" (...) Usted propone en el libro que hemos llegado hasta aquí porque en ciertos lugares en España, como en la Justicia, el franquismo ha continuado de forma latente.
Durante la Transición se tomaron varias decisiones que desembocaron en un cambio de sistema, de régimen. Pasamos a un sistema democrático, a la Constitución. La Constitución nunca fue el punto de llegada, es el punto de partida. Ese es un concepto que mucha gente no lo tiene claro. En otras estructuras, como la militar, hubo un punto de quiebre, pero en la Justicia no hubo ese antes y después. A nadie se le ocurrió decir: vamos todos a jurar o prometer la Constitución, porque todos los que habían entrado antes de esa fecha como jueces, magistrados, fiscales, funcionarios públicos… habían jurado las leyes fundamentales del Reino, y entre ellas la del Movimiento Nacional. No hubo nada. Es decir, hubo la Ley de Amnistía del 77, que se ha interpretado extensivamente, se aplicó a los terroristas y se aplicó también para los represores, para todos aquellos que habían participado en hechos criminales y que hasta el día de hoy siguen impunes.
Tuvimos que esperar hasta 2008 a que a un juez se le ocurriera decir que vamos a investigar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Y la respuesta fue: cerramos el caso de forma inmediata, le abrimos un procedimiento al juez, lo suspendemos y lo llevamos a juicio y que esto sirva de mensaje y lección, y que en el camino nuevamente se niega todo tipo de Justicia, sea retributiva, si es posible, es decir, penal, si es posible, pero si no de otro tipo, restaurativa. La resolución del Tribunal Supremo, la sentencia contra mí, pero sobre todo una resolución que la gente no conoce, que es un auto del 28 de marzo de 2012, donde el Supremo cierra definitivamente toda posibilidad de defensa de las víctimas, aunque alude a la defensa de las víctimas. ¿Por qué sucede esto? Pues, evidentemente, porque hay unos resabios que no han sido superados, una concepción de la Justicia que se une a un componente ultraconservador de esas estructuras judiciales.
¿En qué se traduce este sesgo conservador?
[Ignacio] Escolar junto con [Joaquim] Bosch lo definen muy bien en su libro. Yo cito una parte de ese libro en el mío en la que describen unas características que yo comparto, que se ve claramente que no ha habido esa regeneración. Eso no quiere decir que los jueces sean malos o muy buenos. Hay de todo, como en todas las profesiones, pero no me refiero a eso, me refiero a la concepción de la Justicia. Es una concepción vicaria, vertical, de arriba abajo, no igualitaria. Todavía la gente tiene miedo de ir a la Justicia, pero no creo que sea porque te vayan a meter en la cárcel, sino porque hay una especie de miedo reverencial que es consecuencia de esa concepción de la Justicia.
¿Y por qué no generan esa confianza? Evidentemente, porque hay una concepción de la justicia que todavía se nutre de unos valores que están aparentemente superados, pero que no se consiguió aislar. ¿Cómo se puede explicar que siendo la sociedad española una sociedad mayoritariamente progresista, de centro izquierda, la composición de la judicatura, de jueces, juezas, fiscales, de todo el estamento judicial, sea de un 80% o 90% conservador o ultraconservador? Y eso se sabe a través de las asociaciones judiciales, que es el único parámetro para medir que tenemos.
En los tiempos que corren, yo afirmo que no puede haber una interpretación conservadora del derecho, sino una necesariamente progresiva y progresista. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a unos riesgos y a unos desafíos que, desde el cambio climático a cualquier otra circunstancia de seguridad o inseguridad mundial, necesitan recetas que normalmente han rechazado las visiones conservadoras. Por ejemplo, la jurisdicción universal.
El sesgo conservador que comentaba, ¿cuánto tiene que ver con la politización de la Justicia?
Es un elemento más que también trato en el libro, que es el de la guerra jurídica, el lawfare. Aprovechar y utilizar el derecho en unas contiendas que no corresponde, por ejemplo, como arma jurídica para resolver conflictos políticos. Aquí se ha puesto de moda que esté permitido todo desde que decidieron que el Gobierno nacido de una moción de censura era un Gobierno ilegítimo. Cada decisión del Gobierno en el Parlamento es querellada, recurrida en el Tribunal Constitucional, denunciando a sus promotores, etc. Pero no porque crean que realmente es injusta, sino porque es un arma jurídica en contra del oponente y porque juegan y utilizan las instituciones. Es decir, utilizamos el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que no renovamos porque el statu quo nos favorece.
Llevamos casi el doble del mandato. Si seguimos así, van a ser diez años lo que van a estar. Ya van por ocho, ocho y pico. Es una barbaridad. Están ahí como en un nirvana, no hacen nada. Es un órgano que tiene unas competencias muy importantes y estamos sin hacer nada y lo único que se plantea en determinados sectores, incluidos algunos corporativos del poder de la judicatura, es que seamos los jueces los que los pongamos. Yo creo que hay problemas más graves, sobre todo si tienes un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que tiene unas competencias que van mucho más allá de lo que es la estricta corporación. Porque si el CGPJ fuera solo nombramientos, traslados, vacaciones, temas disciplinares, vale, que lo elijan los jueces, las juezas. No hay problema. Pero es que tiene competencias de política criminal, informa proyectos, hace cosas mucho más extensas que nos afectan a toda la ciudadanía.
¿Por qué me voy a entregar yo en manos de la corporación judicial que responde a criterios corporativos? Tiene que ser el Parlamento, con las correcciones pertinentes, porque se ha comprobado que en algún momento se ha desnaturalizado con el sistema de cuotas y repartos. Pues corrijamos ese sistema, pero no lo entreguemos a alguien que no creo que vaya a ser el mejor porque se va a producir de nuevo la misma diferencia. Es decir, conservador, ultraconservador, progresista. No hay un equilibrio.
Es una utilización de las instituciones perversa que lleva a lo que yo denomino otro de los disfraces del fascismo, como es el hacer esas guerras jurídicas, y evidentemente se utilizan, aquí y en otros países.
En el libro relata su reunión con Lula da Silva en la celda de Curitiba, en Brasil. Su condena abonó el camino para la elección de Bolsonaro y ahora la Justicia le ha devuelto la razón.
El caso de Lula no es que sea paradigmático, es impresionante. Un juez con unos fiscales, con unos medios determinados, con unos poderes financieros concretos, se coaligan todos para acabar con quien políticamente le perturba, que es Lula en ese momento, porque era acabar con el PT y Dilma Rousseff, a la que quitan del medio. Eso es puro fascismo. Y, además, para apoyar a un populista fascista como es [el presidente brasileño, Jair] Bolsonaro, que incorpora como ministro de Justicia y Seguridad al artífice de toda esta historia, el exjuez Sergio Moro. Y después las acusaciones contra él se han ido cayendo una detrás de otra.
Él representa una posición frente a este tipo de populismo y de fascismo que te puede llevar por delante, es verdad, pero esto es lo que hay que hacer. Yo no me puedo comparar con Lula, ni quiero hacerlo, más que en amistad, pero pienso que los funcionarios y las autoridades judiciales, que es el caso que más conozco, porque me incluyo, somos servidores públicos, necesitamos prestar ese servicio público y si ello comporta un riesgo –te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar–, lo tienes que asumir. Y si no lo asumes, estás contribuyendo a ese mal desarrollo.
Usted fue inhabilitado. Este verano un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón, 12 años después. ¿Se siente restituido?
Yo podría decir que desde el principio me sentí al margen de esa decisión judicial, de las decisiones judiciales de aquel entonces. Solo para mí se utilizó el procedimiento, porque el juez de Gürtel que me sustituyó, [Antonio] Pedreira, hizo no solo lo mismo que yo sino que fue más allá. Y no lo molestaron. Aquello fue un caso gravísimo de lawfare desde mi punto de vista. Sucedió. Yo dije lo que creía. En el juicio de Gürtel dije: me voy de aquí y no sé por qué se me está juzgando. Y es verdad. Si me dicen: es que se te juzga porque has ido más allá de donde debías, vale, entonces lo entiendo políticamente; jurídicamente, ni lo entendí ni lo entiendo. Yo en aquella época recibí muchos mensajes para decirme: si haces esto, esto se acaba; si haces aquello, va a ir mejor. Y yo dije que no. ¿Por qué? Si yo creo que no he hecho nada. Me he podido equivocar, lo asumo, pero hay mecanismos para corregir los errores judiciales.
¿Qué supone ahora que un organismo independiente de las Naciones Unidas, 18 miembros por unanimidad, decide que ha habido una sentencia arbitraria, parcial? A mí se me decía en la sentencia que yo había sido eso. Ahora el Comité de Derechos Humanos le dice al tribunal que ha dictado una sentencia parcial, arbitraria, falta de previsibilidad en la conducta penal. Es decir, lo que yo decía y afirmaba: no sé por qué me están juzgando. Tiene que haber un tipo penal, no vale el de prevaricación, resolución manifiestamente injusta. Y también habla de la ausencia de una instancia, que también se ha planteado.
De todos estos cuatro conceptos, hay parte que me afecta directamente en el sentido de que la reparación sería la restitución, el daño moral producido. Y luego hay otros dos que afectarían a toda la sociedad y a los jueces y fiscales en general, que es la modificación del Código Penal del delito de prevaricación judicial. Es decir, que se especifique cuándo se comete ese delito por jueces y fiscales, y de una instancia, quitarle el poder omnímodo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene hoy día frente a todo. Establezca una segunda instancia como se ha establecido la segunda instancia en la Audiencia Nacional. No pasa nada. Así, todos aquellos aforados que vayan a la Sala Segunda del Tribunal tienen un juicio y una apelación.
¿Me siento reparado? Sí. ¿Quiero volver? Quiero que se cumpla el dictamen, que es vinculante para el Estado español. No quiero que se toque la sentencia porque la sentencia es la que es y ya está. Pero el dictamen es vinculante y lo que el Gobierno tiene que hacer como representante del Estado es poner los mecanismos para que se cumpla, que no lo ha hecho, diez meses después.
¿Sabe por qué?
Pues no lo sé. No sé si es porque no sabe cómo hacerlo, porque
es muy fuerte enfrentarse al Tribunal Supremo, que no es un juez de
pueblo, porque no le apetece o no sé, pero hay un dictamen desde el 25
de agosto, cuando nos notificaron. Estamos a 7 de junio. Nos dijeron
solamente, cuando mi abogada reclamaba el cumplimiento, que ella no
acreditaba mi representación. Después de haber estado litigando casi
cuatro años con el Gobierno español la misma abogada reconocida en la
representación, que digan esto es un poco kafkiano, pero bueno, de todas
formas insistimos. Esperaremos, y si no, tendremos que acudir a la vía
jurisdiccional, tanto al Comité como a la jurisdicción española, a la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, para pedir que se cumpla." (Alberto Ortiz , eldiario.es, 10 de junio de 2022)
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