada uno de los contratos aparece un mes diferente: enero, febrero y marzo. Tampoco existen más datos sobre qué trabajos se realizaron. No obstante, este modus operandi se encuentra presente en todos los contratos de otro organismo foral, la Diputación de Bizkaia. Hasta en cinco ocasiones, Aurman recibe la misma cantidad (665 euros; 1,815 euros; 2,420 euros; 2,722 euros; 10,285 euros; 21,175 euros) en tres o más contratos con el mismo concepto, identificador y fecha.

Los clientes de los que presume Aurman

Entre los clientes de Aurman también destacan instituciones privadas como Kutxabank, el Bilbao Exhibition Centre (BEC), el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia o la Fundación Guggenheim de Bilbao. A su vez, la empresa presume de trabajar para constructoras, centros culturales y entidades públicas, algunas de renombre, otras vinculadas con el Partido Nacionalista Vasco. Entre este selecto grupo de clientes destacan Construcciones Balzola y Construcciones Gerrikabeitia. Esta última, cuyo presidente es Cecilio Gerrikabeitia, ha sido galardonado con un premio de la Fundación Sabino Arana. Según la publicación Kale Gorria, sustituta de Ardi Beltza, el constructor realizó donaciones de hasta tres millones de pesetas (unos 18.000 euros) en cheques a la fundación del PNV. A fecha de 2021, esta constructora debe 1,8 millones de euros a la Hacienda de Bizkaia.
Todo queda en familia: del nacimiento de Deia a los papeles de Panamá

Aurman fue fundada en 1953 por Pedro María Aurtenetxe Viñerga y Juan Pedro Guzmán Uribe. El hermano del segundo, Francisco Javier Guzmán Uribe, figura como vocal del Grupo Minersa y como Consejero externo de Minersa (Minerales y Productos Derivados, S.A.), empresa que se integrada en el conglomerado empresarial y que aparece en los papeles de Panamá. A su vez, esta empresa forma parte del accionariado de Niagara Inc., quien está dentro del grupo y también ha sido señalada en la trama de las sociedades offshore. Otra empresa made in Basque Country es Sulquisa S.A., cuya sede figuraba en el número 8 del Edificio Albia en Bilbao y se aloja, como entidad, dentro de la anterior, Minersa. Alocada en la orilla de la Ría del Nervión, la firma Sulquisa aparece en los ‘Panama Papers’ como accionista e intermediario.

Por su lado, Pedro Aurtenetxe, presidente del último Athletic campeón de Liga, así como presidente de la firma publicitaria Aurman, ayudó a Deia a nacer como marca. De hecho, incluso pasó por la directiva de Editorial Iparraguirre, editora de Deia. Como ha publicado Hordago-El Salto, esta empresa ha obtenido 7,5 millones en dinero público de Gobiernos del PNV.

Tras la muerte de Aurtenetxe, en julio de 2016, el exsenador Iñaki Anasagasti reconocía sus méritos a la hora de conseguir que los nacionalistas vascos llegaran al poder: “ Afiliado al PNV desde su salida de la clandestinidad, [Aurtenetxe] nos llevó la campaña publicitaria de las primeras elecciones de junio de 1977”. Justo siete días antes, cabe recordar, el Ministerio de Información otorgaba el permiso al diario Deia para salir a los quioscos.

De modo anecdótico, el mismo Iñaki Anasagasti relata que el Aurtenetxe llegó a una de las reuniones del Euskadi Buru Batzar ocurridas en aquella época con un puñado de carteles electorales, a los que Juan Ajuriaguerra reaccionó con un “no me vale ninguno”. El lema del PNV, apuntaba este último, tiene ser Fuerza, Eficacia y Honradez. No obstante, como cuenta Anasagasti, finalmente “llevó la campaña que sacó a Deia a la calle con aquel pregonero tocando el cuerno, y la campaña de Sabin Etxea”. Asimismo, la “mirinda”, la galleta dibujada sobre las letras PNV/EAJ, el logotipo que identifica al partido jeltzale, es también una producción de Aurtenetxe.

Cuenta la historia, y lo hace de viva voz Iñaki Anasagasti, que Deia es un periódico creado a instancias del partido y de la agencia publicitaria Aurman. “Yo propuse el de ‘Euzko Deya’. Era el nombre de las publicaciones que el Gobierno Vasco editaba en Argentina, México y París durante el exilio. La agencia Aurman le quitó lo de Euzko y se quedó en Deia”. Así lo reconoce el histórico cargo del PNV en una carta publicada por el partido en 2007. “Luego se decidió que el periódico no podía ser de partido. Fue un error”, se sincera. Pero en realidad siguió siéndolo."                     (
Luis Miguel Barcenilla , Ahoztar Zelaieta , Ekaitz Cancela, , El Salto, 18/11/21)