"Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana
que él mismo presidió para ocultar presuntamente un imperio
inmobiliario financiado con comisiones ilegales. Gran parte de los
esfuerzos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
en la llamada operación Erial se ha dirigido a identificar esas
propiedades, que hasta ahora figuraban a nombre de mercantiles y
terceras personas, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que supervisa las pesquisas.
Según fuentes próximas al caso, para aflorar el patrimonio oculto del exdirigente del Partido Popular, los investigadores siguieron el hilo que lo unía con un amigo de la infancia al que había promocionado reiteradamente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens,
que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la
ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló
este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.
Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad.
Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.
Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto ahora que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido hasta una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10 millones de euros que tenía escondidos en Uruguay y otros países del entorno. Se trata de un patrimonio paralelo al oficial del matrimonio del exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada.
No obstante, la compra el pasado marzo de un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin hipotecas también despertó las sospechas de los investigadores. Tal como reveló El Confidencial, este inmueble puede tener un valor de dos millones de euros en el mercado.
Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes.
En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Vila Joyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.
Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.
En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino.
En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer.
De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.
En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.
La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales." (José María Olmo, El Confidencial, 23/05/18)
Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad.
Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.
Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto ahora que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido hasta una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10 millones de euros que tenía escondidos en Uruguay y otros países del entorno. Se trata de un patrimonio paralelo al oficial del matrimonio del exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada.
No obstante, la compra el pasado marzo de un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin hipotecas también despertó las sospechas de los investigadores. Tal como reveló El Confidencial, este inmueble puede tener un valor de dos millones de euros en el mercado.
Un patrimonio de 7,4 millones
La sociedad más antigua de esa red de todas las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes.
En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Vila Joyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.
Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.
En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino.
El abogado uruguayo
Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de estructuras 'offshore'. Su nombre aparece en la investigación de los papeles de Panamá. La UCO ya se había topado con este letrado en el caso Lezo.En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer.
De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.
En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.
La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales." (José María Olmo, El Confidencial, 23/05/18)
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