"(...) Aguirre, paella, chocolate y la Púnica
Todo empieza en 2006, cuando Esperanza Aguirre anuncia un nuevo trazado de la línea 7B de metro, cuyas obras habían comenzado en 2004, que incluye dos paradas no contempladas en el original: Henares y Hospital del Henares. En 2020, cuando este medio entrevistó a Antonio Rus, trabajador de metro del sindicato Solidaridad Obrera, no dudó en afirmar que “Aguirre utilizó la estación de Hospital del Henares para ganar votos en las autonómicas de 2007”. La estación se inauguró con una paella, chocolate y conciertos a los que acudieron 2.000 personas menos de un mes antes de las elecciones.
La licitación de estas obras dependía de la empresa público privada Mintra, creada por Gallardón para licitar obras en el Metro y evaluar los impactos. A pesar de que ya no existe, Mintra se encuentra bajo investigación en el sumario de la Púnica. Las obras de la ampliación 7B fueron concedidas a Dragados, la constructora de Florentino Pérez. Un año después de la inauguración, en 2008, empiezan a surgir las primeras grietas en algunas de las viviendas.
Para entender lo que está sucediendo bajo el suelo de San Fernando, Escribano recurre a la imagen de un queso gruyere. “San Fernando tiene una serie de acuíferos que recorren el subsuelo. Con la ampliación de la línea 7B hubo que desviar un gran acuífero. Imaginemos que el subsuelo es como un queso gruyere, lleno de agujeritos que están llenos de materiales hipersalinos. Si no los tocas no pasa nada, pero al desviar el agua, que está cargada de sales, estas capas salinas comienzan a degradarse junto al metro”. La solución que comenzaron a aplicar los técnicos de la Comunidad de Madrid fue usar colectores de agua, que son como pajitas que succionan el agua de los alrededores del metro y la arrojan a otras zonas. “Pero la presión con la que corría el agua era mucho mayor de la que esperaban y acabaron reventando los colectores, inundando de agua que era muy salina, casi un disolvente, todas las zonas de alrededor del tramo del metro”, continua Escribano.
Otra de las soluciones que han aplicado varias veces durante estos últimos años han sido las ya mencionadas inyecciones de cemento para tratar de solidificar el terreno y desplazar el agua de las zonas afectadas. “En 2011 se hacen las primeras acciones de inyección, se repiten en 2013, 2016, 2018 y ahora, lo cual siempre provoca el mismo resultado, que nuevas áreas se vean afectadas. El agua es como una gigantesca mancha de aceite expandiéndose por debajo de todo el municipio y hundiéndolo”, cuenta Escribano.
En 2008 se publica un Estudio de seguimiento hidrogeológico de la Línea 7 de Metro de Madrid por un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid en el que los profesores Pedro Martínez y Eugenio Sanz afirman que “la presencia de agua o de humedad detrás del revestimiento del túnel [...] conlleva una reducción del 28% del volumen, y por tanto la creación de huecos, ocasionando riesgo de colapso”.
"Estudio de Seguimiento Hidrogeologico de La Linea 7 Del Metro de Madrid. 2008"
Entre las conclusiones y recomendaciones del informe destacan que “es importante tener en cuenta que con el tiempo estos materiales sulfatados van a seguir alterándose por lo que es imprescindible el anteriormente citado estudio geotécnico, así como la vigilancia a largo plazo de la zona [...] La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos”.
Manolo Fernández, maquinista de metro desde hace 40 años y miembro del sindicato Solidaridad Obrera, que ha llevado durante estos años los conflictos laborales ligados a la seguridad en este tramo, se pregunta por qué nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos. Hasta 2016 no llega el primer informe propio de la Comunidad de Madrid que señala que, efectivamente, “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”.
“Hasta los propios operarios de las obras reconocen que no pueden
saber hasta dónde llega el cemento que están echando con las inyecciones
ni a dónde desplazan el agua”, comenta Escribano. “Las licitaciones de
estas obras se hacen a través de la empresa público privada Tragsa, que
se los está adjudicando a la empresa Kronsa. Las obras han provocado
numerosos cortes de luz y agua a los vecinos. Han dañado tuberías de gas
con los vecinos dentro de las viviendas. Y han tenido que ser los
propios vecinos quienes han tenido que avisar a las autoridades porque
olía a gas en sus casas”.
“Después de siete cierres desde su
apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que
abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar
dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de
nada”, comenta Fernández. Desde Solidaridad Obrera reclaman que las
estaciones del tramo se cierren para siempre y que, en caso de que fuera
necesario se hiciese un metro ligero en la superficie. “Estábamos
moviendo trenes con viajeros en estaciones que se hundían”.
Daños y secuelas en el cuerpo
Nines ha tenido que ir a urgencias por el estrés y la ansiedad por no saber cuándo tendrá una casa propia a pesar de haber pagado la suya. También se le complicó un posoperatorio del ojo por la falta de reposo. Ansiedad es la palabra que repiten casi todas las vecinas entrevistadas.
De las familias desplazadas hay personas de más de 80 años que han tenido que aclimatarse a su nueva vida en el apartahotel del polígono industrial. “Yo tengo una hija de cinco años que también lo está viendo y viviendo a su manera, ven la realidad bajo su prisma, y ella me preguntaba que a dónde iban a llevar los Reyes Magos sus regalos a sus amigos desalojados”, comenta Casado.
Poner el cuerpo tampoco es gratuito. Ni económicamente ni en salud. Después de 20 minutos dando detalles pormenorizados y técnicos de lo que ha sido esta lucha de 15 años, cuando desde El Salto le preguntamos qué tal está, el ceño fruncido que ha mantenido durante la entrevista se deshace y su voz se quiebra aguantando las lágrimas. Llora sin ellas, con la voz y la cara, mientras cuenta que “para entenderlo hay que vivirlo. Te cambia la vida. Para la parte en la que estamos al público y salimos a pelear te pones la coraza, pero cuando llegas a casa o a tu portal vas y te rompes, te cuesta mucho. Cuesta separar lo personal de la pelea”.
Toda la ayuda psicológica que la Comunidad de Madrid ha brindado a las vecinas son dos profesionales que les atienden semanalmente en grupo, sin atención pormenorizada. Igualmente han abierto una oficina pública para los afectados, “pero no sirve para nada. Llegas cuentas tu problema y te dicen que pasas a una lista de espera y ya, solo sirve para frustrarte más”, comenta Casado mientras camina frente a la cristalera transparente de la oficina.
Víctor Yangüez, vecino de 19 años, también ha sufrido las consecuencias de poner la cara en la lucha. Vivía en una casa que derribaron en mayo y ahora está con su familia pagando un nuevo alquiler además de la hipoteca que pagaban porque aún no han recibido ninguna indemnización. Víctor apareció en un vídeo de Tiktok que se viralizó denunciando la situación del municipio. A las horas el medio subvencionado por la Comunidad de Madrid OKDiario elaboró un perfil señalando al joven, lo cual derivó en un acoso mediático y en redes de miles de perfiles atacándole.
“Nosotros buscábamos la presión mediática para ver si se ponen las pilas para poder solucionar este problema y que todo el mundo sepa que no hay nadie al volante de esta situación”, relata Yangüez a El Salto. “Pero claro que te afecta, son bulos contra mí, gente criticándome, perfiles cercanos al Partido Popular. Aunque estoy bien, pero al daño psicológico de perder la casa se le suma el de que te ataquen”.
“La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve
que no nos puede doblegar descuelgan el teléfono y llaman a sus medios
afines para poner en marcha la máquina del fango”, comenta Escribano.
Para responder toda esa ofensiva de bulos contra el joven, su propia
madre y otros vecinos utilizaron las redes sociales para mandar mensajes
de apoyo y visibilizar que estaban orgullosos de él. “Lo único bueno de
todo esto es la unión que se está generando en el municipio. Vecinos
que hasta ahora no nos conocíamos, somos uno. Vamos a ganar por eso”,
añade Casado.
Un Plan Integral y organización vecinal
El 16 de diciembre de 2021 se aprobó en la Asamblea de Madrid un Plan Integral para los afectados por las obras del metro de San Fernando. Una Proposición No de Ley (PNL) hecha a medida que fue diseñada y consensuada por todos los vecinos de la Plataforma junto con los partidos de la oposición. Sin embargo, el 23 de diciembre del mismo año, durante la sesión de apelaciones a la PNL, el PP y Vox votaron en contra de su aplicación y quedó bloqueada. “Es un cuerpo sin vida, lo que pedíamos era que si te tiran la casa, haya unas condiciones mínimas de realojo, si tu casa tiene grietas o sufre otros daños, que se expedienten debidamente para que se puedan reclamar patrimonialmente, que se tenga en cuenta en las reparaciones las viviendas devaluadas, porque al final todo el municipio se ha visto afectado por esto. Que se restauren los servicios públicos perdidos . Que todos los comerciantes que han perdido su negocio reciban el dinero correspondiente por lucro cesante”, reclamen desde la Plataforma.
El Salto ha consultado al gabinete de prensa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuyo alcalde es Javier Corpa, del PSOE, y desde el mismo han declarado que denuncian “la total falta de interlocución política por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Señalan que el alcalde ha enviado numerosas cartas al Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o a la propia Ayuso, sin respuesta.
La única interlocución entre Comunidad y Ayuntamiento se dio a través de una Mesa Técnica, montada en 2019 en la que ambas instituciones enviaron técnicos para tratar de solucionar el problema. Escribano cuenta que “desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están improvisando. No dan información porque no la tienen”.
Desde el Ayuntamiento señalan que el propio consistorio no tiene mecanismos ni herramientas para atajar los problemas derivados de las obras del Metro, que dependen enteramente de la Comunidad. En apoyo de la Plataforma y los vecinos afectados están poniendo sus recursos técnicos para la elaboración de informes propios y ofreciendo las estructuras de atención y ayuda social para las personas damnificadas.
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