"Da empleo a casi 680.000 personas en toda la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, invierte algo más de 28.000 millones de euros en investigación y desarrollo y sus exportaciones rondan los 150.000 millones.
Sin embargo, no todos los números de la industria farmacéutica europea esconden noticias tan positivas, tal y como expone la Comisión Europea en un informe publicado esta semana en el que cifra en más de 1.000 millones de euros el montante de las multas impuestas en los últimos nueve años a empresas del sector por sus artimañas para frenar la competencia en un ámbito de “importancia social y económica especial;.
Durante el período 2009-2017, el Ejecutivo comunitario ha examinado más de un centenar de casos,
ha castigado 29, junto a trece autoridades nacionales de la
competencia, y mantiene abiertas una veintena más de investigaciones. El
análisis confirma que en 24 de los 29 casos sancionados relacionados
con medicamentos el resultado se cerró con prohibiciones mientras que
solo en cinco casos las empresas consiguieron librarse de la multa.
Para exponer las malas prácticas y conseguir pruebas, los responsables de la competencia realizaron inspecciones sin previo aviso
en el 62% de los casos, en el 90% hubo petición de información y en el
45% entrevistas. La mayoría de las investigaciones a las que siguió una
intervención, 17 de ellas, se iniciaron por denuncias.
Trabas más problemáticas
La lista de problemas identificados durante este ejercicio es larga y variada aunque el grueso de los casos se refiere a abusos de posición dominante en el mercado. Entre las trabas: desde conductas excluyentes para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos, hasta prácticas de reparto del mercado o fijación de precios, pactos entre empresas fabricantes de medicamentos originales y de genéricos para no comercializar los segundos y repartir los beneficios logrados por los fabricantes de los productos originales, o simplemente precios excesivos cobrados por medicamentos sin patente.
Por ejemplo, en 2013 Bruselas impuso una multa de
casi 94 millones a la empresa danesa Lundbeck y otros 52 millones a
otros cuatro fabricantes de medicamentos genéricos por cerrar acuerdos
para retrasar la comercialización de las versiones genéricas del
antidepresivo citalopram. Según la Comisión, las empresas de genéricos
se comprometieron a no competir con la compañía danesa a cambio de
dinero y de vender a Lundbeck sus genéricos que después los destruía. El
Tribunal General dio la razón a los servicios de la competencia
comunitarios aunque las empresas han recurrido la decisión.
Otro caso destapado estos últimos años corresponde a
la farmacéutica francesa Servier y a otros cinco fabricantes de
genéricos que cerraron acuerdos para proteger el medicamento más vendido
por Servier, el perindopril para la presión arterial. Por ello fueron
multados con 427 millones en Francia. Además de pagos a las empresas de
genéricos, la estrategia de la compañía francesa incluyó la compra de
tecnología a sus competidores y acuerdos sobre patentes. Servier
recurrió y logró rebajar la multa a 315 millones, que todavía puede ser
contestada.
Campañas de desprestigio y precios inflados
Pero más allá de bloquear o retrasar el acceso de
genéricos al mercado, que cuando se comercializan son, en general, un
50% más baratos que los originales, algunos fabricantes utilizan estrategias de desprestigio.
Por ejemplo, la autoridad nacional de la competencia francesa sancionó
en 2013 a Sanofi-Aventis con 40 millones por su estrategia destinada a
“engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los
mecanismos de sustitución por genéricos”.
A esto se suma la existencia de precios no equitativos
en relación a medicamentos sin patentes. El informe está regado de
ejemplos por toda Europa. La autoridad italiana de la competencia impuso
una multa de 5,2 millones en 2016 a Aspen por abusar de su posición
dominante en relación a varios medicamentos contra el cáncer cuyos
precios inflaron entre un 300 y 1.500%. En el Reino Unido, la
farmacéutica Flynn subió el precio del genérico fenitoina sódica hasta
un 2.600%, gracias a una laguna legal.
Mientras, en Dinamarca, la distribuidora CD Pharma,
aumentó el precio del syntocinon, administrado a mujeres embarazadas
durante el parto, un 2.000% al elevar el coste de 6 a 127 euros. El
análisis se hace eco también de la ilegalidad del acuerdo entre una
asociación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el servicio de salud
regional, confirmado por el Tribunal Supremo.
Todo este tipo de conductas han impedido, según el Ejecutivo comunitario, no solo una rebaja de precios que ha perjudicado a pacientes y sistemas sanitarios,
inflando el gasto hospitalario, sino también ha reducido los incentivos
a la innovación. “Cuando una empresa ya establecida puede confiar en la
exclusividad de sus productos antiguos durante más tiempo del que le
corresponde esto puede afectar a sus incentivos para asumir el riesgo de
innovar”, alerta el informe.
Ochenta fusiones examinadas
Tras este examen se esconde la preocupación expresada
por el Consejo y el Parlamento Europeo ante la posibilidad de que
prácticas contrarias a la competencia pudieran impedir el acceso de los
pacientes a medicamentos esenciales, asequibles e innovadores.
Al hilo
de esto, Bruselas ha analizado más de 80 fusiones de las cuáles 19 fueron consideradas problemáticas
por el riesgo a inflar precios, especialmente de genéricos. De ahí que
solo fueron autorizadas, tras el compromiso de las empresas a
desprenderse de parte de sus negocios, como ocurrió en el caso de la
operación de concentración entre Teva, el mayor fabricante mundial de
genéricos, y Allegan, el cuarto." (Silvia Martínez, El Periódico, 03/02/19)
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