"Tanto desde la política como desde determinados lobbies mediáticos se insiste en que el mayor problema de la Justicia en España es la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es falso porque, sí, que el Partido Popular se haya negado a renovar los órganos constitucionales es muy grave. Sin embargo, el único gran problema que tiene la Justicia en España es el elevado nivel de corrupción existente que está inundando todas las instancias.
No se puede generalizar porque sería injusto. No todos los jueces en España son unos corruptos. Es más, la mayoría de ellos no lo son y realizan su trabajo mejor o peor en función de sus capacidades y del nivel de soberbia que apliquen en procedimientos. No obstante, es un hecho que el nivel de corrupción judicial se acrecienta en los juzgados de lo Mercantil y en las instancias superiores, donde la ponzoña toca a la gran mayoría de sus miembros. Esto debería colocar a España en estado de crisis democrática, pero ningún gobierno, ni del PP, ni del PSOE, ni de coalición progresista se atreve a meterle mano a la Justicia. Por algo será.
Diario16 lleva años en contacto con distintas fuentes en las distintas instituciones de la Unión Europea y lo que nos dicen de manera extraoficial (o en off the record) es que Europa está harta de España y de los problemas que genera la Administración de Justicia. Cada año llegan miles de denuncias ante la Comisión, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupción en las que se señala un incremento alarmante de la corrupción judicial en España.
Por esta razón, las nuevas medidas anunciadas el pasado mes de mayo tanto por la Comisión, como por el Parlamento y el Consejo Europeo, parecen hechas exprofeso para intentar poner fin a la corrupción judicial en España.
Muchos ciudadanos piensan que la ineficacia de los tribunales está causada por la falta de recursos y por el exceso de trabajo al que se ven sometidos los jueces. Puede ser cierto. También se da por hecho que si un ciudadano se enfrenta a una gran compañía o una gran familia, entonces va a perder. Esto ya es muy grave per se, porque determina que decenas de miles de personas perjudicadas o estafadas por los poderes económicos, financieros y empresariales dejan de acudir a los tribunales porque saben que, de mano, lo tienen perdido.
Los juzgados españoles se han convertido en un verdadero mercado persa, donde, en ocasiones, da la impresión de que los jueces actúan de una manera para, posteriormente, hacer lo contrario para dar la razón a los poderosos y que este comportamiento no es más que una supuesta maniobra para subir «el caché». Esto ha sido corroborado a Diario16 por exmagistrados y exmagistradas de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia que, por decencia y por ética, abandonaron voluntariamente sus puestos por no soportar lo que sus ojos veían o por no ceder a las presiones para que formaran parte de un sistema corrupto.
En España, hay jueces de lo mercantil que han hecho fortuna con los concursos a empresas otorgados de manera poco transparente a determinados administradores concursales. También dictan sentencias favorables a grandes empresas, multinacionales y familias de rancio abolengo en las que no se han tomado en cuenta las pruebas presentadas en los procedimientos.
Europa se harta
Por esa razón, Europa está harta y ha decidido endurecer las medidas anticorrupción con una ampliación de los delitos. «La integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción son compromisos políticos claros de la Unión. El actual conjunto de propuestas reforzará aún más la lucha contra la corrupción en la UE, elevando las normas de la legislación de la UE para garantizar una mejor prevención y lucha contra la corrupción, así como estableciendo un mecanismo internacional de sanciones», afirma la UE.
La propuesta de Directiva establece normas sobre las definiciones y sanciones de los delitos de corrupción. Amplía la lista de delitos de corrupción para abarcar la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción, más allá de los delitos de soborno más clásicos. Como se puede comprobar, son delitos intrínsecos a la corrupción judicial.
La Unión Europea también establece niveles de pena coherentes, así como circunstancias agravantes, entre las que señala directamente a los jueces. o es responsable de la aplicación de la ley.
Por primera vez a escala de la UE, la propuesta reúne la corrupción de los sectores público y privado en un solo acto jurídico. También establece requisitos claros de control e información para facilitar la aplicación de la ley.
«La propuesta también reforzará la aplicación de la ley. Los informes sobre el Estado de Derecho han puesto de manifiesto que unos sistemas de justicia penal eficaces, dotados de los instrumentos adecuados para luchar contra la corrupción, son fundamentales para mantener unos niveles elevados. La Directiva facilitará una lucha eficaz contra la corrupción en toda la UE, proporcionando normas mínimas para hacer frente a la compleja red de actividades interrelacionadas que alimentan la corrupción en las sociedades actuales. Abordará factores clave para una lucha eficaz contra la corrupción, como la capacidad, la especialización y el acceso a las herramientas de investigación pertinentes, así como los obstáculos a la investigación y el enjuiciamiento efectivos, como los procedimientos onerosos y opacos para levantar inmunidades o los plazos de prescripción excesivamente cortos para los delitos de corrupción», advierten desde la Unión Europea.
En España, por culpa de la corrupción judicial, no existe un sistema institucional basado en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Los enfoques anticorrupción eficaces suelen basarse en medidas para mejorar la transparencia, la ética y la integridad, así como en la regulación de ámbitos como los conflictos de intereses, los grupos de presión y las puertas giratorias. Es decir, todo lo contrario que sucede en España, donde hay jueces y fiscales que salen voluntariamente de la carrera para ganar millones de euros en despachos de abogados privados, o donde los grandes bufetes ignoran los conflictos de interés para generar un escenario de presión constante (el económico incluido) que favorezca a sus clientes.
La experiencia demuestra que una respuesta firme a la corrupción se basa en sistemas para prevenir y abordar los conflictos de intereses; en el establecimiento de registros de transparencia y de grupos de presión; y en la creación de mecanismos viables para la divulgación y verificación de los bienes e intereses de los funcionarios públicos. No es posible que en España haya cientos de jueces que se niegan a dictar comisiones rogatorias a bancos extranjeros para perseguir el lugar donde se esconde el dinero de la corrupción en España en todos sus elementos: política, empresarial, bancaria, y, sobre todo, la judicial.
«La transparencia no sólo es fundamental para la responsabilidad
política, sino también para la integridad. Un sistema basado en la
transparencia en la toma de decisiones y su aplicación es crucial para
cerrar el paso a la corrupción. Las transacciones digitales y la
publicación de datos financieros y de otro tipo por parte de los
organismos públicos también dificultan los intercambios corruptos. Unos
marcos éticos fuertes y claros, con las estructuras e instituciones
necesarias para funcionar bien, son herramientas poderosas. También
existe una importante dimensión internacional: como parte de la próxima
iniciativa de Defensa de la Democracia, la Comisión presentará
legislación sobre la transparencia de la representación de intereses
extranjeros, para limitar el riesgo de injerencias encubiertas en los
procesos combatir mejor la corrupción en la UE y mejorar la coordinación
de las actuaciones a escala nacional y de la UE», advierten tanto la
Comisión como el Parlamento y el Consejo." (J. A. Gómez, Diario16, 16/06/23)
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