"La corrupción que salpica al Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos —su principal colaborador, Koldo García, cobró supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio a una empresa determinada— ha resucitado la sospecha sobre el colosal pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector público aprovechando la situación de emergencia de los tres primeros meses de pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos —beneficios millonarios, fáciles y rápidos— a costa de vender mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector público adjudicó en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de alarma: se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin concurrencia de ofertas, ni límite de precios, ni acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el escándalo del denominado caso Koldo.
El Tribunal de Cuentas fiscalizó entre 2020 y 2022 miles de contratos de la administración central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros), de los ayuntamientos más poblados de España y de comunidades autónomas. En la mayoría de estos contratos encontró numerosas irregularidades: las adjudicatarias que no demostraban su solvencia ni habían acreditado experiencia en el sector fijaban unos precios aparentemente excesivos, pero no encontraban ningún reproche penal, ya que estas operaciones se producían en un momento en el que las reglas estaban suspendidas por la emergencia sanitaria que sufría el país.
En esas condiciones, numerosos empresarios sin escrúpulos lograron beneficios muy superiores a los de su actividad habitual. El Tribunal de Cuentas puso en sus informes cientos de ejemplos de esta situación, amparada por el decreto de alarma que el Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020.
Ministerio de Sanidad: precio multiplicado por 10 en solo ocho días. Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla el 20 de marzo de 2020 a 2,67 euros tan solo ocho días después. El precio más alto de mascarillas que pagó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria llegó el 3 de abril de 2020: 4,17 euros. Las investigaciones judiciales y fiscales abiertas hasta el momento han acreditado que la mayoría de intermediarios que ofrecieron mascarillas en las primeras semanas de la pandemia las compraron en China a una media de dos euros.
Caos en el Ayuntamiento de Madrid: 93% de contratos a dedo, precios desorbitados y estafas millonarias. El Tribunal de Cuentas fiscalizó 59 contratos covid del Ayuntamiento de Madrid, la ciudad que más caras pagó las mascarillas al inicio de la pandemia de las grandes ciudades fiscalizadas. Madrid tan solo pidió ofertas a más de una empresa en el 7% de los contratos analizados; el resto (93%) fue adjudicado a dedo, algo permitido en el decreto de alarma. Entre esos contratos, hay dos que acabaron en los tribunales por la estafa perpetrada por sus adjudicatarios. Una consultora con sede en Nueva York propiedad de Philippe Solomon vendió 500.000 mascarillas por 2,5 millones de euros. El Ayuntamiento adelantó, a través de la Empresa Funeraria, 1.250.000 euros. El material que llegó era tan defectuoso que la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intentó devolverlo sin éxito. La policía no localiza a Solomon en un primer momento y el Ayuntamiento trata de recuperar en los tribunales el dinero adelantado. El segundo contrato, de 11 millones de euros, fue adjudicado a los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, sin ninguna relación previa con el sector sanitario. Ambos llegaron a la ventanilla del Ayuntamiento a través de un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Lograron 6 millones de euros en comisiones por su intermediación en la venta de productos defectuosos —y además de los más caros en aquellos días, a 6,24 euros por mascarilla— por lo que han sido procesados.
La urgencia alimentó el pillaje: “Hay que cerrar esta noche, tenemos un millón a seis euros”. La empresa mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid tenía liquidez suficiente y mecanismos muy ágiles de tramitación para atender a la emergencia sanitaria de la pandemia. Cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió contratar con Luceño y Medina, sin saber que estos iban a cobrar comisiones multimillonarias, ordenó el 24 de marzo y de madrugada a la empresa funeraria aprobar la adjudicación: “Nos ofrecen un millón de mascarillas de grafeno, eficaces y de alta calidad a 6,6 euros por unidad. Debemos cerrar la operación esta noche con un anticipo del 50%”. Algo parecido, aunque de consecuencias económicas menos gravosas, ocurrió entre el Ministerio de Transportes y la empresa Puertos del Estado. El subsecretario llamó: “Un suministrador tiene ocho millones de mascarillas, si lo hacemos rápido lo conseguimos”. El ministerio, previa orden firmada por Ábalos, pagó 2,5 euros por mascarilla. La empresa que se benefició del contrato abonó supuestamente comisiones ilegales al asesor principal del ministro, Koldo García. Es el primer caso conocido donde una parte del pelotazo conseguido por la adjudicataria acaba en manos de un empleado del ministerio que adjudicó el contrato.
“Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo”. Un alcalde de una de las 12 grandes ciudades investigadas por el Tribunal de Cuentas, explicó así la situación: “El problema no es que la empresa o intermediario que nos ofrecía el material careciera de experiencia en el sector sanitario, eso no era lo importante en aquel momento. El problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada”. Uno de los “sablazos” más investigados por la Fiscalía fue la venta de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros (un millón sacó en limpio el adjudicatario tras comprar por 2 euros lo que vendió a seis euros). El beneficiado fue un empresario amigo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien fichó al hermano de la dirigente popular para conseguir contratos de venta de mascarillas. Tomás Díaz Ayuso cobró por ese trabajo 269.000 euros. Pero no se pudo demostrar tráfico de influencias. El amigo y el hermano de Ayuso ofrecieron las mascarillas en la ventanilla de la Consejería de Sanidad. Y se les adjudicó a dedo el contrato sin saber que eran personas vinculadas a la presidenta regional, según concluyó la Fiscalía.
Los tribunales absuelven la transparencia. El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hoy ministro de Transportes, informó en abril de 2020 al pleno del Ayuntamiento que iban a comprar mascarillas a un amigo suyo a 3,35 euros y así lo dejó dicho a los grupos municipales tras consultar con el interventor ante una situación de acuciante necesidad. El PP denuncia ahora esos hechos, aunque en su día se presentó una querella de un particular que los tribunales archivaron ante la transparencia que había seguido aquel procedimiento, donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie." (José Manuel Romero, El País, 27/02/24)
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