"(...) Según el relato del Ministerio Público, la trama habría defraudado 45
millones de euros en tres pelotazos urbanísticos desarrollados en Santa
Coloma de Gramenet (Operación Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres
(Operación Niesma) y Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de
dicha localidad. (...)
Los magistrados describen el papel trascendental llevado a cabo en
las ilícitas actuaciones urbanísticas por Luis García, conocido como
“Luigi”. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo,
según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia
política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como
“conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”.
Intervino en las
operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas, ideando y
liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para
seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de
negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios
urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto
para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios
que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.
Comisiones ilícitas
Los jueces concluyen que el exsecretario de la Presidencia de
la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el
exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las
operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios
de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios
particulares.
Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los
contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios
y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre
determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con el
mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos
del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió
recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica
comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.
La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se
sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas
cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios ‘off
shore’ para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad
delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones
como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública,
“desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una
apariencia lícita”.
Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de
forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus
esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc
Mahan.
García resulta absuelto del blanqueo por cuanto el entramado
societario utilizado fue el mismo que se empleó para cometer los delitos
de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por los que ocultó
que era él quien se encontraba detrás de las ilícitas operaciones
llevadas a cabo en los tres ayuntamientos.
“Burlaron los principios rectores”
Por otro lado, el tribunal recuerda que los condenados han
ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente
trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los
principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una
Administración Pública en una materia especialmente trascendente y
delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que
existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos
que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación
reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un
favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”." (Carlota Guindal, La Vanguardia, 02/07/18)
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