Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales, por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas. El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia... Pradales al frente de Azpiegiturak, contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector... Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social. La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV... Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado (Ahoztar Zelaieta)

 "Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturak contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”." 

( Ahoztar Zelaieta, El Salto, 31/08/26)

Tres grandes fortunas vascas de la lista Forbes controlan la compañía propietaria de la fábrica de papel instalada en la ría de Pontevedra. Presionaron para aplicar el modus operandi, basado en conexiones políticas y puertas giratorias, utilizado por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la filial de Repsol en la marisma de Muskiz

"Cuenta la prensa local que el recién investido como presidente de la Xunta en 2009, Alberto Núñez Feijoó, acudió en ese mismo momento a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, “donde había muchos empresarios”. “Dos buscaron de manera especial” al ahora líder del PP, indica el Faro de Vigo. Uno era Ignacio Sánchez Galán, recién nombrado presidente de la energética vasca Iberdrola. El otro era un empresario vasco, Juan Luis Arregui Ciarsolo, vicepresidente de la compañía eléctrica y presidente de Energía y Celulosa SA (ENCE). Ambos habían hablado antes con Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, y después con Mariano Rajoy. El objetivo: convencerles de replicar el modelo vasco de desarrollo de los combustibles fósiles de Petronor en la marisma de Muskiz, pero en Lourizán.

El mallabitarra había alcanzado la presidencia de ENCE en 2006, cuando era vicepresidente de Iberdrola, de la que también fue el máximo accionista individual, con un 2% de las acciones. Durante algunos años, el grupo se mantuvo bajo el control de la entidad pública Instituto Nacional de Industria (INI), pero como tantas otras empresa públicas terminó completamente privatizada en 2001.

Tras comenzar su internacionalización en Argentina y Uruguay pasó a convertirse en líder europeo en fabricación de celulosa de eucalipto gracias a sus fábricas de Pontevedra (Galicia) y Navia (Asturias). En la actualidad es el principal gestor forestal privado del Estado español y cuenta en la Península con plantas de energía renovable con biomasa agroforestal y energía solar térmica.

Para defender la permanencia de su fábrica en el municipio gallego de Lourizán, ENCE puso siempre como ejemplo a Petronor en Euskadi, “que ha conseguido garantizar la permanencia futura de su planta de Muskiz gracias a la implicación directa de las Administraciones, a pesar de estar afectada igualmente por la Ley de Costas” y esperaba “el máximo apoyo político para solucionar su permanencia”. El Correo Gallego apoyó la idea con una editorial en 2011 donde afirmaba que el “precedente” de Muskiz “se podría aplicar” en Lourizán, ya que Petronor “se mantuvo en su ubicación gracias a la implicación de las administraciones“. Añadía que “sería bueno que la Xunta se mirara en el ejemplo del Gobierno vasco, que supo conjugar intereses empresariales y medioambientales”.

Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP

La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.

Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.

Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.

Con el tiempo, las puertas giratorias se fueron afianzando. En 2013, Arregui fichó como consejera de ENCE a Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PP entre 1996 y 2000, cuando comenzó la privatización de la compañía papelera. Tocino fue reelegida como consejera de ENCE en 2016, una fecha clave para la permanencia de la compañía en Lourizán.

Por último, entre los fichajes de Arregui cabe destacar a un consejero de ENCE Biogas, el exmiembro del PP vasco Marcelino Oreja, exconsejero del Ente Vasco de la Energía (EVE) del Gobierno Vasco. E incluso Antonio Casal, quien fuera director de la planta pontevedresa de ENCE y en la actualidad ejerce de director territorial de ENCE en Galicia, está casado con María José Echevarría, Directora General de Calidad Ambiental en la Xunta.

La portavoz de la formación gallega BNG, Ana Pontón, llegó a denunciar en 2017 que las puertas giratorias entre Ence y el PP ponían la política forestal “al servicio” de la compañía papelera, “hipotecando” el futuro de Galicia al “imponer” el monocultivo del eucalipto. Frente al modelo denunciado, el apoyo político y las puertas giratorias copiado por ENCE para buscar influencia en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiso mostrarse contundente en el reportaje “La casa del papel”, emitido en el programa Salvados en 2021, al afirmar que “no hay ningún miembro del PP de la Xunta relacionado” con la empresa. Y matizó, no obstante, que “si lo hubiera, no sería incompatible”.

Millonarios vascos al frente de ENCE

Considerado por el diario jeltzale Deia como un “búho” por su vista para los negocios, trás recibir apoyo en su etapa de fundador de Gamesa con millonarias ayudas públicas concedidas al su firma por los consejeros de Industria Jon Azua y Josu Jon Imaz, el presidente de honor de ENCE se ha convertido en el segundo vasco más rico de la lista Forbes. Juan Luis Arregui, también galardonado por el Gobierno Vasco y la Cámara de Comercio de Araba, ejerce de accionista mayoritario en ENCE, así como de Presidente de Honor, manteniendo una participación activa en la compañía desde el Consejo, y también participa en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Sostenibilidad. En el consejo de la compañía figuran tres hijos de Arregui: Gorka, Oscar y Javier. Pero además, la familia cuenta con apoyos en el consejo por parte de dos millonarios vascos de la lista Forbes.

El quinto vasco más rico de la lista Forbes, Víctor de Urrutia, es a su vez consejero de ENCE, segundo mayor accionista con el 8,9% del capital. Es el exvicepresidente de Iberdrola, de ascendencia vasca pero nacido en Madrid, y durante muchos años la conexión de ENCE con el grupo de comunicación vasco El Correo y la fábrica embotelladora de Coca Cola en Galdakao. El tercer mayor accionista de ENCE, con el 6,3% del capital, es José Ignacio Comenge, a su vez el tercer vasco más rico de la lista Forbes. Conocido como “el águila” por su relación empresarial con la conocida marca de cerveza, es de origen vasco pero reside en Valencia."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 05/10/24)

Los hijos terribles del PNV... todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo... militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos, el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas−... el diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”

"El nuevo portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, opinaba el otro día que el lehendakari, Imanol Pradales “ha conformado un gobierno de mujeres y hombres con mucha experiencia, respetados en sectores profesionales y comprometidos con Euskadi”.

Pocos medios atisbaron a señalar que repetía un eslogan del año 2015, cuando el presidente del partido, Andoni Ortuzar, afirmó que las puertas giratorias jelkides “funcionan en la dirección correcta”. Decía, “en primer lugar”, que “la gente tiene un perfil con una competencia contrastada” y, sobre la meritocracia jeltzale, “que tras demostrar su valía en tareas profesionales muchas de estas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales”.

La estrategia de Ortuzar comenzó en las elecciones municipales de 2013, cuando el partido intentaba renovar a los cuadros que llevaban a cabo las tareas de gestión municipal, y que lo hacían gracias al grupo conocido como “Jóvenes Burukides Bizkainos” (JoBuBi), que habían arrinconado sin miramientos a las anteriores generaciones lideradas por Arzalluz e Ibarretxe.

Los “JaBuGo” y “Michelines”, tal y como se distinguía a los miembros del partido, llevaban demasiados años vinculados a la administración pública y estaban asociados con los mecanismos clientelares del PNV. Se quiso vender entonces la imagen de que eran nuevos gestores, con labradas carreras en la empresa privada. La realidad era que la mayoría eran simplemente contratistas de la administración pública.

Pese a los nefastos resultados del PNV en las últimas elecciones, donde no lograron llegar a lo esperado ni disfrazando de feminismo a las últimas candidaturas, el partido ha seguido recurriendo al habitual enchufismo de jóvenes promesas vinculadas a un entramado de fundaciones radicadas en la sede de la Fundación Sabino Arana, así como la colocación de la hija influencer de Andoni Ortuzar en Iberdrola y la del responsable de organización Joseba Aurrekoetxea en el Puerto de Bilbao.

Muchos jeltzales ya están hartos de la falta de autocrítica del líder del grupo JoBuBi, Andoni Ortuzar, cuyo liderazgo está en el aire tras el anuncio de la renovación de la ejecutiva nacional del partido a finales de marzo del 2025, y del apoltronamiento del clan de Arratia, encabezado por Aitor Esteban e Itxaso Atutxa y muy contestado por amiguismo desde las propias bases. Desde las bases del PNV también reprochan la reubicación de algunos de los últimos JaBuGo del partido, como Josu Erkoreka, que cobrará 73.771,51 euros como “asesor general“ de la Diputación de Bizkaia, e Iñigo Iturrate, reubicado a sus 61 años como director general del Euskalduna. Incluso el propio Iñigo Urkullu presidirá una fundación atlantista.

De momento, la colocación de los expolíticos “Michelines del partido” solo ha dado lugar a posicionamientos como el del diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, quien defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”, dijo.

Ante la incapacidad de hacer autocrítica, la escisión del PNV, Eusko Alkartasuna, ha puesto el foco en el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas− y la forma en que sus militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos. Ello está evidenciando la profunda crisis de legitimidad interna del partido y la batalla entre sus facciones.

Y todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo."                            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 02/08/24)

El Puerto de Bilbao coloca a la hija del número dos del PNV Iratxe Aurrekoetxea, familiar del secretario de organización del partido jeltzale, fue seleccionada para un puesto de trabajo en la Autoridad Portuaria de Bilbao días antes de que su director, Carlos Alzaga, fuera elegido para sustituir a Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia

"Asier Atutxa, licenciado en sociología por la Universidad de Deusto e hijo del entonces consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, llegó a director de recursos humanos del recién inaugurado Museo Guggenheim con menos de 30 años. La contratación generó tanta polémica que el Tribunal de Cuentas del País Vasco se vio obligado a intentar investigar si alguno de los otros 200 candidatos estaba mejor capacitado que el exjefe de las juventudes del PNV, EGI, pero la agencia que se había encargado del proceso de selección respondió que había destruido el documento. Años más tarde, Atutxa pasó a ser miembro del Bizkai Buru Batzar, desde donde saltó a la presidencia del Puerto de Bilbao, para después fichar como responsable en Euskadi de PwC. Desde entonces, la consultora ha recibido multitud de contratos públicos, conviertiéndose en una empresa altamente conectada con el funcionamiento de la administración pública vasca.

Otro sociólogo por la Universidad de Deusto, el ya exdiputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial Imanol Pradales, cuyo padre trabajó en la Consejería de Interior, es el ahora candidato del partido para lehendakari. Para sustituirlo en la Diputación de Bizkaia han elegido a Carlos Alzaga, hasta ahora director del Puerto de Bilbao. Hordago ha podido constatar que solo unos días antes esta entidad contrató a Iratxe Aurrekoetxea Villa, hija del número dos del PNV, Joseba Aurrekoetxea, conocido como Tachenko, formado en la Universidad de Deusto.

La legislatura se agota, y tras la reciente decisión de Iñigo Urkullu de anunciar la celebración de las elecciones el próximo 21 de abril, algunos jeltzales se han dado prisa por colocar a sus familiares en entidades públicas. Recientemente, El Correo ha desvelado que la jelkide Amaia Ruiz de Biñaspre, la secretaria del Araba Buru Batzar, y a su vez asesora de la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, colocó el pasado mes a su hija, Ane Miren Atín, como secretaria de esta institución.

En el caso del Puerto de Bilbao, cabe señalar que Pradales es “muy próximo” a Aurrekoetxea, responsable de Organización del PNV y quien está “detrás de todas y cada una de las grandes decisiones, tanto orgánicas como institucionales”.

El proceso de contratación

Mediante el proceso de selección para tres plazas de administrativos en el Puerto de Bilbao, según recogen las bases administrativas del mismo, “se trata de identificar a la candidatura que mejor se adapta al puesto de trabajo, evaluando los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, para comparar las que reúne el/la candidato/a con las requeridas para la ocupación convocada”.

Añaden las bases que “con este sistema se pretende asegurar el ajuste de la persona en la realización de las funciones y tareas que se exigen desempeñar en el puesto de trabajo, una vez que se incorpore a éste”.

Al proceso de selección para las tres plazas se presentaron 89 candidatos, aunque siete no fueron admitidos. Finalmente, a la segunda prueba del proceso solo llegaron 22 candidatos. Iratxe Aurrekoetxea fue elegida como la tercera mejor candidata para un puesto de administrativa el pasado 26 de febrero de 2024, días antes de la designación del director del Puerto, Carlos Alzaga, como sustituto de Imanol Pradales en la Diputación de Bizkaia.

La hija del número 2 del PNV pasará a percibir un salario bruto anual de 28.233 euros, junto a una retribución en especie (aproximada) de 1.163 euros.

El Tribunal de la contratación

Los miembros del Tribunal constituido para el proceso de selección fueron nombrados por la Presidencia del organismo portuario, dirigida por Ricardo Barkala, quien fuera edil del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao con Iñaki Azkuna al frente del consistorio. Entre los miembros figura Itziar Sabas, directora de Recursos Humanos y Organización del Puerto de Bilbao, cuyo nombramiento fue denunciado en los juzgados por uno de los candidatos debido a la falta de transparencia en el proceso de contratación y al peso que había tenido su apellido.

Se trata de la sobrina de José Luis Sabas, quien tuvo que dimitir de su cargo de director del Hospital Santa Marina tras conocerse que se saltó el protocolo de vacunación del coronavirus. José Luis fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 1999 y 2003, con Iñaki Azkuna al frente del consistorio, y además llegó a ser miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Según rezan las bases administrativas del proceso de selección, “los miembros de los Tribunales se abstendrán de intervenir en el proceso, por las causas establecidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”.

En concreto, el artículo 23 menciona los siguientes motivos para abstenerse: “tener interés personal en el asunto”, “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo” o “amistad íntima” “con cualquiera de los interesados”. También se añade que la Presidencia del Puerto de Bilbao puede “solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias antes mencionadas”.
El número dos del PNV

El partido define a Joseba Aurrekoetxea, miembro del Euzkadi Buru Batzar y exteniente alcalde de Portugalete, como “experto en Política Social y Servicios Sociales”. Exconsejero de la compañía energética Enagás y de la firma farmacéutica Zeltia, Aurrekoetxea es conocido en el Puerto de Bilbao también por su presencia en el consejo de Bahía de Bizkaia Gas, entidad que ha convertido a la entidad pública en el puerto gasista más importante del Estado español.

En ocasiones, debido a la estrecha colaboración existente entre la Autoridad Portuaria y Bahía de Bizkaia Gas, al secretario de organización del PNV se le ha visto acompañado de Carlos Alzaga en algunos eventos y reuniones. La participación de Aurrekoetxea en este tipo de entidades fue definida como puerta giratoria por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y reprochada por Greenpeace y Ecologistas en Acción.

Alzaga hizo carrera en la constructora Dragados, fue alto cargo del Gobierno Vasco, concretamente responsable Territorial de Puertos de Bizkaia entre 1994 y 2013. Durante ese periodo, una empresa dirigida por Asier Atutxa, Ingeteam, fue adjudicataria de contratos en puertos vizcaínos como Bermeo y Mundaka, unas “obras” que le sirvieron de aval al PNV para presentarlo como candidato ideal para la presidencia del Puerto de Bilbao.

Como muestra del modelo clientelar del PNV, Asier Atutxa, siendo directivo de la entidad portuaria, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”. Ocurrió a principios de 2017 y, apenas un año después, Atutxa llegaba a la empresa beneficiada con los 150.000 euros de esa adjudicación.

Para cerrar el círculo, a finales de 2021, una mesa de contratación presidida por Carlos Alzaga, entonces director del Puerto y ahora sustituto de Imanol Pradales en la Diputación, adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao: 2022-2026”, con un coste superior a los 100.000 euros.
Puertas giratorias

Bajo las presidencias de los dos cargos orgánicos más cercanos a los jeltzales, Asier Atutxa (2013-2018) y Ricardo Barkala (2018-actualidad), al organigrama de la dirección del Puerto se han incorporado nombres relacionados con el partido como Ekaitz López Amurrio, director Económico Financiero y a su vez miembro de la Junta Extraterritorial del PNV en Madrid, o Andima Ormaetxe, director de Comercial, Logística y Operaciones que en 2019 formó parte de la lista electoral del PNV en Mungia.

Aunque también hay lugar para otros familiares del partido, como es el caso de otra hija de Joseba Aurrekoetxea, Igone, con un contrato en prácticas en el departamento de salud, prevención y medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Bilbao antes de fichar por Petronor, o la hija del exlehendakari José Antonio Ardanza, Nagore Ardanza, coordinadora de Bilbao PortLab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Más recientemente, se incorporó Arantza de la Llosa, candidata del PNV en Sestao que desde el 1 de septiembre de 2022 ostenta el cargo de Jefa de Sistemas de Información."                       (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 12/03/24)

Pelotazo urbanístico en un batzoki: Algorta construirá 14 viviendas en la sede del PNV

"En la fachada del batzoki de Algorta (Getxo), la gran “casa”, bar y restaurante de los simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de este barrio, siempre ha colgado un cartel que recogía el título de un poema de Gabriel Aresti en euskera: “Nire aitaren etxea defendatuko dut” (Defenderé la casa de mi padre). Alguien, hace unos años, añadió, a modo de grafiti, una apostilla que rezaba: “Más te vale, al precio que están”. En ese mismo suelo se construirán 14 viviendas libres —que pueden ser negociadas en el mercado al no ser objeto de ningún régimen de protección oficial o pública—. La operación urbanística, comandada por el Equipo del Gobierno de Getxo (formado por el PNV y el PSE-EE), ha sido calificada por EH Bildu como posible “pelotazo urbanístico”.

El patio del batzoki de Algorta es particular. Hasta ahora, el PNV se lo ha cedido a los alrededor de 100 alumnos de primaria del colegio Juan Bautista Zabala para que jueguen, pues su zona de recreo es muy pequeña. La Asociación de Madres y Padres ha solicitado en varias ocasiones mejoras en la condiciones de sus pequeños, pero el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ido dilatando la gestión. Parece que, aunque es particular, cuando llueve se moja, como los demás.

El plan urbanístico

Con la dilatación en la toma de decisiones, el Ayuntamiento del municipio ha llegado a una solución que no agrada al vecindario, tampoco a las madres y los padres de los alumnos del colegio Juan Bautista Zabala. También levanta suspicacias y es cuestionada por la oposición política. Esa solución se da a través del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (PGOU), que permitiría construir viviendas residenciales en el solar del propio batzoki de Algorta. Su aprobación se dio con los votos de los jeltzales y los socialistas, contó con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El nuevo PGOU permitirá edificar en el amplio espacio que incluye un edificio de tres alturas, donde hubo aulas, además de otra casita con más espacio en la parte trasera y el patio donde corren los alumnos habitualmente. En general, la aprobación del nuevo plan urbano hace posible el plan de construcción de 4.601 nuevas viviendas. Aunque la mayoría serán “protegidas” —3.089—, las 14 que se levantarán en suelo del batzoki no lo estarán.

La Asociación de Madres y Padres piensan que tras acometer el PGOU será más reducido aún el patio de recreo de sus hijas e hijos. Temen también que si habilitan aulas en el patio, “se quede así para siempre”, tal y como sucedió en el Colegio Público Zipiriñe de Sopela, donde aún hay pabellones provisionales habilitados como aulas desde hace dos años.

La operación urbanística en torno al patio del batzoki contempla un acceso para vehículos a planta sótano. Este parking subterráneo tampoco convence a los vecinos, quienes recuerdan que el parking de San Nicolás no ha calado desde su inauguración en 2013 y continúa con solo una veintena de plazas adjudicadas de un total de 103.
Batzokis: sospechosos habituales

En los batzokis de Bizkaia sirven cafés, pintxos de tortilla, menús del día y se lee el Deia. Allí se reúnen a jugar la partida viejos amigos unidos por un hilo rojo, verde y blanco: los colores del Partido, en paralelo a los de la ikurriña. Nadie pide el carné ni comprueba los apellidos, pero todo el mundo sabe que allí, concretamente en el de la calle Correo de Bilbao, se alzó por primera vez la bandera que luego sería de todos los vascos, y nació el Partido Nacionalista Vasco de la mano de Sabino Arana. Ahora en esos lugares de encuentro (de batu, 'reunir' y toki, 'lugar', batzoki) son investigados por el Tribunal de Cuentas y vuelan cheques.

Concretamente, las operaciones urbanísticas en torno a algunos batzokis han sido objeto de investigación y reproche del Tribunal de Cuentas. En septiembre del 2013, el PNV celebró la reapertura del batzoki de Barakaldo. Cinco años antes, la sede del partido ubicada en el paseo de Los Fueros fue edificada gracias a un acuerdo entre el PNV y la constructora Constxus Promociones. La empresa construyó pisos de lujo en el inmueble histórico, conservando la fachada de 1932, para su explotación, mientras los jeltzales obtuvieron los bajos para uso político.

En este caso, el Tribunal de Cuentas advirtió que “el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca”. Los nacionalistas vascos respondieron que no habían “cometido ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza”. Y todo se quedó ahí.

Ese mismo año, en 2013, el diario El Mundo desveló que la constructora Sacyr entregó 13.000 euros en 19 cheques a una sociedad mercantil propiedad del PNV: Landaburu Etxea, controlada por el propio partido con poco nivel de transparencia, según se hicieron eco publicaciones especializadas. Estos ingresos contravienen la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que entre otros aspectos prohíbe a las formaciones recibir donaciones de empresas adjudicataria de contratos públicos, como es el caso de la constructora, y desde luego, no permite que esos ingresos se canalicen por medio de sociedades interpuestas.

Los movimientos bancarios formaban parte de un acuerdo alcanzado entre Sacyr y Landaburu Etxea en el marco de la compra de una parcela en propiedad del PNV en Llodio. La operación estaba impulsada, de nuevo, por el plan de reordenación urbanística del Consistorio que incluía la demolición de varios inmuebles, entre ellos el batzoki, con el objetivo de urbanizar la zona y levantar una promoción de viviendas. El nuevo plan fue la excusa perfecta.

Dos años después, en 2015, el diputado vizcaíno de Promoción Económica, Imanol Pradales, se desprendió de sus acciones en Sacyr, momento en que la Diputación penalizó a la constructora por abandonar unas obras públicas. Por otra parte, Landaburu Etxea estuvo administrada por Alfredo De Miguel, condenado en 2019 por el caso de comisiones ilegales del denominado caso De Miguel. El propio Alfredo De Miguel utilizó Landaburu Etxea para acometer la compra y reforma del edificio que alberga la sede del PNV en Gasteiz mientras era el partido quien figuraba como titular de la empresa.

Para más inri, el Tribunal de Cuentas ya había puesto bajo su lupa otras operaciones inmobiliarias del Consejo del Bizkai Buru Batzar del PNV en 2011 negociadas con un promotor en las localidades de Arrigorriaga, Elorrio y Dima. El PNV llegó a incumplir la normativa sobre donaciones anónimas en el marco de su campaña de financiación de las obras de Sabin Etxea, sede central del partido. Entre el 12 al 20 de enero de 1993, ingresó en una cuenta 54 aportaciones en efectivo por un total de 150 millones de pesetas en las que no se identificó a ninguno de los impositores.

Gran parte de las anotaciones de ingreso en la cuenta Donativos Sabin Etxea correspondían a cantidades inferiores o próximas a 500.000 pesetas así como 78 ingresos por importes iguales o superiores a un millón de pesetas, casi la mitad del saldo de la cuenta de donativos para el PNV durante aquel ejercicio. El saldo de la cuenta del total de donativos y aportaciones ingresados en la sede central del PNV, por entonces en la calle Elcano de Bilbao, ascendía a 343.861.127 pesetas (algo más de dos millones de euros). La construcción de Sabin Etxea costó más de 10 millones de euros. Un estudio atribuye a la sede del PNV un valor residencial algo superior a los 12 millones de euros, la segunda sede de mayor valor detrás de la del PP en Génova (Madrid).
Actividades mercantiles de los batzokis

Las actividades mercantiles desarrolladas en los batzokis han estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por no ajustarse a la normativa de financiación de partidos y por la falta de transparencia sobre este tipo de contabilidad. En concreto, el Tribunal se refiere a “los ingresos que la formación obtiene de la explotación de su patrimonio inmobiliario mediante la realización por terceros de actividades de restauración en locales de su propiedad”, “así como los ingresos procedentes de las máquinas recreativas que se ubican en dichos locales”. Esto es, lo que ocurre en Getxo no es ninguna novedad, sino una norma establecida desde hace décadas.

Los lugares de encuentro de militantes del PNV están gestionados por Batzokia S.L., la empresa mercantil que impone las condiciones de arrendamiento de los mismos. Como proveedor de una buena parte de las sedes del PNV (más de 30) ejerce la sociedad Baibatzokia, creada en su día por Aitor Elizegi, expresidente del Athletic Club de Bilbao. Y el negocio es bastante rentable. Solo las máquinas recreativas (conocidas como tragaperras) instaladas en la mayor parte de los 200 batzokis contribuyeron con casi 5 millones de euros a las cuentas del PNV en 2013.

No es baladí. Fuera del alcance del Tribunal de Cuentas se encuentran las operaciones en torno a los batzokis del Ipar Buru Batzar (el gobierno del partido en Iparralde). Niko Mendizabal ejerce de administrador de estos batzokis y a su vez, como tesorero del partido. Su difunto hermano estuvo ligado al caso Tragaperras, la supuesta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego, fue asociado con un testaferro del magnate Silvio Berlusconi: el testaferro tenía una empresa en el mismo lugar que Mikel Mendizabal, según desvelaron los Papeles de Panamá.

También protagonizó un affaire en otro municipio, Bakio, junto a un exalcalde condenado por corrupción en 2017. Ese mismo exalcalde y los consejeros de una constructora, mimada por el consistorio y en la que trabajaba un exsecretario del Euzkadi Buru Batzar, crearon una sociedad para hacer una operación de compra-venta con un local que después albergó la sede del nuevo batzoki de Bakio.

Las cuentas de las organizaciones locales del PNV siempre han estado fuera del alcance del organismo fiscalizador. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas detectó en 2012 que el PNV había ocultado de sus balances oficiales 357 cuentas corrientes de batzokis y Juntas Municipales, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros.

Que se despreocupe Aresti. La casa del padre está muy bien defendida: todo son sombras sobre las fachadas de los batzokis. "                       (Ahoztar Zelaieta , Luis Miguel Barcenilla , El Salto, 16/11/22)

Fonsi Loaiza: «A caixa B do PP comezou con Fraga»... Os tentáculos de Florentino chegan a todos os eidos, porque desde que naces ata que morres hai por medio unha empresa súa: da escola infantil do teu fillo á residencia xeriátrica do teu pai, incluída a autoestrada que comunica ambas. Sempre pagándolle a el: a xogada mestra das privatizacións... non se pode entender a Jordi Pujol sen o 3% que pagaba Florentino a CiU... e Florentino quere a Ayuso para (que goberne) Madrid e a Feijóo para (que goberne) España

 "O xornalista ​​Fonsi Loaiza (San Fernando, Cádiz, 1990) é o azoute do poder establecido, aínda que a súa belixerancia esquerdista tivo un prezo: os linchamentos en redes sociais e as querelas xudiciais interpostas na súa contra. En Qatar. Sangre, dinero y fútbol (Akal), denuncia a venda coa que os gobernos e as empresas occidentais taparon gustosamente os ollos fronte a violación dos dereitos humanos nos Emiratos Árabes, sede do Mundial 2022.

«Florentino Pérez viaxará como todos os veráns a Galicia. Alí reúnese sempre con Rajoy e Feijóo. É un dos homes clave na caixa B do PP (galego), cun millón de euros de doazón. Cando un xuíz lle preguntou se financiara ao PP, dixo que lle molestaba a pregunta».  Florentino estivo participando de cheo nas tramas de corrupción do PP. Ademais de responder que lle molestaba a pregunta, díxolle: «Se me coñece, a min a xente non se atreve a preguntarme iso». O certo é que pagou 300.000 euros a un conseguidor da trama Púnica para que lle crease Diario Bernabéu, un medio de comunicación falso que contrarrestaba a información negativa do Real Madrid e do seu presidente. Mesmo extorsionaba ao seu adestrador, Carlo Ancelotti, para que xogase Gareth Bale a través dun xornalista que terminou en OKdiario, financiado por Florentino e dirixido por Eduardo Inda, a quen colocara como director de Marca. En definitiva, unha cloaca total. Por certo, ese xornalista interveu no Chiringuito, sucesor de Punto Pelota, que tamén controlaba Pérez: un nome que lle vén ao xeito (risas). E moitos traballadores de Real Madrid Televisión recalaron en LaSexta, pois Antonio García Ferreras fora director de comunicación do equipo branco.

No libro Florentino Pérez, el poder del palco (Akal), afirma: «O seu trato persoal co vicerrei Núñez Feijóo é inmellorable. Ambos chegaron xuntos á voda de Alberto Ruiz Gallardón en Santiago e nos veraneos comparten mesa na mariscaría O Badulaque con Rajoy e Bieito Rubido, no seu día director de ABC, na vila de Cedeira onde o seu irmán, Leopoldo Rubido, foi alcalde máis de trinta anos».  O caciquismo impónse, é tremendo. A caixa B do PP non se entendería a nivel estatal sen a que crearon en Galicia. É máis, a corrupción do PP parte do financiamento ilegal que empezou con Manuel Fraga. Aí entra en escena ACS, que comeza a realizar doazóns, ata o punto de que onde máis adxudicacións consegue Florentino é en Galicia. El comezara o seu despegue empresarial en Cataluña co 3% de Jordi Pujol, pero soubo ramificar a corrupción: o PSOE en Andalucía, o PP en Galicia, etcétera. Tamén tivo moi boa relación co PNV en Euskadi.

De feito, no libro comenta: «O crecemento da construtora Padrós (que presidiu Pérez) estenderíase a Galicia, comunidade da que é orixinario Juan Torres Piñón, natural de Ferrol, e onde coñecía de memoria o poder económico e local. Estas estruturas quedaron vixentes. Emilio García Gallego, capataz das obras públicas con Manuel Fraga e Xosé Cuíña entre 1990 e 1998, forma parte desde 2014 do consello de administración de ACS». Daqueles pos, estas lamas?  Florentino lévase fenomenal con Alberto Núñez Feijóo: son unlla e carne. E con Isabel Díaz Ayuso, tamén. E o alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, regaloulle un aparcadoiro subterráneo no Bernabéu, un pelotazo urbanístico considerable.

 A vostede cábelle o Estado de Florentino na cabeza.  Son moitos anos estudando a súa figura. En 2014, cando era bolseiro, deime de conta de que os que mandaban no mundo do deporte eran os que realmente mandaban na sociedade. ​​Os tentáculos de Florentino chegan a todos os eidos, porque desde que naces ata que morres hai por medio unha empresa súa: da escola infantil do teu fillo á residencia xeriátrica do teu pai, incluída a autoestrada que comunica ambas. Sempre pagándolle a el: a xogada mestra das privatizacións. É vergoñoso, porque logo as empregadas de Clece, un grupo multiservicio, no que 73.000 profesionais dan servicio a más de un millón de usuarios, traballan nunhas condicións moi precarias.

De feito, criticou que os directivos desa empresa, que xestiona residencias privatizadas de anciáns en Galicia, se vacinaran contra o coronavirus saltando os protocolos, mentres que «a administración non dixo nada».  A sombra de Florentino non só chega a Galicia, senón a todo o mundo, porque el entendeu que o Real Madrid podíalle abrir a porta aos seus investimentos internacionais.

No libro traza a evolución dos poderes políticos e económicos, desde o franquismo ata hoxe. Máis que unha ruptura, houbo unha transición.  O que distingue a Florentino é que non provén dunha gran familia, como os March.
Pero empezou a traballar con eles. El era un burócrata franquista que aprendeu a ser oportunista e arteiro con Juan de Arespacochaga, o que fora alcalde de Madrid, quen o meteu de concelleiro e o colocou na Asociación Española de la Carretera. Logo únese aos March e sobe á onda do daquela ministro socialista Carlos Solchaga, aquel que dixera: «España é o país no que é máis fácil facerse rico e en menos tempo».

 Afirma que non se pode entender a Jordi Pujol sen o 3% que pagaba ACS a CiU.  Florentino inicia a «operación Roca», aquel intento artificial de crear un partido de centro, como secretario xeral do Partido Reformista Democrático (PRD), apoiado por CiU. Curiosamente, Construcciones Padrós, vinculada á Banca Catalá dos Pujol, levaba as adxudicacións da Generalitat a cambio do pago de comisións. Aí empezou o seu despegue empresarial. Tras fracasar coa UCD, a intención de montar outro partido indicaba o interese que tiña pola política, co obxectivo de que a súa empresa obtivese contratacións de obra pública.

Nas eleccións xerais de 1986, el apenas obtén 194.500 papeletas: «É o partido político que menos votos sacou na historia da democracia por diñeiro investido nunha campaña electoral».  E o seu secretario xeral, a pesar dese fracaso, cos anos lograría ser máis poderoso que o presidente do Goberno. En cambio, hoxe non se atreve nin a convocar unhas eleccións no Real Madrid. Secuestrou ao equipo e non ten oposición, porque teme as urnas.
Imaxínao presentándose á Presidencia do Goberno?  Non. Á marxe dos seus precedentes en política, Florentino é un mal orador, non ten carisma e nos debates electorais do Madrid papábano. Con todo, uniuse a José María Aznar e a Miguel Blesa (entón presidente de Caixa Madrid) para quitarlle a Figo ao Barcelona, un dos grandes pelotazos da historia deste país. José María García denunciou esa operación e cortáronlle a cabeza.

Tivo medo de que lle cortasen a súa?  A eles córtanlles a cabeza porque son ricos e traballan en grandes medios de comunicación. Como eu non teño patrimonio nin propiedades, non me poden quitar nada, só silenciarme en certos medios ou censurarme en Twitter. Florentino é capaz de erguer o teléfono porque non lle gusta un pé de foto, aínda que non pode chamar a El País para que me corten a cabeza porque xa ma cortaron cando era bolseiro. Ou sexa, botáronme por ser unha voz crítica.

Comenta que Pérez non se leva ben con Santiago Abascal.  Unha vez comeron xuntos e o encontro terminou mal e durou moi pouco. Abascal estivo no palco de xogadores do Madrid, porque Sergio Ramos, Dani Carvajal e Nacho Fernández son de dereitas, pero Florentino prohibiu que baixase ao vestiario. Un exempregado do club díxome que o líder de Vox é a persoa coa que peor se leva. Con todo, ten boa relación con Iván Espinosa de los Monteros, quen estivo no palco. No fondo, sabe que lle interesa levarse ben co PSOE e co PP, e logo cunha parte de Vox.
Pesa máis o interese económico que a ideoloxía? Claro, o ideolóxico non lle importa. De feito, lévase moi ben con certa esquerda e Manuela Carmena apoiouno na Operación Chamartín e na reforma do estadio Santiago Bernabéu. Ela nunca quixo enfrontarse ao poder real, nin sequera para defender a uns titiriteiros. Resulta curioso que ao final acabase apoiando os pelotazos de Florentino cando no seu día foi a xuíza que ditou o embargo dos seus bens tras a disolución do Partido Reformista Democrático (demandado por unha empresa por falta de pagamento). Unha mostra de que a esquerda institucional pouco pode facer con el…

Nese sentido, vostede comenta que «democratizou» o palco do Bernabéu e «deu cabida á esquerda caviar bautizada como marxismo-ladrillismo».  E tamén á esquerda caviar dos medios de comunicación do establishment, dende Ana Pastor a Antonio García Ferreras, embelesada esta polo poder fáctico deste país, ao que non se enfronta.

 A primeira candidatura á presidencia do club, en 1995, apoiouse na Asociación para a Defensa do Patrimonio do Real Madrid, presidida polo profesor José Manuel Otero Lastres. Curiosamente, presentou unha novela xunto a Feijóo e Paco Vázquez, entón presidente da Xunta e embaixador de España na Santa Sé, respectivamente.  Imos ver, o compadreo típico do Estado español entre políticos, empresarios, xuíces… Paco Vázquez e Feijóo, como antes Fraga, van da man coas mesmas políticas e son dúas caras da mesma moeda. Gañe un ou outro, sexa o PSOE ou o PP, ao final en España sempre gaña Florentino Pérez. Se imos a Madrid, el empezou moi forte con Esperanza Aguirre, quen chegou a presidir a Comunidade tras a compra de votos do «tamayazo». Non estraña que Florentino lle dixese a Rafael Simancas, o candidato socialista que ía ser investido como presidente: «No PSOE mando eu máis ca ti».
Feijóo ten unha estreita relación co presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quen o abrazou ​​no acto de toma de posesión como presidente da Xunta, en 2009.  E con Amancio Ortega… (risas). En definitiva, que Galán, Ortega e Florentino vanlle poñer a alfombra vermella para que chegue a ser presidente de Goberno (esta entrevista foi realizada antes de pasadas eleccións xerais do 23 de xullo, que gañou o PP, pero lonxe da maioría absoluta, que non acariñou nin coa suma dos escanos de Vox).

Cre que esas relacións pesaron máis no salto a Madrid que a loita sucesoria no PP?  Desde logo, eles déronlle o visto e prace. É máis, un dos primeiros empresarios cos que se reuniu Feijóo como líder do PP foi Florentino Pérez, quen lle daba o beneplácito xunto a outros capos do Ibex.

 En 2019, ACS foi multada por crear «un cártel industrial para repartirse clientes e licitacións de maneira fraudulenta en Galicia». Unha práctica cotiá?  Iso deuse no conxunto do Estado. As construtoras (ACS, OHL, Ferrovial…) repártense todo ao seu antollo porque saben que se lles impoñen unha multa, ou é ridícula ou nin a chegan a pagar. Por exemplo, unha empresa de Florentino chegou a liderar o cártel dos barracóns para colexios e institutos de Cataluña, Valencia, Andalucía, Castela-A Mancha e Murcia (a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia multou con 9,3 millóns de euros en 2015 a seis empresas de fabricación, alugueiro e venda de construcións modulares por fixar prezos e repartirse as adxudicacións e os clientes; a sanción máis cuantiosa, de 8,5 millóns, recaeu sobre Dragados, cuxa matriz
é ACS).

Florentino é máis de Ayuso ou de Feijóo?  El é máis de Feijóo e a súa filla, máis de Ayuso. María Ángeles Pérez Sandoval é unha ayuser compulsiva. De feito, durante a pandemia, o seu restaurante (El Babero, situado no barrio de Salamanca) fixo propaganda electoral a través das súas redes sociais, onde chegou a escribir: «Precisámoste. Aos seus pés, señora presidenta. Sinto amor profundo por ti».
Hai unha foto na que Florentino agarra a Ayuso no palco do Real Madrid, durante a celebración do título de Liga en 2022, que mostra visiblemente como a manexa (meses antes, a Comunidade de Madrid contratara a ACS as obras da estación de metro de Avenida de América por 38 millóns de euros). Digamos que el quere a Ayuso para (que goberne) Madrid e a Feijóo para (que goberne) España.

Máis aló da linguaxe non verbal, en que sentido a manexa?  Nas contratacións. ACS foi unha das empresas adxudicatarias das obras de construción do Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, mentres que Clece se fixo co servizo de limpeza, ademais doutros 35 contratos de servizos en IFEMA antes das eleccións autonómicas de 2021 («O asesor de comunicación de Ayuso é Miguel Ángel Rodríguez, encargado dos actos do centenario do Real Madrid de Florentino en 2002», lembra Loaiza no seu libro).

 Se Feijóo non lograse ser presidente, apostaría por Ayuso?  Ollo, que con Pedro Sánchez non lle foi nada mal, porque se levou un bo tanto dos fondos europeos Next Generation EU. Uns préstamos e unhas subvencións para afrontar a crise do coronavirus que imos acabar pagando entre todos, cunha reforma das pensións, para que Pérez poida levar o diñeiro fresquiño. Ou sexa, que gaña máis co PSOE no poder que co PP («Goberne quen goberne, o que gaña sempre é Florentino, un deses personaxes sinistros que, sendo vagóns de cola como políticos, subíronse ao tren do negocio do fútbol e lograron acaparar moito máis poder que os representantes elixidos nas urnas nas supostas democracias liberais», escribe Loaiza).

Casualidade?  En absoluto. Financia a Fundación FAES, presidida por José María Aznar, pero tamén a Fundación Felipe González e a Fundación Pablo Iglesias, do PSOE. Xoga a dúas bandas e, impóñase un ou outro partido, el gaña seguro.
No seu libro sostén que Lissavetzky e Rubalcaba, «aliados servís de Florentino», coaccionarion á concelleira socialista Matilde Fernández para que non se opuxese á recualificación dos terreos da antiga Cidade Deportiva do Real Madrid, onde se construíu o complexo financeiro das Catro Torres.  E como ela mantívose firme, Antonio García Ferreras vetou a súa presenza na SER e a súa voz non volveu ser escoitada. Florentino saca pasta de calquera lado, ata da atención ás persoas sen fogar en Barcelona (a empresa Accent Social xestiona un Centro de Día e un Centro Residencial de Atencións Básicas en Barcelona). Privatízase todo e lévao el.

Algúns xogadores e equipos advertiron de que lucirían ​​un brazalete co arco da vella en apoio á comunidade LGBTI, aínda que ningún renunciou a participar no Mundial de Qatar. Dobre moral?  En realidade, nin se atreveron a poñelo por medo a que os amoestasen cunha tarxeta amarela. Só fomentaron o boicot algúns futbolistas retirados, como o exbarcelonista Oleguer Presas ou Éric Cantona, quen pediu que non vísemos o Mundial. Mentres, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ten un palacete en Qatar… Os futbolistas perderon por completo a conciencia social e de clase. O primeiro que fan cando gañan o seu primeiro soldo é mercar un cochazo e unha casa afastada do seu barrio de orixe. En Brasil, Donato pediu aos militares que desen un golpe de estado tras a vitoria de Lula nas eleccións, igual que Robinho, condenado a nove anos de cárcere por violar en grupo a unha muller en Milán. Son só dous exemplos de xogadores que apoiaron ao fascista de Bolsonaro sen complexo ningún.

En Qatar. Sangre, dinero y fútbol (Akal), tamén denuncia os vínculos de Qatar con España.  O terceiro fondo con máis poder do Ibex 35 é o de Qatar, que ten participacións de Iberdrola, IAG ou a inmobiliaria Colonial; e, á marxe do índice bolsista, doutras grandes empresas como Prisa ou El Corte Inglés.

Tras coñecerse o Qatargate, non estraña que os Emiratos Árabes fosen a sede do Mundial. Que lle sorprendeu máis durante a súa investigación? Non lles importou que os obreiros tivesen que choiar a 50 graos no verán, nin que morresen miles de traballadores. Con todo, cambiaron o calendario das ligas para que os futbolistas non pasasen calor e xogasen co aire acondicionado ao máximo en plena crise enerxética, o que chegou a provocar algunhas baixas por arrefriados. O Mundial de Qatar demostrou que o fútbol funciona como unha organización criminal que, sen complexo ningún, se vende á mellor oferta."             (Entrevista a Fonsi Loaiza, Henrique Mariño , Luzes, 30/10/23)

Así se reparten 220 millones en concesiones de Osakidetza entre empresas vinculadas a excargos del PNV

"Según la documentación remitida por la Consejería de Salud al Parlamento Vasco la semana pasada, destacan los 117,7 millones que fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del servicio vasco de salud, los 42,3 millones destinados a una entidad presidida por una exportavoz jeltzale del Gobierno Vasco y los 34,4 millones que acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides del PNV.

La Ertzaintza reparte porrazos contra las limpiadoras en Hospitales como Cruces, que protestan por las condiciones laborales. Todavía existen 20 imputados por irregularidades en la OPE del Servicio Vasco de Salud. Se han incrementado las listas de espera. Hay saturación en Urgencias, escasez de médicos, temporalidad fraudulenta. También un desmantelamiento de Atención Primaria y Salud Mental. Hace unas semanas, se escenificó el motín de los Jefes de Servicio en Donostialdea. Los deseos de privatizar el mantenimiento de los aparatos de electromedicina y TIC a veces son paralizados. “Es peligroso decir que se está desmantelando Osakidetza sin dar ni un solo dato”, decía Itxaso Atutxa, presidenta del Partido Nacionalista Vasco en Bizkaia, apenas unas horas después de que Bilbao, Donostia y Gasteiz se llenasen de manifestantes por la sanidad pública.

Un día antes de la celebración de la última gran manifestación contra el desmantelamiento de Osakidetza celebrada el pasado viernes, la Consejería de Salud se apresuró a responder una pregunta formulada el 18 de enero por EH Bildu en torno a la concertación que realiza el Departamento de Salud. La consejera Gotzone Sagardui adjuntó una relación de entidades privadas con las que Osakidetza realiza concertaciones de servicios sanitarios públicos, junto a una lista de contrataciones que incluía a sus respectivos adjudicatarios. El documento de la consejera se refiere al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022.

Hordago-El Salto ha investigado las vinculaciones de exaltos cargos del Servicio Vasco de Salud y de personalidades del PNV con las entidades privadas que figuran en la respuesta de Sagardui. Según los datos recabados, el sector privado vinculado a excargos y personalidades del partido se ha beneficiado con más de 220 millones en concertaciones con Osakidetza y contrataciones del Servicio Vasco de Salud. Un total de 117,7 millones fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del Servicio Vasco de Salud y 13,8 a una empresa dirigida por el marido de una alto cargo de Osakidetza. Otros 42,3 millones se destinaron a una entidad presidida por una exportavoz del Gobierno Vasco. Asimismo, una empresa ligada a la carrera empresarial de un exalto cargo del Gobierno Vasco recibió 3,8 millones. Además, 34,4 millones acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides. Por último, una empresa de un militante del PNV se llevó 8,1 millones.

 Gipuzkoa, la más concertada

En el documento remitido por Gotzone Sagardui al Parlamento Vasco destacan los 71 millones concertados con la clínica Asunción de Tolosa para “atención especializada para pacientes de la zona de Tolosaldea”, comarca que por empeño del PNV carece de un hospital público. La empresa gestora, Inviza, fichó en su día como directivo de la clínica a un exviceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Rafael Cerdán, quien llegó a estar imputado por el “caso Margüello”. En la clínica de Tolosa también ejerció como directivo el nuevo gerente de la OSI de Osakidetza de Donostialdea, Agustín Agirre.

Otra de las principales amenazas al derecho a la salud pública de los guipuzcoanos, Quirónsalud, a su vez propietaria de Policlínica Gipuzkoa, ha conseguido 39,3 millones para diversos servicios sanitarios concertados con Osakidetza que incluyen las provincias de Bizkaia y Araba. En este grupo tampoco faltan las puertas giratorias. El exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Gabriel Inclán, es ahora jefe de servicio médico en Quirónsalud.

El sector sanitario privado en Gipuzkoa está liderado por el grupo Fresenius, máximo accionista de Quirónsalud. Fresenius, implicado en una trama de sobornos a médicos, ha fichado como directivo al marido de Ana Isabel Quinteiro, coordinadora de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza, Jefa del Servicio de Análisis Clínicos de la OSI Araba y miembro del Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco.

Osakidetza también concertó con Fresenius, por 13,8 millones, los servicios de hemodiálisis y diálisis domiciliaria en las tres provincias. Según reza una sentencia judicial, Fresenius es propietaria de Dialbilbo, otra empresa con la que Osakidetza ha concertado servicios y que estuvo controlada en su momento por el entonces Jefe de Nefrología del Hospital de Cruces.

Entre las concertaciones hospitalarias en Gipuzkoa destacan los 42,3 millones para Fundación Matia, entidad presidida por una exportavoz del Gobierno Vasco, la jeltzale Mari Karmen Garmendia. Se trata de una fundación que se apoyó en el grupo constructor Moyua, con importantes puertas giratorias para cargos del PNV, para expandir su negocio en el sector de residencias para mayores.

La órbita Darpón-Azua

Las concertaciones a empresas con puertas giratorias se extienden a todo el oasis vasco. Osakidetza ha concertado en Araba y Bizkaia servicios por valor de 5,7 millones con Centro Scanner Vizcaya y Radiología Clínica Vizcaya. Son empresas dirigidas por Nicolás Guerra, exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa Marina. Guerra dejó Osakidetza para hacerse cargo de la dirección de las clínicas IMQ, sustituyendo en ese puesto del sector privado a Jon Darpón, quien acababa de ser nombrado consejero de Salud del Gobierno Vasco. Darpón era “el hombre del partido” y “la persona idónea” que se necesitaba para gestionar “una Sanidad en tiempos de vacas flacas”.

Una empresa del grupo IMQ, Igurco, con un exburukide del PNV y excargo público del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, Iñaki Isasi, de director de operaciones entre 2019 y 2022, también concertó servicios con Osakidetza en Araba y Gipuzkoa por valor de 2,7 millones. En este grupo también hay puertas giratorias cualificadas. Un exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jon Azua, llegó a ser consejero de IMQ.

En la actualidad, los exconsejeros Jon Azua y Jon Darpón, junto a la exviceconsejera de Salud Fátima Ansotegi y la exsubdirectora de Calidad de Osakidetza Mayte Bacigalupe, lideran el grupo privado sanitario Keralty. Además, Guillermo López, exviceconsejero de Sanidad, es ahora jefe de servicio en IMQ.

Keralty, junto a empresas como IMQ o Quirón, es socio del Basque Health Cluster. El cluster de salud está presidido por el jelkide Asier Albizu, exviceconsejero de Agricultura del Gobierno Vasco que ha pasado a ser directivo de la empresa privada del sector sanitario Biolan, proveedora de productos farmacéuticos para la entidad pública vizcaína Instituto Foral de Asistencia Social. Además, en la constitución Biolan participó como socio fundador Koldo Atxutegi, en la actualidad director de Atracción en la Diputación de Bizkaia.

Por lo tanto, ya son tres los exconsejeros de Salud del Gobierno Vasco que trabajan en el sector sanitario privado. A esta cifra hay que sumar dos exviceconsejeros de Salud, un exviceconsejero de Agricultura y una exsubdirectora de Calidad de Osakidetza que han pasado a trabajar en empresas privadas del sector, junto a 37 jefes de servicio que cuentan con autorización para trabajar en centros de salud privados, según datos remitidos al Parlamento Vasco por la Consejería de Salud, según datos remitidos al Parlamento Vasco por la Consejería de Salud.

El exburukide “zorro plateado”

En la línea clientelista del oasis vasco, Osakidetza ha externalizado 27,7 millones a empresas de un exburukide del Euzkadi Buru Batzar del PNV, exapoderado del partido en Juntas Generales de Bizkaia y exconcejal en el Ayuntamiento de Sestao. Se trata de Josu Olazaran, alias “El zorro plateado”, quien dirige la empresa de limpiezas Garbialdi y la de seguridad privada Integral de Vigilancia y Control. Garbialdi, beneficiada por el empeño privatizador del PNV en Osakidetza, es a su vez una importante contratista de hospitales de Madrid.

En el capítulo de externalizaciones millonarias también se han beneficiado mercantiles vinculadas a empresarios del PNV. Dirigida por el empresario vinculado al Partido Víctor Malpartida, Bilbomática se ha llevado 8,1 millones por contratos relacionados con herramientas informáticas de Osakidetza, en ocasiones liderando alguna UTE. Cabe señalar que Bilbomática está siendo requerida por el Gobierno Vasco para que devuelva más de 500.000 euros en ayudas públicas, tras verse salpicada por una trama de corrupción a raíz de la denominada “operación Enredadera” desarrollada en 2018.

Por último, en el área del transporte sanitario se concertaron 3,3 millones con Ambulancias Maiz, empresa que estuvo representada por el exdirector de Emergencias del Gobierno Vasco Fernando Izagirre, excandidato del PNV a la alcaldía en Galdakao. En la actualidad, Izaguirre está imputado por una trama de apropiación indebida que ha llevado al borde de la quiebra a la asociación de ayuda en carretera DYA
La trama Púnica en Osakidetza

Según la información remitida por Gotzone Sagardui al Parlamento Vasco, la “joya de la corona” del oasis vasco también externalizó cerca de 2,8 millones a Kosorkuntza, filial de Cofely, una empresa implicada en la trama de corrupción del “caso Púnica”, y otros 2,8 millones a Mantenimiento Electromédico, empresa bajo sospechas de irregularidades en servicios prestados al Servicio de Salud de Madrid. Además, las externalizaciones han favorecido una empresa controlada por Florentino Pérez, en concreto son 3,7 millones para Zaintzen, filial de Clece.

En el listado de entidades privadas beneficiarias por contrataciones de Osakidetza no faltan miembros del cártel de consultoras de la “red de colaboración norte”, que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2021. Ahí figuran PwC, dirigida por el exburukide Asier Atutxa, consultoras de un presunto cártel investigado por la Autoridad Vasca de la Competencia al que pertenece Teknei, dirigida por el burukide Joseba Lekube, e incluso algunos caterings que integraron el sancionado cártel de comedores escolares del oasis vasco.

Dado que el citado listado abarca los años 2019 y 2022, no aparece el contrato de teleasistencia de Osakidetza adjudicado por 41,3 millones en 2018 a la UTE liderada por IMQ y GSR, esta última propiedad del grupo MCC. El director de la división sanitaria de MCC es Mikel Álvarez, exalto cargo de Osakidetza. En 2017, Álvarez abandonó su puesto en el Ayuntamiento de Bilbao y fue sustituido en su cargo de concejal por Gotzone Sagardui, quien cerró la cuadratura del círculo al ser nombrada consejera de Salud.

Así es como la que fuera gallina de los huevos de oro del oasis vasco ha pasado a ser una vaca lechera que amamanta la red clientelar del PNV en el sector sanitario privado."                 (Ahoztar Zelaieta, El Salto, 02/02/23)

Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial

 "Las rebajas de condenas a cientos de delincuentes sexuales —incluidas excarcelaciones— tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’ han sumido al Gobierno en una de sus peores crisis en un momento crítico, a apenas unos meses de la cita electoral del próximo mayo. El asunto, muy delicado, se ha convertido en uno de los ejes de la labor de oposición del Partido Popular, cuyos dirigentes han llegado a acusar al Ejecutivo de no proteger a las mujeres. En esa estrategia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado aliados en el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Miembros del órgano consultados por elDiario.es ven una “acción coordinada” entre el PP y un grupo de vocales del sector conservador con el objetivo de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. Las fuentes consultadas sitúan en este grupo a cinco de los 11 jueces y juristas elegidos en su día a propuesta del PP, a los que atribuyen el liderazgo de una estrategia de choque institucional que se ha venido poniendo de manifiesto en sus movimientos dentro y fuera del órgano en los últimos meses. Estos vocales son José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Carmen Llombart, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán, de acuerdo a estas fuentes. 

 Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista; que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición o que ha llevado a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'.

Tras la polémica por un encuentro con eurodiputadas en el que se criticó al Gobierno “a espaldas” del resto de vocales, el último episodio que ha elevado la tensión en el CGPJ es la filtración de los datos provisionales sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de esta norma: un total de 701 sentencias rebajadas, según unas cifras que todavía son provisionales y que no recogen cuántas veces los jueces han rechazado estas revisiones a la baja.

La información ocupó portadas de medios de comunicación la noche del pasado martes, antes de que estuviera a disposición de los vocales y cuando había una orden expresa y por escrito del presidente, Rafael Mozo, de que no se difundieran esos datos hasta que estuvieran completos y clasificados, coinciden varias fuentes. Todavía no hay fecha para la comunicación oficial de estos datos, confirma un portavoz. El asunto se tratará en la reunión de este jueves de la Comisión Permanente, el principal núcleo de poder del órgano.

El pleno había acordado el 9 de febrero por unanimidad recopilar esa información a petición de la vocal conservadora Ángeles Carmona, que preside el Observatorio contra la Violencia de Género, un órgano dentro del propio CGPJ encargado de abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Para ese momento, los medios de comunicación estaban haciendo sus propios recuentos aunque con datos parciales porque no todos los tribunales territoriales daban la información. El asunto es complejo porque hay varias vías para aplicar la ley del 'solo sí es sí' a un delincuente sexual. Lo puede hacer un tribunal al revisar una condena firme —son las cifras que se han difundido hasta el momento—, pero también si está juzgando el caso o si está estudiando un recurso ordinario en un tribunal superior o en el Supremo.  

Los vocales coincidieron entonces en que era pertinente hacer un “análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente”, según informó el órgano en una nota de prensa. La semana siguiente, el 16 de febrero, la Comisión Permanente tenía previsto analizar una propuesta de Carmona sobre medidas encaminadas a “facilitar la recopilación y estudio” de esos datos. Pero el asunto se acabó retirando del orden del día y no se volvió a tratar. Algunos vocales expresaron que era algo que debía tratarse con cautela, entre otros asuntos, por la complejidad que entraña en términos de protección de datos manejar estas resoluciones. A nadie se le escapaba que se trata de una información altamente sensible y de gran impacto político. 

Pero, para entonces, los técnicos del Observatorio contra la Violencia de Género llevaban más de dos semanas recopilando esos datos porque así se había acordado en una reunión celebrada a finales de enero para abordar otro asunto: el repunte de asesinatos machistas a finales de 2022. La información, aunque parcial, estaba ya en manos de varios trabajadores del órgano y el martes por la noche saltó a los medios de comunicación. Un hecho que generó un profundo malestar en vocales del minoritario sector progresista, que acusan al núcleo duro de los conservadores de estar detrás de la filtración y de utilizar la institución como “una plataforma para hacer una oposición”. 

“Trabajan abiertamente para Génova y al dictado de Esteban González Pons [vicesecretario de Institucional del PP y su principal estratega en materia judicial]. Es una estrategia encaminada a apoyar al PP en su ataque al Gobierno”, dice a elDiario.es una vocal elegida en su día a propuesta del PSOE. “Es gravísimo. La difusión de esos datos debería haberse hecho a través de la Oficina de Comunicación, tal y como establece el artículo 620 de la ley del Poder Judicial”, apostilla otro vocal progresista, que recuerda que este análisis de impacto normativo no se ha hecho con otras reformas del Código Penal.  

Otros miembros de este grupo coinciden en que hay vocales del sector conservador instalados en una estrategia de desgaste del Ejecutivo. Pero creen que el órgano tampoco actuó con la diligencia debida en relación a un tema “socialmente relevante”. “Hemos fallado como institución. Si tienes estos datos, hay que darlos. Pero no se tendría que haber hecho así”, dice un vocal. Algunas voces señalan al presidente por sustitución, el progresista Rafael Mozo, al que ven “poco decidido” en sus funciones: “No quiere enfadar a nadie y eso no es posible”. 

“Opacidad” sobre las rebajas de penas

Los vocales señalados se defienden al asegurar que no es un asunto que se pueda tratar con “opacidad” y afirman que los consejeros interesados en los datos “no tenían más que pedirlos” a los funcionarios del CGPJ. “Quien no los tiene es porque no quiere. Lo inteligente habría sido haber empezado hace un mes a a dar información día a día y actualizarla, con los matices que hubiera hecho falta. Si quieren esperar a que estén todos los datos nos iríamos a dentro de cinco años”, sostiene un miembro de este grupo, que afirma que la “actitud” de comunicación del órgano le “suena” a unas declaraciones que hizo recientemente la delegada del Gobierno contra Violencia de Género, Victoria Rosell, en las que lamentó la “alarma injustificada” creada en torno a esta ley. 

La difusión de los datos al margen de la Oficina de Comunicación ha sacado a la luz las discrepancias dentro del propio sector de vocales elegidos a propuesta del PP. La filtración no gustó a otros miembros de ese bloque que sí fueron de la mano del núcleo duro en asuntos como el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, pero que han dado muestras de forma reciente de su apuesta por mantener una imagen más institucional y rechazar el choque directo con el Gobierno. En este grupo están los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz. 

Es un distanciamiento que se ha evidenciado también en otros temas, como el debate en torno a la declaración institucional sobre los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial. De hecho, no se llegó a aprobar ningún texto al respecto por el choque entre vocales. Fernández, Martínez Moya y Díaz suscribieron junto a vocales progresistas una propuesta muy criticada por este núcleo duro de los conservadores. En un voto particular, la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial. 

La reunión con las eurodiputadas  

Vocales del grupo minoritario creen que la difusión de los datos sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ es parte de una “operación” que tuvo otro episodio la semana pasada, con la reunión que mantuvieron en la sede del CGPJ un grupo de eurodiputadas expertas en Igualdad y las conservadoras Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, y Llombart, que también forma parte de esta institución. 

La gestión de ese encuentro y los asuntos tratados en el mismo agravaron la crisis del órgano. El malestar fue mayúsculo en la Comisión de Igualdad presidida por la progresista Clara Martínez de Careaga, que no fue convocada por el Observatorio. Vocales progresistas creen que Carmona y Llombart se excedieron en sus funciones al “actuar por su cuenta” y utilizar el CGPJ como “una plataforma para hacer una oposición cruda al Gobierno”.

Se remiten, para ello, a la difusión de la reunión que hicieron varios medios de comunicación, con titulares en los que se atribuían a la institución las valoraciones “individuales y personales” de dos de sus integrantes. Y también a las declaraciones de la eurodiputada del PP Rosa Estarás, que aseguró que el CGPJ les había trasladado que “el daño a España es irreversible” tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’. 

Tampoco era la primera vez que estos vocales seguían la estrategia del PP de tratar de externalizar a Europa asuntos de ámbito nacional. El pasado enero estos mismos cinco vocales remitieron una carta a la Comisión Europea en la que arremetían duramente contra el Gobierno, al que responsabilizaban del bloqueo en la renovación del CGPJ y de haber dado “un paso atrás” en la lucha contra la corrupción. Lo hicieron a través de unas “respuestas complementarias” remitidas a la vicepresidenta Vera Jourovà y al comisario de Justicia, Didier Reynders, al margen del formulario que la Comisión Permanente había remitido para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de derecho. 

El CGPJ tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. Ha seguido funcionando desde entonces con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013. Cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV.

Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Carlos Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Lo sustituyó el progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de más edad, y que ejerce desde entonces el puesto de presidente “por sustitución”.                         (Elena Herrera  , eldiario.es, 1 de marzo de 2023)