"El principio del fin de un reinado.
El caso hundió la imagen de la Familia Real y abrió una crisis que solo cerraría la abdicación de Juan Carlos I.
La justicia es igual para todos”.
Las palabras de Juan Carlos I, en su discurso de Nochebuena de 2011, no
dejaban lugar a dudas; el jefe del Estado no iba a mover un dedo para
tratar de proteger a su hija menor y a su yerno de sus problemas con la
justicia. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ya había anticipado el veredicto de La Zarzuela al tachar la conducta del duque de Palma de “poco ejemplar”.
Solo
mes y medio antes, el 7 de noviembre, una comisión policial encabezada
por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, había irrumpido en la sede barcelonesa del Instituto Nóos, una fundación teóricamente sin ánimo de lucro de la que fue administrador Iñaki Urdangarin y en cuya junta directiva se sentó su esposa, la infanta Cristina de Borbón.
El registro lo había ordenado el juez José Castro,
dentro de una pieza separada y secreta del caso Palma Arena, un hilo en
la maraña de corrupción tejida por el Gobierno balear del exministro
del PP Jaume Matas.
El escándalo no pilló por sorpresa a don Juan Carlos. Alarmado por
los rumores sobre las andanzas de su yerno, el Rey ordenó en marzo de
2006 a Urdangarin que pusiera fin a sus negocios con las
administraciones públicas. Un asesor de La Zarzuela, José Manuel Romero,
hizo de emisario ante el abogado de los duques de Palma, Raimon Bergós,
para instarles a liquidar su maraña de sociedades.
Urdangarin se resistió. “No entendía por qué no podía tener
actividades representativas en una fundación”, según su letrado.
Formalmente, acató la orden y en junio de 2006 se dio de baja en Nóos.
En realidad, siguió actuando a través de su socio, Diego Torres. Solo en
2009, cuando el Rey le consiguió un empleo en Telefónica y el matrimonio se mudó a Washington se desvinculó del todo.
Con su discurso de Nochebuena, don Juan Carlos intentó evitar que la
monarquía resultara salpicada por el escándalo. Empeño inútil. En 2011,
el sondeo del CIS reflejaba el primer suspenso a la institución (4,89)
en 36 años. En 2013, tras la primera imputación de la infanta Cristina,
bajaba al 3,68.
Lejos quedaban los tiempos en que era la institución
más valorada por los españoles (un 7,48 en 1995). “Somos muy conscientes
del deterioro de la imagen pública de la Corona en los últimos años”,
reconocían en la Casa del Rey.
Resignado a que la maquinaria judicial siguiera su curso y consciente de que el caso Nóos
perseguiría a su yerno y a su hija durante años, la única estrategia
posible era romper amarras con ambos. El distanciamiento se inició de
inmediato. El último acto oficial de Urdangarin fue la Fiesta Nacional
de 2011. Por primera vez en 14 años, la infanta Cristina y su marido no
cenaron en La Zarzuela esa Nochebuena.
En enero de 2012, el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa
transmitió un mensaje a la infanta Cristina de parte de su padre: o se
divorciaba o renunciaba a sus derechos dinásticos. No hizo ni una cosa
ni otra.
En la Fiesta Nacional de 2012, Zarzuela aplicó un nuevo protocolo:
las hijas del Rey ya no estarían en la tribuna principal, sino en la de
invitados, y tampoco en la línea de saludo del Palacio Real. La Familia
Real fue drásticamente recortada y reducida a un núcleo formado por los
Reyes, los Príncipes de Asturias y sus hijas. Las infantas quedaban
fuera. Doña Cristina no estaba ni se le esperaba. Doña Elena fue la víctima colateral.
El cordón sanitario en torno a los exduques de Palma tuvo fisuras. La
reina Sofía no se escondió cuando viajó a Washington o Ginebra para
verles. Cristina visitó en el hospital a su padre convaleciente de
alguna de sus operaciones y también asistió a alguna ceremonia familiar,
como funerales, pero nunca a actos oficiales
Al final, solo la sucesión al frente de la Corona, en junio de 2014, permitió soltar definitivamente amarras. El caso Nóos no fue la causa de la abdicación de Juan Carlos I, pero sí abrió una crisis en la institución que culminaría con la renuncia de su titular.
La decisión más dolorosa de Felipe VI
La decisión más dolorosa de Felipe VI
En junio de 2015 Felipe VI tomó la decisión más dolorosa de su primer año de reinado: despojar a su hermana Cristina y a su esposo del Ducado de Palma,
que le había otorgado Juan Carlos I con motivo de su boda, en 1997. La
decisión de retirar el título al matrimonio Urdangarin (una forma de
declarar que no es digno de ostentarlo) la adoptó después de tres años
de presión para que renunciara a sus derechos dinásticos al trono de
España, tanto por ella como por sus descendientes; algo que, a
diferencia del título, nadie le puede quitar si ella no lo acepta
voluntariamente.
Pero Felipe VI no solo quiso levantar un cortafuegos con el caso Nóos distanciándose de su hermana menor y de su cuñado sino, sobre todo, imponiendo en La Zarzuela un código de conducta ejemplarizante alejando de cualquier sombra de corrupción. Una de las primeras medidas que anunció al llegar al trono, ya en julio de 2014, fue prohibir a los miembros de la Familia Real —los Reyes, sus padres y sus dos hijas— trabajar para empresas privadas, como hacían las infantas Cristina y Elena.
También les prohibió aceptar “regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones que tengan atribuidas”. Además, Felipe VI ordenó que las cuentas de la Casa del Rey (7,8 millones de euros en 2017) se sometieran a una auditoría externa, por parte de la Intervención General del Estado.
La Zarzuela publicó por primera vez información detallada de sus cuentas en diciembre de 2011, cuando estalló el caso Urdangarin. Y es que la Familia Real no solo tiene que ser honrada. También debe parecerlo." (Miguel González, El País, 13/06/18)
Pero Felipe VI no solo quiso levantar un cortafuegos con el caso Nóos distanciándose de su hermana menor y de su cuñado sino, sobre todo, imponiendo en La Zarzuela un código de conducta ejemplarizante alejando de cualquier sombra de corrupción. Una de las primeras medidas que anunció al llegar al trono, ya en julio de 2014, fue prohibir a los miembros de la Familia Real —los Reyes, sus padres y sus dos hijas— trabajar para empresas privadas, como hacían las infantas Cristina y Elena.
También les prohibió aceptar “regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones que tengan atribuidas”. Además, Felipe VI ordenó que las cuentas de la Casa del Rey (7,8 millones de euros en 2017) se sometieran a una auditoría externa, por parte de la Intervención General del Estado.
La Zarzuela publicó por primera vez información detallada de sus cuentas en diciembre de 2011, cuando estalló el caso Urdangarin. Y es que la Familia Real no solo tiene que ser honrada. También debe parecerlo." (Miguel González, El País, 13/06/18)
"El duque que se dedicaba a lo que se dedicaba.
“Yo me dedicaba a lo que me dedicaba”, respondió Iñaki Urdangarin en
el juicio, aturdido, demacrado, con voz quebrada y un mechón blanco en
el pelo, como la marca de una desgracia. Era un hombre caído desde lo
más alto y aún no se lo explicaba. El fiscal le había preguntado cuál
era su trabajo en el instituto Nóos,
y de sus respuestas emergía la vaga sensación de que no estaba muy
claro, o no era nada en absoluto, más que aparecer en congresos y
reuniones y que bastara su sola presencia. Ser quien era. A cambio
entraba dinero.
Este burdo uso del título aristocrático, del pedigrí real, era la piedra angular sobre la que descansaba el instituto Nóos. Urdangarin cobraba 15.000 euros al mes de Motorpress Ibérica SL por “analizar tendencias en el mundo del motor”. Hacía informes para un ente llamado Confederación Andina de Fomento. El caso puso la guinda real, en lo más alto, a una época obscena en España con el deporte como negocio, los congresos como tinglado, la élite como saqueo.
Esa desenvoltura de Urdangarin, ese moverse por la vida con la vida resuelta, que le llovieran miles de euros como si fueran con el cargo, fue lo más destructivo entonces para la imagen de la Familia Real. Más aún porque el escándalo estalló en noviembre de 2011, en lo más profundo de la crisis.
Pero fue aún peor el juicio, en 2016, porque Urdangarin y la infanta Cristina, tras cortar la comunicación con la Casa del Rey y sentirse abandonados, siguieron una estrategia exculpatoria que arrastraba a la institución. Su defensa era, más o menos: en Zarzuela lo sabían todo.
Por tanto, concluían, no había nada malo o ni se les ocurrió, que no se sabe qué es peor. Sensación de impunidad, se llama. Urdangarin la convirtió en el juicio en desvalimiento e ingenuidad, como si nunca hubiera previsto en el guion rendir cuentas a nadie. La sentencia de ayer, tras un reguero de destrozos en los mecanismos del sistema, corrige esa percepción.
Lo asombroso de los exduques de Palma es cómo llevaron hasta el final, hasta la catástrofe, su idea de que aquello era normal. “Estoy plenamente convencida de su inocencia”, declaró la Infanta en el juicio sobre su marido. Una de las preguntas que deja el proceso es en qué momento les desengañaron y por qué se han sentido engañados, pues arrojaban la sospecha de que siempre se había funcionado así.
El primer toque de atención de la entonces Casa Real habría sido ya en 2005, tras uno de los primeros eventos de Nóos, el Illes Balears Forum. Un asesor de Zarzuela, José Manuel Romero, conde de Fontao, se reunió con Urdangarin y le aconsejó acabar con eso.
En 2012, ultimátum radical: o se separaban o ella, sexta en la línea dinástica, renunciaba a sus derechos de sucesión. Según fuentes de Zarzuela, Cristina montó en cólera: “¡Yo nací Infanta y moriré Infanta!”. A partir de entonces se quedaron solos, y es la triste imagen que dieron en el juicio, como dos apestados de la nobleza arrojados entre la plebe.
Menos mal que para entonces se había producido un corte con el pasado, a diferencia de lo ocurrido a otros, y era él quien presidía la sala, y no Juan Carlos I. El rey emérito, su época, cómo fue posible aquello, por qué se toleró, flotaba en el juicio. Fue con aquellas escenas, esos interrogatorios, cuando se rompió algo en la relación de los españoles con la Monarquía, algo en España dejó de ser como era.
En su declaración, Diego Torres recordaba que tenía más de 300 correos y documentos de la Casa Real, igual que en su libro contaba que él y Urdangarin compraron el anillo de pedida de Felipe VI a su esposa en una joyería de Barcelona. En el juicio habló en algún momento de “la señora Corinna” como de pasada. Cada vez que Torres o algún testigo bordeaba el núcleo del asunto, lo sobreentendido, aquello en lo que estaba pensando toda España, la tensión en la sala se disparaba, como si se estuviera a punto de hacer historia.
Como cuando le preguntaron a Torres si Juan Carlos I estaba al corriente de lo que pasaba en Nóos. El habilidoso profesor cayó presa del pánico: “¡No voy a entrar en esos juegos!”. Fue entonces cuando la presidenta del tribunal aclaró que aquello no era un juego y dijo, sin que nadie se lo preguntara: “¡El tribunal va a blindar su independencia!”. Las tres juezas vivieron la vista como si allí estuviera en juego, bajo examen, la justicia española, y realmente así fue." (Íñigo Domínguez, El País, 12/06/18)
Este burdo uso del título aristocrático, del pedigrí real, era la piedra angular sobre la que descansaba el instituto Nóos. Urdangarin cobraba 15.000 euros al mes de Motorpress Ibérica SL por “analizar tendencias en el mundo del motor”. Hacía informes para un ente llamado Confederación Andina de Fomento. El caso puso la guinda real, en lo más alto, a una época obscena en España con el deporte como negocio, los congresos como tinglado, la élite como saqueo.
Esa desenvoltura de Urdangarin, ese moverse por la vida con la vida resuelta, que le llovieran miles de euros como si fueran con el cargo, fue lo más destructivo entonces para la imagen de la Familia Real. Más aún porque el escándalo estalló en noviembre de 2011, en lo más profundo de la crisis.
Pero fue aún peor el juicio, en 2016, porque Urdangarin y la infanta Cristina, tras cortar la comunicación con la Casa del Rey y sentirse abandonados, siguieron una estrategia exculpatoria que arrastraba a la institución. Su defensa era, más o menos: en Zarzuela lo sabían todo.
Por tanto, concluían, no había nada malo o ni se les ocurrió, que no se sabe qué es peor. Sensación de impunidad, se llama. Urdangarin la convirtió en el juicio en desvalimiento e ingenuidad, como si nunca hubiera previsto en el guion rendir cuentas a nadie. La sentencia de ayer, tras un reguero de destrozos en los mecanismos del sistema, corrige esa percepción.
Lo asombroso de los exduques de Palma es cómo llevaron hasta el final, hasta la catástrofe, su idea de que aquello era normal. “Estoy plenamente convencida de su inocencia”, declaró la Infanta en el juicio sobre su marido. Una de las preguntas que deja el proceso es en qué momento les desengañaron y por qué se han sentido engañados, pues arrojaban la sospecha de que siempre se había funcionado así.
El primer toque de atención de la entonces Casa Real habría sido ya en 2005, tras uno de los primeros eventos de Nóos, el Illes Balears Forum. Un asesor de Zarzuela, José Manuel Romero, conde de Fontao, se reunió con Urdangarin y le aconsejó acabar con eso.
En 2012, ultimátum radical: o se separaban o ella, sexta en la línea dinástica, renunciaba a sus derechos de sucesión. Según fuentes de Zarzuela, Cristina montó en cólera: “¡Yo nací Infanta y moriré Infanta!”. A partir de entonces se quedaron solos, y es la triste imagen que dieron en el juicio, como dos apestados de la nobleza arrojados entre la plebe.
Expuesta durante horas
En un austero edificio de un polígono industrial de Palma, era insólita aquella silla azul reservada con un papelito que parecía una equivocación: “Cristina de Borbón y Grecia”. Los periodistas tenían delante a la Infanta, a dos metros, obligada, expuesta durante horas a su mirada. Felipe VI estaba en el juicio, pero en fotografía. En un cuadro delante de su hermana y su cuñado, sobre el tribunal, vestido con una toga y el gran collar de la Justicia.Menos mal que para entonces se había producido un corte con el pasado, a diferencia de lo ocurrido a otros, y era él quien presidía la sala, y no Juan Carlos I. El rey emérito, su época, cómo fue posible aquello, por qué se toleró, flotaba en el juicio. Fue con aquellas escenas, esos interrogatorios, cuando se rompió algo en la relación de los españoles con la Monarquía, algo en España dejó de ser como era.
En su declaración, Diego Torres recordaba que tenía más de 300 correos y documentos de la Casa Real, igual que en su libro contaba que él y Urdangarin compraron el anillo de pedida de Felipe VI a su esposa en una joyería de Barcelona. En el juicio habló en algún momento de “la señora Corinna” como de pasada. Cada vez que Torres o algún testigo bordeaba el núcleo del asunto, lo sobreentendido, aquello en lo que estaba pensando toda España, la tensión en la sala se disparaba, como si se estuviera a punto de hacer historia.
Como cuando le preguntaron a Torres si Juan Carlos I estaba al corriente de lo que pasaba en Nóos. El habilidoso profesor cayó presa del pánico: “¡No voy a entrar en esos juegos!”. Fue entonces cuando la presidenta del tribunal aclaró que aquello no era un juego y dijo, sin que nadie se lo preguntara: “¡El tribunal va a blindar su independencia!”. Las tres juezas vivieron la vista como si allí estuviera en juego, bajo examen, la justicia española, y realmente así fue." (Íñigo Domínguez, El País, 12/06/18)
" Supremo situó este martes a Iñaki Urdangarin a un paso de la cárcel.
El alto tribunal rebajó en cinco meses la condena impuesta por la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina,
pero le impuso una pena de cinco años y diez meses de prisión que,
salvo que se adopte una medida excepcional, aboca a la cárcel al marido
de la infanta y a su exsocio Diego Torres,
condenado a cinco años y ocho meses.
La Audiencia de Palma ha citado a
ambos mañana miércoles para entregarles el mandamiento de prisión. El
tribunal podría instar a su ingreso inmediato o darles unos días de
plazo. El Supremo considera probado que Urdangarin cometió delitos de
malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos
fiscales y tráfico de influencias.
El alto tribunal mantiene la
responsabilidad de partícipe a título lucrativo de la infanta Cristina
por delitos de malversación y fraude a la Administración, pero no por el
delito fiscal.
Iñaki Urdangarin se
sentó en enero de 2016 en el banquillo, acusado de delitos por los que
la fiscalía pedía para él una condena de 19 años y medio de prisión. La
Audiencia Provincial de Palma exoneró al cuñado del Rey de parte de los
delitos que se le atribuían y le condenó a seis años y tres meses,
una pena que el Supremo ha rebajado ahora a cinco años y ocho meses al
absolverle del delito de falsedad en documento público.
La condena, pese
a ser muy inferior a la petición inicial del ministerio público,
implicará el ingreso en prisión del marido de la Infanta, salvo que se
concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o
por que el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado
derechos fundamentales de Urdangarin.
De momento, el Supremo ya envió este martes el fallo a la Audiencia Provincial de Palma para que ejecute la sentencia y el tribunal balear ha citado este miércoles por la mañana al exduque de Palma,
a su exsocio y al expresidente balear Jaume Matas para entregarles el
mandamiento de prisión. El tribunal balear puede enviarles a la cárcel
de forma inmediata o concederles unos días de plazo, la opción por la
que se suele decantar la Audiencia en casos similares.
El Supremo se ha tomado tres meses para deliberar sobre los recursos
presentados por la fiscalía, Urdangarin, Torres, Matas y otros
condenados por el desvío de fondos públicos del Gobierno balear al Instituto Nóos,
presidido por el marido de Cristina de Borbón y gestionado por su
exsocio, al que conoció en la escuela de negocios ESADE.
La sentencia,
adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala (Manuel
Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y
Antonio del Moral, que ha ejercido como ponente), deja al marido de la
Infanta como el condenado con la pena más alta, ya que su exsocio, a
quien la Audiencia impuso ocho años y medio de cárcel, ha visto rebajada
la pena a cinco años y ocho meses al quedar absuelto del delito de
blanqueo de capitales.
Los magistrados consideran probado que el cuñado del Rey se valió de
su “situación de privilegio” como “consecuencia de su matrimonio con una
hija de quien era entonces jefe del Estado” para obtener en 2005 y 2006
contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear.
Esta situación privilegiada fue determinante además, según el Supremo,
para que esta contratación se llevase a cabo “orillando toda
concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una
tramitación ajustada a la legalidad”.
“Es de destacar que el logro del
influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se
limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión
de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y
proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi
unilateralmente por el recurrente y su socio”, concluye el alto
tribunal.
El tribunal acusa a Urdangarin
de ejercer una “eficaz presión” a la que sucumbieron José Luis
Ballester (amigo del marido de la Infanta y exdirector general de
Deportes de Baleares) y Jaume Matas, de quien los magistrados destacan
su “voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las
propuestas” del marido de la Infanta y el que entonces era su socio.
El
expresidente regional, condenado a tres años de prisión, aceptó la
tarifa y las condiciones de los dos principales acusados “sin reparar en
obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas”.
La sentencia solo anula a Urdangarin y Torres la condena por el delito de falsedad
por el que les condenó la Audiencia en combinación con delitos de
malversación de fondos públicos y prevaricación. Los magistrados no
consideran probada la intervención de ninguno de los dos en la
documentación falsa elaborada por los funcionarios para justificar los
contratos.
Esta decisión del tribunal es la que implica la rebaja en
cinco meses en la pena impuesta a Urdangarin, ya que el Supremo ha
aplicado además la atenuante de reparación del daño que observó la
Audiencia de Palma al haber consignado antes del juicio fondos
suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e
indemnizaciones que se le habían atribuido.
Respecto a la infanta Cristina, la Sala mantiene su responsabilidad
como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación de
caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su
marido, lo que asciende a 136.950 euros.
Sin embargo, el alto tribunal
anula la indemnización de 128.138 euros impuesta a la hermana del Rey
como partícipe a título lucrativo del delito contra la Hacienda Pública
por el que la Audiencia de Palma sí la condenó. La consecuencia de esta
decisión es que Urdangarin deberá asumir en su totalidad el pago de lo
defraudado por los delitos fiscales. Ambos habían consignado ya una
fianza ante la Audiencia de Palma, a la que ahora le corresponde hacer
la liquidación con la condena firme impuesta por el Supremo.
La Infanta no había recurrido la sentencia de la Audiencia de Palma,
pero se ha beneficiado del recurso presentado por la esposa de Diego
Torres, Ana María Tejeiro, a la que el tribunal ha dado en parte la
razón." (Reyes Rincón, El País, 12/06/18)
Las penas:
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