"¿Cuántos bienes ha inmatriculado la
iglesia española a su nombre en las últimas décadas? El diputado
socialista Antonio Hurtado estima que han podido ser en torno a 40.000, aunque investigaciones como las de los ayuntamientos de Zaragoza, que detectó 49 en la ciudad, y de Córdoba (401), o las de los gobiernos de Aragón (2.023 entre 1998 y 2015) y Navarra (1.086), apuntan que cualquier estimación puede resultar errónea.
La inmatriculación es una figura jurídica que permite a las personas físicas y jurídicas anotar a su nombre en el registro, en un trámite que cuesta en torno a treinta euros, la posesión de fincas
tanto urbanas como rústicas (solares, edificios, viviendas, locales,
campos) cuya propiedad pasa a adquirir si en un máximo de treinta años
nadie documenta que es otro el propietario. Eso ha sido y sigue siendo posible, siempre que se demuestre documentalmente la posesión.
Sin embargo, una reforma de la Ley Hipotecaria en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, permitió que hasta 2015 las instituciones eclesiásticas pudieran autocertificarse esa posesión,
lo que dio lugar a una inaudita actividad registral por parte de la
iglesia, que anotó a su nombre en ese periodo miles de fincas urbanas y
rústicas de todo tipo.
Aunque la cosa había comenzado antes. En los años 80 y 90, los registradores comenzaron a aceptar esos autocertificados como prueba
suficiente pese a que la legislación vigente, datada en 1946, prohibía
expresamente inmatricular edificios dedicados al culto. Eso dio lugar a
una primera oleada de inscripciones que incluyó monumentos emblemáticos
en muchas ciudades.
El Gobierno central, que se ha decidido a revisar esa frenética actividad inmobiliaria de la iglesia, se muestra decidido a recuperar para el dominio público los edificios que formaron parte de él, muchos de ellos declarados como “pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional” desde 1931, caso de las catedrales de Zaragoza, Málaga o Palma.
Los trabajos de las entidades agrupadas
en la coordinadora Recuperando, que este fin de semana celebra en
Zaragoza su asamblea anual, han permitido sacar a la luz buena parte de
esas inmatriculaciones, entre las que destacan, por distintos motivos,
las doce siguientes:
La mezquita de Córdoba
El edificio que en el siglo VIII ordenó construir Abderramán I, primer emir independiente de Córdoba, y que no acogió ritos cristianos hasta 1238, dos años después de la toma de la ciudad por las tropas de Fernando III de Castilla, se convirtió en el emblema de la lucha contra las inmatriculaciones después de que, el 2 de marzo de 2006, el obispado de esa ciudad anotara a su nombre la posesión como “santa iglesia catedral” con una autocertificación que aseguraba que la diócesis la ha poseído “quieta y pacíficamente, sin interrupción ni contradicción, desde tiempo inmemorial a título de dueño”.
A la inmatriculación le siguió el registro de la marca “Mezquita de Córdoba”,
entre otras que contienen la denominación popular del inmueble, por
parte del cabildo en 2012. Esa operación, que afectaba a alimentos y
bebidas de todo tipo y a actividades de hostelería (entre una treinta de
productos y servicios), provocó una encendida polémica en la ciudad,
donde la palabra “mezquita” es el principal reclamo comercial. Cervezas Alhambra, del Grupo Mahou, ganó en los tribunales el derecho a seguir utilizando esa denominación en sus botellines.
La Seo de Zaragoza
La catedral mudéjar de Zaragoza, el templo donde hasta Felipe V los reyes de Aragón juraban los Fueros antes de ser coronados y que fue declarada monumento nacional en 1931, es otro de los templos emblemáticos de la lucha por la recuperación del patrimonio inmatriculado. En este caso, el arzobispado la inscribió a su nombre el 5 de abril de 1987, once años antes de la reforma de Aznar.
El acto de conciliación
previo a una demanda civil que el Ayuntamiento de la capital aragonesa interpuso el año pasado contra la archidiócesis interrumpió los plazos de la prescripción adquisitiva y puso el contador a cero, lo que da margen de maniobra a las administraciones para intentar que vuelva a integrarse formalmente en el dominio público.
San Juan de los Panetes
Otro caso emblemático, también con un templo monumental, en este caso característico por su torre inclinada y su mezcla de mudéjar y barroco, e igualmente de la ciudad de Zaragoza. En este caso, Patrimonio del Estado comunicó al arzobispado tras una investigación que “se trata de un ‘Bien de Interés Cultural con categoría de monumento’, adscrito al Ministerio de Cultura e incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. La archidiócesis respondió que el 12 de diciembre había formalizado un documento para cancelar la inscripción registral, aunque meses después este seguía sin ser tramitado. Las tres décadas de la inmatriculación se cumplen a finales de enero.
Monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Ribas de Campos (Palencia)
La inmatriculación por el obispado de Palencia de este antiguo complejo religioso en ruinas pese a encontrarse en una finca privada le costó al Estado español una condena del Tribunal de Justicia de la UE, que le obligó a indemnizar con 600.000 euros a la empresa propietaria, la Sociedad Anónima del Ucieza, por no haber respetado el derecho a la propiedad ni a un juicio justo, más otros 15.000 por daños morales. Concluyó que ese derecho de inmatriculación había sido reconocido a la iglesia católica “por la legislación interna [española] sin justificación aparente”.
Murallas de Artá, en Balears
La Audiencia de Palma devolvió a finales de junio del año pasado al Ayuntamiento de Artá la titularidad de las murallas del pueblo, que había inscrito a su nombre la parroquia de la Transformación del Señor. La sentencia deja claro que las murallas del recinto fortificado de Sant Salvador nunca pertenecieron a la iglesia. ¿Para qué las querría el cura cuando nunca antes habían tenido un uso religioso?
La Giralda de Sevilla
La torre de este minarete almohade de la antigua mezquita sobre la que se construyó la catedral de Sevilla es uno de los símbolos de la ciudad y de Andalucía. Sin embargo, su posesión lleva anotada a nombre del arzobispado, que la registró como “dependencia anexa” al templo, desde 2010, cuando dirigía la archidiócesis Juan José Asenjo, el mismo que registró la mezquita cordobesa antes de cambiar de sede.
Iglesia-fortaleza de Xàbia, en Valencia
El arzobispado de Valencia registró a su nombre este templo monumental a mediados de 2009, algo que el PSOE local calificó como la “privatización” de un bien público. La historia del edificio comienza, como la de tantas otras iglesias en el país, con la orden del señor, en este caso el rey Jaime II en 1308, para construir una torre de defensa. Posteriormente, los costes de la construcción y la fortificación eran asumidos por el ayuntamiento, con el apoyo de derramas de los vecinos.
Santuario de la virgen en Cabra (Jaén)
La junta directiva de la hermandad de este pueblo jienense que se encargaba del templo fue destituida por el obispado tras la polémica levantada al haberlo inmatriculado la diócesis a su nombre. Otras entidades religiosas como la hermandad del Gran Poder, una de las clásicas de la semana santa sevillana, lograron que la jerarquía eclesiástica revocara la anotación a su favor de capillas de su propiedad.
Plaza de Fuensanta, en Cordoba
La plaza de Fuensanta, de casi 4.500 metros cuadrados, fue inmatriculada por el obispado de Córdoba como “otras dependencias” junto con la iglesia, la casa parroquial y los jardines, lo que provocó una airada reacción de los vecinos del barrio y de amplios sectores de la sociedad cordobesa. Ocurrió en 1987, el mismo año en el que las anotaciones comenzaron a proliferar en otras ciudades del país.
Iglesia de San Juan en Zaidín (Huesca)
El obispado de Barbastro-Monzón solicitó (y logró) en 2004 la inmatriculación de la iglesia de San Juan Bautista de Zaidín alegando que “ostenta la propiedad de esta finca desde tiempo inmemorial, según consta en el libro inventario y demás documentación que obra en el archivo episcopal”. La parroquia llevaba menos de seis años integrada en la diócesis, a la que llegó en septiembre de 1998 dentro de un proceso de segregación de la de Lleida que todavía sigue generando pleitos civiles y canónicos.
Iglesia de San Francisco en Palencia
El templo fue noticia porque el juzgado de Primera Instancia número 6 de la ciudad castellana vetó hace dos años su inmatriculación a nombre de la diócesis palentina: archivó el expediente de dominio al considerar que su autocertificación no bastaba para probar la posesión, ni mucho menos la propiedad, a efectos registrales. Había dejado de estar vigente la reforma del Gobierno de José María Aznar.
Un frontón, un quiosco y un teleclub
Entre las propiedades inmatriculadas por la iglesia se encuentran algunas como un frontón en el barrio rural zaragozano de Garrapinillos, un antiguo despacho de loterías conocido como el Quiosco de San Hipólito en Córdoba o el local de un teleclub en Priego, en esa misma provincia andaluza." (Eduardo Bayona, Público, 09/11/18)
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